El presidente de la UD Las Palmas queda en libertad, imputado por fraude en sus empresas

• Miguel Ángel Ramírez fue detenido en Gran Canaria tras un viaje a EE.UU
• Está imputado por un delito contra la Seguridad Social a través de sus empresas
• Tras quedar libre, deberá comunicar cualquier cambio de domicilio o teléfono

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en una imagen de acrhivo.

El Juzgado de Instrucción Número 6 de la capital grancanaria ha dejado en libertad al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez,  con la única obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio o teléfono, ya que sigue imputado por un delito contra la Seguridad Social.

La decisión se ha adoptado después de que Ramírez compareciera en dicho juzgado, al que fue conducido al poco tiempo de que regresara de Miami en un avión privado a la isla, donde fue detenido por la Policía Nacional nada más aterrizar porque tenía pendiente desde el jueves pasdo una orden de busca y captura .

Ésta fue dictada por no haberse presentado a declarar como imputado en una querella interpuesta contra él por la Fiscalía por un delito contra la Seguridad Social, en unos hechos relacionados con la política salarial de Seguridad Integral Canaria, sociedad de la que es accionista de referencia.

Ramírez declaró a la prensa que no compareció porque se encontraba trabajando en Estados Unidos; aunque según la orden de búsqueda y captura conocía la citación desde antes de viajar a ese país e incluso de adquirir los billetes.

Tras su detención este miércoles por la mañana, y pasar a disposición del juez que lo ha reclamado y que investiga si Ramírez ha eludido el pago de las cotizaciones que debería haber abonado a la Seguridad Social si los trabajadores de Seguridad Integral Canarias hubieran tenido los sueldos estipulados en el convenio colectivo nacional del sector y no uno particular de empresa, con salarios muy inferiores.

Ramírez está imputado por un delito similar en otro juzgado de la isla. Aquel fraude se estima en 14 millones y el de este procedimiento en 2,5 millones, según la Fiscalía.

Mediante estas prácticas, Seguridad Integral Canarias, de la que es el máximo accionista, concursaba a precios más bajas que sus competidoras y se hizo con la subcontatación de ese servicio en numerosas administraciones en España.

Las empresas de ese grupo acumulan además diversas denuncias de sus trabajadores por vulneración de sus derechos.

Se da la circunstancia de que la UD Las Palmas acaba de descender a la Segunda división del fútbol español.