El fiscal rechaza excarcelar a Rosell porque podría fugarse a varios países

• El expresidente del Barça fue detenido el pasado mes de mayo por blanqueo
• La Fiscalía cree que "no tiene un especial arraigo" en España
• Rosell alegó que no había riesgo de fuga porque le conocen "en cualquier parte del planeta"

Sandro Rosell, en una imagen de archivo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la excarcelación del expresidente del Barcelona Sandro Rosell, detenido el pasado mayo por blanqueo, ya que se enfrenta a penas graves que comportarían entre 6 y 9 años de prisión y ello hace "difícil" descartar el riesgo de fuga.

En un escrito, los fiscales Vicente González Mota y María Antonia Sanz se oponen a la petición de la defensa de Rosell de salir de prisión y consideran que Rosell fue precisamente quien ideó la mecánica de blanqueo de casi 15 millones de euros provenientes de la venta de derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la selección brasileña.

Rosell alegó en su petición de excarcelación que no existe riesgo de fuga, ya que es una persona conocida "en cualquier parte del planeta" por su antiguo papel en el club azulgrana, un argumento que desechan los fiscales afirmando que el que sea "una persona conocida a nivel planetario no es una variable que pueda tener trascendencia a la hora de valorar sus posibilidades de fuga".

Indican que Rosell realiza el "grueso" de su actividad laboral en el extranjero, por lo que "no tiene un especial arraigo" en España, y además de viajar fuera de forma habitual, "dispone de parte de sus bienes fuera de España donde además tiene sus negocios, de modo que podría establecerse en un buen número de otros países".

"Sus actividades -afirman los fiscales- en Asia, África, China, Senegal y Qatar, la disposición de cuentas bancarias en el extranjero, la utilización de sociedades con formas jurídicas opacas ubicadas en territorios 'off shore',  son todas circunstancias que acreditan un riesgo objetivo y cierto que solo la medida de aseguramiento personal adoptada (la cárcel) puede conjurar".

En este sentido, recuerdan que dentro del sumario del caso figura una conversación telefónica con Teixeira, a quien la justicia española no ha conseguido localizar, en la que éste último le consulta "qué lugares del mundo podrían resultar más seguros a la hora de evitar problemas derivados de las investigaciones en curso seguidas contra él en diferentes países".

Riesgo de que Rosell destruya pruebas

También existe, según los fiscales, el riesgo de que Rosell destruya pruebas, dado que la investigación se refiere a una operativa que afecta a varios países y la justicia española aún no ha recopilado información de parte de esos territorios.

Otra de las razones que llevan a los fiscales a descartar la salida de prisión de Rosell es la posibilidad de que vuelva a delinquir, en vista de las declaraciones que prestaron ante el juez los investigados, en las que otorgan una total "normalidad" a su manera de proceder.

En este sentido, recuerda que Rosell ya está acusado en otro procedimiento por el fichaje de Neymar (en el que se enfrenta a una petición de 5 años de cárcel), lo que apuntala aún más las posibilidades de fuga para evadir la acción de la justicia.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a Rosell a la cárcel por haberse quedado presuntamente con 6,5 millones de euros, que luego blanqueó en Andorra, de la venta de derechos de los amistosos de la selección brasileña.

El montante total desviado por esos partidos, que se pagó a una empresa vinculada a una sociedad árabe de Islas Caimán del billonario saudí Saleh Kamel, habrían sido casi 15 millones de euros, que se habrían canalizado a través de empresas de Rosell, quien luego repartió 8,3 millones a Teixeira.

Rosell, junto con el resto de investigados, formaba parte de una organización criminal con ámbito transnacional que "se dedicó a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas", según sostiene la jueza.

La petición del expresidente azulgrana contra su prisión lo deberá resolver ahora la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, puesto que se trata de un recurso de apelación y no de reforma ante la jueza Lamela.