El Grupo Tragsa empieza a ejecutar el ERE con decenas de despidos antes de fin de año
- CC.OO. denuncia que la empresa ha actuado "con nocturnidad y alevosía"
- CSI-F: "La mayoría de la gente se entera porque ven un ingreso en cuenta"
- UGT cree que la dirección demuestra "mala fe" por despedir en Navidades
- La empresa se remite al comunicado de este martes: habrá menos despidos
El Grupo Tragsa ha comenzado a ejecutar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), avalado por el Tribunal Supremo, con decenas de despidos en Tragsa, matriz del grupo. Así lo han confirmado a RTVE.es tanto fuentes sindicales como de la propia empresa pública, que avanzó este martes la aplicación del ERE.
En concreto, según fuentes sindicales, ya se habría rescindido el contrato a unas 300 personas en Tragsa. Entre ellos se encontrarían los 150 trabajadores que fueron readmitidos de forma inmediata tras anular la Audiencia Nacional el ERE, sentencia revocada posteriormente por el Supremo. Se desconoce por ahora si se han efectuado despidos en la filial Tragsatec. No se sabe tampoco el número total de despidos en todo el grupo: podrían a ascender a 1.336, si bien la empresa aseguró este martes que serían menos.
"La mayoría de la gente se está enterando porque ven un ingreso en cuenta y lo identifican como el despido. No está habiendo llamadas de superiores ni están llegando los burofax", asegura un portavoz de CSI-F, que señala a RTVE.es que, además, la "mayoría de los empleados están de vacaciones", lo que les va a dificultar -asegura- presentar una reclamación en el plazo de 15 días.
CC.OO. denuncia que la empresa ha comunicado "con nocturnidad y alevosía" los despidos, con la intención de concluirlos a lo largo del próximo mes, una medida contra la que el sindicato avisa de que seguirá movilizándose, comenzando con una huelga de 24 horas convocada para el próximo 12 de enero, cuando también se realizará una manifestación desde la sede del grupo hasta la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Madrid.
La Federación de Industria, Metal, Construcción y Afines de UGT, por su parte, cree que la dirección de Tragsa demuestra "mala fe" con su decisión de comenzar a ejecutar de forma inmediata el ERE "sin negociar" con los agentes sindicales y en plenas Navidades. La empresa no ha querido responder a los sindicatos y se ha remitido al comunicado emitido este martes.
CC.OO. culpa de la situación a la dirección y al Gobierno de Rajoy
En un comunicado, la Federación de Servicios de Comisiones Obreras critica que ha sido la "nefasta gestión, la mala fe y el comportamiento irresponsable de la empresa" lo que ha desembocado en estos despidos, y reprocha a la dirección que no haya querido negociar un plan de viabilidad y ni siquiera se haya avenido a dialogar con los representantes de los trabajadores sobre medidas alternativas a los despidos.
En este sentido, la plataforma sindical expresa su "indignación" con las acusaciones vertidas por Tragsa de que fueron los representantes de los trabajadores los que no aceptaron el plan a cinco años con medidas voluntarias y de flexibilidad laboral presentado el pasado mes de junio, y que el retraso de dos años en la aplicación de ese tipo de iniciativas para reducir el gasto de personal lo que ha provocado unas pérdidas que ahora sólo pueden resolverse ejecutando el ERE.
Por su parte, la Federación de Construcción y Servicios de CC.OO. considera que dicho plan de viabilidad no perseguía reducir los despidos sino únicamente "abaratar y precarizar las condiciones laborales" mediante el cese de trabajadores con antigüedad y la contratación de nuevos empleados con "menos derechos y salarios".
En este sentido, apunta que desde 2013 se han realizado más de 3.000 contrataciones entre Tragsa y Tragsatec, lo que "pone en evidencia lo innecesario del ERE" y revela que "el verdadero agujero" del grupo "no está en los salarios de los trabajadores y sus condiciones laborales sino en las prebendas de más de 100 directivos que duplican el salario del presidente del Gobierno".
"Tragsa y Tragsatec son el cementerio de elefantes de políticos de los diferentes gobiernos", critica Comisiones Obreras, que responsabiliza de esta situación a la actual dirección de la SEPI, al Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy y a la actual ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina.