La Fiscalía pide seis años de cárcel para el presidente del Villarreal por un presunto fraude fiscal

• Se le atribuye, junto a otras once personas, un delito contra la Hacienda Pública entre los años 2004 y 2005
• Los acusados habrían cometido falsedad en documento mercantil en relación a unas obras en el estadio

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig.

La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión para el presidente del Villarreal CF Fernando Roig por un fraude fiscal en la realización de unas obras en el estadio entre los años 2004 y 2005, calculado en 525.440 euros. El procedimiento está concluido a la espera de que se fije la fecha de juicio, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

En el procedimiento del Villarreal hay 12 acusados, entre ellos Roig y otros dos consejeros de la Sociedad Anónima Deportiva Villarreal CF --Manuel Llorca y Miguel Pérez--, y tras la calificación fiscal y los escritos de defensa, las partes están citadas próximamente para cuadrar agendas --después de que se dictara auto de apertura de juicio en febrero del pasado año-- y fijar la fecha de inicio de la vista, que se celebrará ante un Juzgado de lo Penal en la Ciudad de la Justicia de Castelló.

A Roig, los dos consejeros y otros tres empresarios, el ministerio público les atribuye dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con falsedad en documento mercantil en los años 2004 y 2005 y les reclama una pena de seis años de prisión, así como el pago de una multa 1.050.000 euros y la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de tiempo, según la calificación fiscal a la que ha tenido acceso Europa Press.

A los otros seis acusados en el procedimiento les solicita tres años de prisión y el pago de una multa de 525.000 euros como cooperadores necesarios.

Los hechos se remontan a 2004 y 2005, cuando se proyectó la realización de obras que consistían en la construcción de una nueva grada y elevación de una nueva planta en la Ciudad Deportiva del Villarreal CF y de reforma del Estado El Madrigal de Villarreal.

Para ejecutar estos trabajos, se contrató directamente a una mercantil, que a su vez subcontrató diferentes obras a una serie de empresas y también personas físicas sujetas a tributación mediante un régimen de estimación objetiva por módulos de IRPF y simplificada de IVA.

En ese transcurso de tiempo, la Sociedad Anónima Deportiva Villarreal CF, mediante las decisiones adoptadas por Roig y otros dos consejeros, con la finalidad de eludir el pago del IVA y en connivencia con todos los acusados, fue asumiendo el pago de las facturas que se iban emitiendo cuyo contenido material no se ajustaba a la realidad, o bien de forma parcial, o bien totalmente, deduciéndose cuotas de IVA soportado superiores a lo que debería haber efectuado, según se expone en el mismo escrito fiscal.

Los dos consejeros acusados, mediante su firma mancomunada, y con el conocimiento de Fernando Roig, fueron autorizando el abono de todas las facturas usando medios de pago de vencimiento inmediato.

Esto fue constatado por la Agencia Tributaria que ha determinado que la S.A.D. Villarreal CF, como obligado tributario y receptor de las facturas, fue descontando y deduciendo en ambos periodos impositivos mediante sus declaraciones-liquidaciones cuotas de IVA soportado que implicaron una disminución de su tributación por dicho impuesto sin llegar a ingresar dichos importes en la Hacienda Pública, evitando el pago de las cuotas impostivas.

Así, la deducción de las cuotas soportadas de este tributo supusieron una defraudación de 187.840 euros en 2004 y un importe de 337.600 euros en 2005, haciendo un total de 525.440 euros por ambos periodos fiscales.

Se da la circunstancia de que Fernando Roig está siendo también investigado por un juzgado de Castelló en una causa abierta al expresidente de la Diputación Provincial Carlos Fabra en relación a una posible ocultación de patrimonio. El empresario y presidente del grupo Pamesa está imputado por prestar a la familia del exdirigente del PP 1,4 millones de euros en el año 2013 "a fondo perdido".