Luxemburgo mantuvo acuerdos fiscales secretos con 340 multinacionales, entre ellas Ikea y Pepsi

Bruselas asegura que actuará si se prueba un incumpliento legal

Según las conclusiones de la investigación -que se ha prolongado durante medio año y en la que han participado decenas de medios de todo el mundo, incluidos El Confidencial y La Sexta-, empresas de EE.UU. y Reino Unido son las que aparecen más en los documentos sobre acuerdos fiscales, seguidas de otras de Alemania, Holanda y Suiza.

En los documentos filtrados no aparece ninguna empresa española, aunque Burberry, HSBC y Pepsi -entre otras- sí utilizaron Luxemburgo para eludir el pago de impuestos en España.

La reacción de la Comisión Europea no se ha hecho esperar y, desde Bruselas, el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, ha señalado que, "si los esquemas de ayudas de Estado de Luxemburgo no se ajustan a las normas del mercado interior, se actuará". Hay que recordar que el actual presidente de la Comisión es, precisamente, Jean-Claude Juncker, el que era ministro de Finanzas y primer ministro del Gran Ducado en el período analizado.

De hecho, la anterior Comisión Europea ya inició varias investigaciones sobre el trato fiscal facilitado por el Gran Ducado a grandes multinacionales, como Amazon o Fiat Finance and Trade. En esos procesos, Luxemburgo ha enviado a Bruselas parte de la documentación solicitada, pero ha rechazado hasta ahora remitir el grueso de la información pedida para aclarar el funcionamiento de los conocidos como tax rulings o comfort letters.

Estructuras fiscales complejas para ahorrar impuestos

Según las revelaciones del ICIJ sobre el bautizado ya como LuxLeaks, la auditora PricewaterhouseCoopers habría ayudado a las multinacionales a obtener, al menos, 548 decisiones fiscales entre 2002 y 2010 para beneficiarse de "estructuras fiscales complejas diseñadas para conseguir reducciones drásticas en los impuestos".

La documentación analizada -especifica el consorcio periodístico- no incluye acuerdos fiscales confirmados por las autoridades de Luxemburgo a través de otras fimas de auditoría.

Mediante este esquema, las multinacionales canalizaron "cientos de miles de millones de dólares" a través del Gran Ducado y se ahorraron miles de millones de dólares en impuestos, según el equipo de 80 periodistas procedentes de 26 países que ha realizado la investigación.

En esas estrategias fiscales, utilizaron Luxemburgo "en combinación con otros paraísos fiscales, como Gibraltar, Delaware e Irlanda". Esos diseños eran tan complicados que, en muchas ocasiones, PwC incluía diagramas con los traspasos entre las distintas filiales, según ICIJ, que menciona como ejemplo el acuerdo fiscal logrado por Abbott en 2009, que contemplaba 79 pasos que incluían sociedades de Chipre y Gibraltar.

Según el ICIJ, muchos de los acuerdos fiscales aprovecharon las lagunas en los sistemas internacionales que permiten a las empresas eludir impuestos tanto en Luxemburgo como en otros lugares.

En qué consisten esos acuerdos fiscales

Esos tax rulings son decisiones adoptadas ad hoc por parte de las autoridades nacionales de un país antes del pago de impuestos. No son un problema en sí, ya que se trata de cartas de intenciones para aclarar a una empresa la forma concreta en que se calcularán sus tributaciones, pero pueden incluir ayudas públicas ilegales si confieren ventajas selectivas a una empresa o grupo de empresas determinadas.

Los tax rulings se utilizan, sobre todo, para confirmar las propuestas presentadas por las propias empresas sobre las estructuras fiscales y la fijación de precios de transferencia. Estos precios se utilizan en la facturación en transacciones comerciales entre diferentes entidades de un mismo grupo, en particular para los precios fijados por los bienes vendidos o los servicios prestados entre filiales del grupo. Esto influye en el reparto del beneficio imponible (el que está sujeto a impuestos) entre las filiales de un grupo establecidas en diferentes países.

