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'Caso del 3%'

Detenido el tesorero de Convergència, al que la Fiscalía atribuye seis delitos por presunta corrupción

  • Anticorrupción investiga el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos
  • La Guardia Civil registra de nuevo la sede de CDC en la Operación Petrum
  • Arresta a 6 empresarios y al director de la empresa pública Infraestructures.cat
  • También ha habido registros en dos ayuntamientos y empresas constructoras
  • La Fiscalía subraya la "relevancia" de los documentos triturados en agosto

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No recomendado para menores de 7 años Detenido el tesorero de Convergència (CDC) por el presunto cobro de comisiones del 3%
Detenido el tesorero de Convergència (CDC) por el presunto cobro de comisiones del 3%

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Barcelona al tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Viloca, en el marco de la Operación Petrum, en la que se investiga a este partido por el presunto cobro de comisiones del 3% a cambio de adjudicaciones de contratos. Los agentes han arrestado también al director general de la empresa de la Generalitat infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, a seis empresarios, y a otras dos personas vinculadas a Convergència, el secretario del patronato de la Fundación Catdem y exgerente de CDC, Carles del Pozo, y una administrativa. El presidente catalán en funciones, Artur Mas, ha denunciado que tanto él como su partido son "objeto de caza mayor".

La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente al tesorero de CDC y administrador también de Catdem un total de seis delitos relacionados con la corrupción: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales, según ha informado en un comunicado.

En la operación, dirigida por un juez de El Vendrell, en Tarragona, se ha registrado la sede central de Convergència en Barcelona, el despacho del director general de infraestructures.cat, los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) -que adjudicaron las obras que están siendo investigadas-, y las sedes de varias constructoras donantes de CDC o de su fundación.

El registro de la sede de CDC, que han durado doce horas, desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche, han sido dirigidos por los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda, quienes han entrado y salido de la sede varias veces al día y han justificado en un comunicado la actuación por el "riesgo de destrucción de pruebas".

Presuntas comisiones del 3% a cambio de contratos

Los empresarios detenidos son Jordi Soler (Grupo Soler), Xavier Tauler (Copisa), Antonio García Bragado (Tec 4), José Luis Romero (Rogasa), Josep Manel Bassols (Oproler Barcelona) y Sergio Lerma (Oproler Madrid).

Xavier Tauler, exconsejero delegado de Copisa, desde hace un año solo con funciones consultivas, está imputado por la Audiencia Nacional por haber pagado presuntamente 3,2 millones de comisiones ilícitas a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente de la Generalitat.

A lo largo de este miércoles, la Guardia Civil ha registrado sus oficinas y sus domicilios en busca de documentos que acrediten la tesis de la Fiscalía de que pagaron comisiones del 3% a Convergència a cambio de adjudicaciones de obras y servicios por parte de administraciones públicas controladas por este partido, informa Efe.

En el Ayuntamiento de Olot (Girona), la Guardia Civil se ha incautado del contrato de adjudicación de la recogida de basuras, que se adjudicó por 2,4 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Igfa y Urbaser en el año 2011, cuando CiU gobernaba la población.

Del consistorio de Sant Fruitós del Bages (Barcelona), los agentes se han llevado el expediente económico relativo a la construcción de un centro cultural que se adjudicó al Grupo Soler en 2011, con CiU al frente de la alcaldía, y se pagó con fondos del programa de reactivación económica conocido como "Plan E", que puso en marcha el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Registro en CDC y su fundación en agosto

La operación de este miércoles se produce después de que en julio la Guardia Civil arrestase al consejero delegado de la empresa Teyco, Jordi Sumarroca, en relación al presunto pago de comisiones por una adjudicación en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), y de que a finales de agosto se registrara la fundación Catdem y el despacho que su administrador, Andreu Viloca, tenía en la sede de CDC.

Durante el registro del despacho de Sumarroca, la Guardia Civil encontró en la caja fuerte un documento con el logotipo de su empresa, que contiene cifras manuscritas que los investigadores sospechan que podrían corresponderse con el porcentaje del 3% que podría haber cobrado el partido en diversas concesiones de obras públicas a través de su fundación afín, CatDem.

La Guardia Civil, bajo la tutela de los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda, registró entonces el despacho de Viloca, y la vivienda del extesorero de CDC Daniel Osàcar -imputado en el caso Palau-. Los agentes se llegaron numerosa documentación, la mayor parte relacionada con la contabilidad de CatDem, que la Fiscalía requirió a CDC, y se llevaron consigo también una copia de su ordenador y varios expedientes.

Artur Mas denuncia ser objeto de una "cacería"

Como ya sucediera el pasado mes de agosto, la irrupción de los agentes en la sede de los convergentes ha irritado de nuevo al líder del partido, el presidente catalán en funciones Artur Mas, que ha afirmado ante la prensa que tanto él como CDC se sienten "objeto de caza mayor" y ha criticado la "sobreactuación" de la Fiscalía.

En rueda de prensa tras la firma del decreto de constitución del Parlament, Mas ha anunciado que está dispuesto a comparecer en los próximos días ante la Diputación Permanente de la cámara para dar explicaciones en relación con la investigación y se ha mostrado convencido de que los expedientes de adjudicación de obra pública de la Generalitat son "impecables".

A la reacción de Mas al registro de la sede de su partido ha seguido la dura réplica del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha calificado como "un insulto y una ofensa a la justicia" que se aprecie "intencionalidad política" en la operación.

Por su parte, los partidos de la oposición en Cataluña han exigido a Mas que dé explicaciones y deje de erigirse en víctima de persecuciones por parte de los poderes del Estado, e incluso Ciudadanos ha pedido una vez más su dimisión.

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