El juez Pedraz cierra el caso Couso por la reforma de la justicia universal
- El juez cita la sentencia del Supremo sobre el caso del Tíbet
- Lamenta en el auto que el crimen quede "impune"
- La familia culpa al Gobierno del PP
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha cerrado este martes el caso Couso en cumplimiento de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia por el caso Tíbet, que constata la falta de competencia de los tribunales españoles en este tipo de causas tras la reforma de la justicia universal.
Según señala Pedraz en el auto de archivo, la sentencia del Supremo que ordenaba el cierre del caso del Tíbet "es extensible a procedimientos con similar fundamento".
"La nueva norma dictada por el legislador español impide la persecución de cualquier crimen de guerra, salvo en el díficil supuesto de que los presuntos criminales se hayan refugiado en España", asegura en su auto el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia.
“Pese a que existen múltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de delitos (...), el delito quedaría impune“
"De esta forma, pese a que existen múltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de delitos (...), el delito quedaría impune. La decisión del legislador será discutible y podrá provocar debates en torno a tal impunidad, no sólo para el presente casos sino para otros posibles, mas no corresponde a los jueces suplir al legislador", concluye Pedraz en su auto, según las agencias españolas que han tenido acceso al mismo.
Libertad de movimientos para los acusados
De este modo, Pedraz deja sin efecto las órdenes de detención internacional contra los tres militares del Ejército de Estados Unidos a los que había procesado por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio.
Tras la resolución del Supremo, según Pedraz, "el flexo no podrá mantenerse encendido" sobre los procesados, que podrán desplazarse a otros países e incluso a España, con la seguridad de que no van a ser buscados, puesto que en los archivos policiales o de otra índole no va a constar tal búsqueda.
Los acusados son el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson.
La familia, desolada
En una primera reacción al auto en la red social Twitter, Javier Couso, eurodiputado y hermano del periodista asesinado, ha culpado al partido en el Gobierno de favorecer la impunidad.
Posteriormente, la asociación de amigos y familiares del camarógrafo ha hecho público un comunicado en el que se muestran "desolados, indignados y decididos a no tirar la toalla".
David Couso, también hermano del reportero asesinado, ha afirmado que "el Gobierno cambió la ley para proteger a los asesinos de mi hermano. Fue un cambio de Ley hecho a la carta, para favorecer a determinados criminales como los militares estadounidenses que acabaron con la vida de mi hermano".
La familia ha manifestado su intención de llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.
El pasado 12 de abril se cumplió el 12º aniversario del asesinato de José Couso en el hotel Palestina de Bagdad. El hotel sufrió el impacto de un proyectil lanzado desde un tanque estadounidense durante la invasion de Irak, pese a que las tropas invasoras sabían perfectamente que en el edificio se alojaban periodistas. En el bombardeo murio también un camarógrafo ucraniano.
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