Si en el momento de aceptar el cálculo de la base de imposición propuesta por una empresa, las autoridades fiscales insisten en la necesidad de remunerar a una filial o sucursal en condiciones de mercado, la doctrina de Bruselas considera que no se produciría una ayuda pública.

En caso contrario, es posible que la empresa en cuestión se beneficie de un tratamiento más favorable del que se reservaría a otros contribuyentes en virtud de las reglas fiscales de los Estados miembros afectados, lo que sí constituiría una ayuda pública. Este punto es, precisamente, uno de los que está investigando la Comisión Europea.

PwC sugería el tratamiento fiscal deseado

El consorcio de periodistas asegura que la firma consultora redactaba los acuerdos, donde detallaba las transferencias entre filiales y especificando el tratamiento fiscal para cada una de ellas que esperaba lograr para sus clientes, sugiriendo, por ejemplo, que los dividendos se tratasen como intereses libres de impuestos.

Después, el documento se negociaba en reuniones entre los representantes de PwC y funcionarios luxemburgueses, que con frecuencia, aprobaban las propuestas de la consultora el mismo día de su presentación.

Así, el ICIJ revela que algunas firmas disfrutaron de gravámenes fiscales de tan solo 1% sobre los beneficios que llevaron a Luxemburgo y que se habían generado en otros mercados.

Oficinas sin empleados ni actividad

Además, según el ICIJ, las multinacionales implicadas apenas mantienen actividad en el pequeño país centroeuropeo -cuya población ronda el medio millón de habitantes- y sus oficinas allí suelen ser tan solo "un buzón". "Los edificios de oficinas repartidos por la ciudad están llenos de placas con nombres de filiales de empresas y poco más. Algunas [empresas] tienen oficinas y no tienen ningún empleado", añade el consorcio internacional de periodistas.

Así, el ICIJ ha comprobado que una misma dirección, el número 5 de la calle Guillaume Kroll, alberga a más de 1.600 compañías, según los documentos revelados. En otro, el número 2 de la avenida Charles de Gaulle, hay otras 1.450, mientras que en el edificio del número 46 de la avenida J.F. Kennedy se asientan al menos 1.300 compañías.

Entre los favorecidos por los acuerdos fiscales también aparece el fondo que gestiona las pensiones del sector público de Canadá. Este organismo compró en 2008 inmuebles en Berlín y el beneficio obtenido de ese patrimonio lo desvió a Luxemburgo a través de una compleja estructura de préstamos intragrupo.

Los acuerdos también se realizaron con particulares, por ejemplo, con la familia Spoelberch, la más rica de Bélgica y principal accionista de ABInbev, la mayor empresa cervecera del mundo, propietaria de Budweiser, Stella Artois, Corona y Beck's. Según los documentos consultados por ICIJ, esta familia pasó 2.000 millones de euros, primero por Irlanda y luego por Luxemburgo, reduciendo sus impuestos en cada uno de los pasos.

Luxemburgo asegura que respetó las leyes internacionales

La respuesta del Gobierno luxemburgués a las revelaciones sobre el favor fiscal a las multinacionales ha sido inmediata. Su primer ministro, Xavier Bettel, ha afirmado que las prácticas fiscales del país "respetan las reglas internacionales" y que, por tanto, no se ha hecho "nada erróneo".

"Este Gobierno está en el camino de la equidad fiscal y de la transparencia", ha resaltado Bettel, quien ha añadido: "No estoy entusiasmado por la imagen que circula de Luxemburgo".

"Tenemos que mostrar que los esfuerzos realizados por el Gobierno van por el buen camino", ha insistido Bettel en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el viceprimer ministro y ministro de Economía, Etienne Schneider, y los titulares de Finanzas, Pierre Gramegna, y de Justicia, Félix Brax.