El TSJC ve las protestas de apoyo a los imputados por el 9N un "ataque directo" a la independencia judicial
- Califica de "inadmisible" que la estrategia esté "encabezada" por cargos públicos
- Varios centenares de personas han apoyado a Irene Rigau y Joana Ortega
- Ambas han acudido arropadas por miembros del Govern, Junts pel Sí y la CUP
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha calificado las manifestaciones convocadas en apoyo a imputados por la consulta soberanista del 9N a las puertas de los juzgados como "un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial". Un cuestionamiento, ha añadido en un comunicado, que resulta "aún más inadmisible" cuando es una "estrategia favorecida, diseñada y encabezada" por representantes públicos, algunos con cargos en el Govern actualmente.
El TSJC ha reaccionado así a las protestas de varios centenares de personas que se han concentrado este lunes ante el Palacio de Justicia con motivo de las declaraciones como imputadas de la consellera de Educación, Irene Rigau (Convergència), y la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega (Unió).
Ambas han acudido arropadas por varios consejeros de la Generalitat, entre ellos, el de Presidencia, Francesc Homs, la actual vicepresidenta, Neus Munté, y el de Sanidad, Boi Ruíz; y por miembros de Junts pel Sí, como Raül Romeva, y el líder de la CUP, Antonio Baños.
Joana Ortega (3i, arriba) e Irene Rigau (6i, abajo) han acudido a declarar arropadas por miembros del Govern EFE
En un comunicado remitido a los medios, la sala de gobierno del TSJC alerta de que no puede permanecer "impasible" cuando constata que estas protestas se convocan "con el objeto de cuestionar la legitimidad de los jueces y además pretenden influir en su toma de decisiones".
El TSJC apunta a "intereses políticos"
"Cuestionar de manera interesada que la actuación de los Tribunales de Justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política", añade el comunicado.
El TSJ de Cataluña recuerda que "el deber de no injerencia" vincula especialmente "a aquellos que forman parte de los otros poderes", como el político.
El tribunal reclama "responsabilidad" a aquellos que tienen "el deber de garantizar la convivencia en paz y libertad" ya que "solo desde el respeto a los valores democráticos se puede garantizar el ejercicio y protección de los derechos fundamentales reconocidos" en la Constitución.
El comunicado admite que todas las decisiones jurisdiccionales que adopten los jueces "están sometidas al control y a la crítica pública", pero insiste en que, "como garante de la justicia, valor fundacional del Estado Constitucional", la acción de la justicia "necesita de la confianza de la sociedad, fuente, además, de su legimitidad", señala Efe.
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