Tras el asesinato de Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica, los Comandos Autónomos Anticapitalistas amenazaron de muerte a todas las personas vinculadas con la compañía. Fue el caso de Juan Carlos Fernández Azpiazu, de 31 años, casado y con dos hijos. Juan Carlos era relaciones públicas de Telefónica y copropietario de un bar en San Sebastián, en el que fue tiroteado mientras hablaba con uno de sus socios. ETA le acusaba de traficar con drogas y de estar involucrado en las escuchas telefónicas ilegales.

Véase también Juan Manuel García Cordero.