De la Vega pone los cimientos

León, la ciudad que vio morir fusilado al abuelo militar de Zapatero, fue el lugar elegido para poner la primera piedra de la Ley de la Memoria Histórica. Allí, el 23 de julio de 2004, se anunció la creación de una comisión interministerial que estudiaría la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Meses después, con María Teresa Fernández De la Vega a la cabeza, se aprobó la ley en Consejo de Ministros con un objetivo muy definido: "Reparar la dignidad y restituir la memoria de aquellas personas que sufrieron cárcel, represión o muerte por defender unos valores que hoy disfrutamos como sociedad democrática".

Inmovilidad política

Tras la creación de la comisión, los meses corrieron y la normativa no pasaba de la primera piedra. Casi un año después de su puesta en marcha, varios partidos de la oposición, cansados de esperar a que el Gobierno moviera ficha, pusieron sobre la mesa sus propias proposiciones de ley. Iniciativa Per Catalunya y Esquerra Republicana presentaron sendas propuestas en las que incluían la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos -Joan Herrera calificó el monumento como "una auténtica verguenza"- o que fuera el Rey Don Juan Carlos el que pidiese un "perdón solemne" a las víctimas del franquismo.

El año de la memoria histórica

Después de años de espera y lucha, las asociaciones de víctimas franquistas esperaban como agua de mayo una ley que no terminaba de nacer. Los medios de comunicación sacaron a la luz una infinidad de historias olvidadas: víctimas que pedían que se anularan las sentencias dictadas por Franco, otros que soñaban con encontrar los restos de sus antepasados para otorgarles un descanso en paz y algunos que, simplemente, no querían compartir sus calles con símbolos de un pasado difícil de olvidar. 2006 fue el año elegido para honrar a todas esas víctimas. Y también el año en el que la llamada memoria histórica volvía a andar. El 28 de junio, el Gobierno presentó el proyecto de la futura ley, que fue criticado tanto por el PP, como por IU y ERC.

El proyecto decepciona a casi todos

El Partido Popular fue el partido más crítico. Mariano Rajoy aseguró que "ocuparse ahora de la memoria histórica genera tensiones, crea problemas y es un inmenso error". Además, el líder popular afirmó, rotundo, que "la inmensa mayoría de los españoles ni quieren revisión histórica, ni volver a hablar de Franco" y dijo que esta ley "no vale absolutamente para nada". También llegaron críticas, por diferentes razones, de otros partidos minoritarios. Gaspar Llamazares (IU) calificó el proyecto de "insuficiente" y Joan Tardá, de ERC, fue más allá y criticó al Gobierno de "deslealtad" y "cinismo". La lluvia de críticas no se ciñó a los partidos políticos y algunas asociaciones de víctimas mostraron su decepción, como la Asociación para la Memoria Histórica, que lamentó la "falta de contundencia del proyecto".

Nacimiento tardío

Tras un largo proceso de gestación y con la legislatura socialista tocando a su fin, el 31 de octubre de 2007 el Congreso aprobó la Ley de Memoria Histórica, con los votos en contra del PP y ERC. El Gobierno tuvo que dialogar mucho para conseguir el consenso necesario y el texto sufrió hasta diez modificaciones. Entre ellas, la desaparición de la comisión de notables que debía encargarse de expedir una "declaración de reparación y reconocimiento personal" a las víctimas que lo reclamasen. Ningún partido estaba de acuerdo y finalmente fue el Ministerio de Justicia el encargado de tramitarlo. Además, CiU consiguió que la retirada de símbolos franquistas no se produjera cuando hubiera "razones artístico-religiosas" (en el texto original sólo se aludía a razones artísticas). En su trámite final en el Senado, la ley fue aprobada tras ser rechazados los vetos del PP y ERC y 112 enmiendas.

Los puntos clave

La última norma importante en aprobarse de toda la legislatura se ha convertido en la primera que condena de forma expresa el franquismo. Además, su aprobación conlleva la derogación del Bando de la Guerra Civil de 28 de julio de 1936, el aumento de las prestaciones a los familiares de fallecidos en la guerra y la autorización de la "ocupación temporal de terrenos" para que las Administraciones Públicas apoyen la localización e identificación de fallecidos enterrados en fosas comunes. Y también, con esta ley, en uno de sus artículos más polémicos, se despolitiza el Valle de los Caídos. Desde la reforma es un lugar para honrar la memoria de los caídos de ambos bandos y en el que está prohibido celebrar actos de exaltación del golpe de Franco.