El Constitucional rechaza suspender el debate de la resolución independentista en el Parlament y admite el amparo a C's, PSC y PP
- El tribunal admite los recursos de C's, PSC y PP pero no suspende el pleno
- Argumenta que no se puede impedir un debate que no se ha producido aún
- Entiende el "riesgo", pero señala que no es el momento de tomar esa decisión
- No obstante, asegura que tiene la "última palabra" y acturá con "determinación"
- La medida cautelar había sido solicitada por Ciudadanos y el Partido Popular
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido los recursos de amparo presentados por Ciudadanos, PSC y PP contra la tramitación en el Parlament de la resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP pero ha rechazado por unanimidad la suspensión del pleno en el que se debatirá, previsiblemente el próximo lunes 9 de noviembre, ya que ello constituiría "un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido último se desconoce". No obstante, asegura que actuará con "prudencia y determinación" cuando proceda porque tiene la "última palabra".
Los once magistrados reunidos por la mañana han acordado tramitar los recursos de los tres partidos porque el asunto planteado tiene una "relevante repercusión" social y política, pero han descartado suspender el pleno como pedían C's y el Partido Popular como medida cautelar. El PSC no incluyó en su recurso esta demanda al entender que el tribunal de garantías no la aceptaría.
Según fuentes del TC citadas por Servimedia, los jueces consideran que no es procedente impedir un proceso parlamentario que aún no se ha sustanciado y que es producto de la decisión política de una Cámara elegida democráticamente. De hecho, no hay precedente alguno de suspensión cautelar de ninguna votación parlamentaria.
En dos autos, el tribunal señala que pese a ser consciente del "riesgo" de que el Pleno del Parlament apruebe una resolución acorde con la propuesta separatista anunciada "ello no debe llevar a distorsionar el momento asignado por el ordenamiento constitucional a cada institución para ejercer sus competencias".
En este momento, añade el Constitucional, "es la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar por que su actuación se desarrolle en el marco" de la Carta Magna.
El TC asegura que actuará con "determinación" cuando proceda
Los magistrados añaden que aunque la ley permitiría suspender cautelarmente la ejecución de cualquier acto que sea objeto de un recurso de amparo, hay que tener en cuenta que el Parlamento "es la sede natural del debate político" y el resultado de este debate "no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate".
Las asambleas parlamentarias, insisten, deben vigilar por el cumplimiento de la Constitución y la ley, sin perjuicio "de que la última palabra" corresponde al TC. En este sentido, apelan a la sentencia que anulaba por inconstitucional la declaración de soberanía adoptada por el Parlamento catalán del 23 de enero de 2013.
El pleno señala que "el contenido de las disposiciones, resoluciones o actos emanados del poder público, cualquiera que sea, no menoscaba la integridad de las competencias que la Constitución encomienda a este tribunal, que ejercerá cuando procesa, con prudencia y determinación".
También aclaran que, en el caso de que finalmente se resuelvan los recursos de amparo dando la razón a los partidos de la oposición, esa eventual sentencia "conllevaría la declaración de nulidad de todos aquellos actos" que hubieran lesionado los derechos de los parlamentarios.
En ese caso, el TC adoptaría "las medidas precisas para restablecer" a los parlamentarios afectados "en la integridad de sus derechos y facultades como miembros de la Cámara" y podría "remediar la desconexión" de Cataluña respecto del orden constitucional español, señala Efe.
El Constitucional ha acordado dirigirse al Parlament para que, en un plazo que no exceda de 10 días, "remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones parlamentarias correspondientes a los acuerdos impugnados" y para que pueda personarse en el procedimiento.
Los recursos presentados por Ciudadanos, PSC y PP, sobre cuyo fondo tendrá que pronunciarse el Constitucional, han sido formulados concretamente contra los acuerdos adoptados contra dos tipos de resoluciones del Parlament: los acuerdos de la Mesa para admitir a trámite la propuesta de resolución y para rechazar las peticiones de reconsideración presentadas por Ciudadanos y el PSC; y la convocatoria y celebración de una Junta de Portavoces previa al pleno sin que el PP hubiera formado aún grupo parlamentario, para lo que tiene plazo hasta el viernes.
Ciudadanos y el PP "no comparten" la decisión del Constitucional
La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que "como demócratas" respetan las decisiones judiciales pero no las comparten porque la resolución de Junts pel Sí y la CUP es "muy grave" porque representa un "llamamiento a la desobediencia". "Este tipo de resoluciones en los países democráticos de nuestro entorno no se aprobarían en un Parlamento", ha añadido la líder de C's en Cataluña
Por su parte, el presidente del Grupo Popular en el Parlamento catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado, poco antes de que se confirmara la decisión del Constitucional, que a su partido no le "gusta" que pueda permitir la celebración de un pleno para debatir la moción independentista de Junst pel Sí y la CUP, pero ha subrayado que acatarían la decisión que adoptara.
El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que era previsible que el Tribunal Constitucional (TC) no adoptara medidas cautelares y no suspendiera la tramitación de la propuesta de resolución independentista de JxSí y la CUP en el Parlament, y ha destacado que su grupo mostrará su rechazo "total" al texto cuando se debata en el pleno.
Por su parte, el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha mostrado su "respeto" a la decisión del Tribunal Constitucional y ha pedido "prudencia" porque la resolución del Parlamento de Cataluña que pretende poner en marcha la hoja de ruta soberanista "no saldrá adelante" y "no va a haber ninguna ruptura" del Estado. Rajoy se lo ha trasladado así a la Junta Directiva Nacional del PP que se ha reunido este jueves, según fuentes 'populares' consultadas por Servimedia.
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