La prensa revela que Berlusconi mantuvo durante años a una veintena de mujeres para sus fiestas
- El ex primer ministro dice en una carta que las pagó por "altruismo"
- Según los documentos, les dio más de dos millones y medio de euros
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, recientemente exculpado en un caso de prostitución de menores, afirmó en unas cartas publicadas por diversos medios que el dinero con el que mantuvo económicamente durante varios años a una veintena de mujeres que asistieron a sus fiestas era una iniciativa "altruista".
Es lo que explica en una misiva que envió a cada de una de las jóvenes en diciembre de 2013 para explicarles que sus abogados le recomendaban dejar de enviarles dinero y que han publicado este martes varios diarios italianos.
"En este punto mis abogados, bien que comprendiendo la generosidad y el altruismo de mi iniciativa, me invitan con absoluta determinación a no continuar con el apoyo económico mensual", afirma Berlusconi.
Y ello "porque se podría atribuir a mi ayuda y a su aceptación una finalidad diferente a la auténtica. Por estas razones me veo obligado a suspender desde enero cualquier aportación mía", agrega el político conservador, según la traducción de Efe.
Dos millones y medio de euros
El contenido de esta carta se conoce después de La Repubblica informara el pasado fin de semana de que Berlusconi pagó a esas mujeres que asistieron a sus conocidas fiestas cerca de dos millones y medio de euros durante más de tres años.
Según el rotativo, esa información forma parte de las investigaciones de la Fiscalía de Milán en el proceso Ruby Ter, que investiga al magnate, entre otros, por inducir a sus testigos a prestar falso testimonio en un dossier separado del caso Ruby de prostitución de menores del que fue absuelto la semana pasada.
El diario explicaba que, según la Fiscalía, los ingresos de las jóvenes procedían "de modo directo o indirecto" únicamente de Berlusconi. La carta difundida ahora viene a confirmar esas informaciones.
Pero sobre Berlusconi todavía pesa la inhabilitación política durante seis años aplicada en 2013, por lo que pretende que sea el Tribunal de Estrasburgo el que dictamine si es ilegal la retroactividad con la que se aplicó la ley que impuso aquella prohibición.
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