Las 62 mayores fortunas del mundo suman igual riqueza que los 3.600 millones de personas más pobres

Lo primero: acabar con los paraísos fiscales

"Como prioridad, la organización pide que se acabe con la era de los paraísos fiscales, cada vez más utilizados por las personas ricas y las grandes empresas para evitar pagar los impuestos que les corresponden de manera justa. Como resultado, los Gobiernos se han visto desprovistos de unos recursos esenciales para abordar la pobreza y la desigualdad", resume.

Para dar una idea de la magnitud del problema de los paraísos fiscales -un tema al que Oxfam ya dedicó un largo informe en marzo de 2015, La ilusión fiscal-, la ong recuerda que en esos países "se esconden 7,6 billones de dólares de fortunas individuales, una cantidad superior al PIB del Reino Unido y Alemania juntos".

"El fundamentalismo de mercado, que es la cosmovisión predominante en la actualidad, ha legitimado intelectualmente la idea de que para estimular el crecimiento económico es necesario que las empresas y las personas más ricas estén sujetas a unos tipos impositivos bajos que, de algún modo, benefician al conjunto de la población", argumenta el informe.

En un análisis realizado sobre 200 empresas -"entre ellas las más grandes del mundo y las socias estratégicas del Foro Económico Mundial de Davos"-, Oxfam ha descubierto que 9 de cada 10 tienen presencia en paraísos fiscales. "En 2014, la inversión dirigida a paraísos fiscales fue casi cuatro veces mayor que en 2001", avisa.

"Casi un tercio (30%) de la fortuna de los africanos más ricos, un total de 500.000 millones de dólares, se encuentra en paraísos fiscales. Se estima que esto supone para los países africanos una pérdida de 14.000 millones de dólares anuales en concepto de ingresos fiscales, una cantidad que permitiría financiar la atención sanitaria que podría salvar la vida de cuatro millones de niños y niñas, y contratar a profesores suficientes para escolarizar a todos los niños y niñas africanos", señala como ejemplo de las consecuencias de la evasión y los paraísos fiscales.

Una desigualdad "fuera de control"

Como muestra del crecimiento constante de una desigualdad "que está fuera de control", Oxfam aporta numerosas cifras comparativas, como que en los últimos 15 años, "desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial sólo ha recibido el 1% del incremento total de la riqueza mundial, mientras que el 50% de esa nueva riqueza ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico".

Aunque considera "rotundamente positivos" los "enormes avances" realizados entre 1990 y 2010 para reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza extrema, Oxfam advierte de que, "si durante este período de tiempo la desigualdad dentro de los países no hubiese aumentado, otros 200 millones de personas habrían salido de la pobreza".

"Lejos de alcanzar a los sectores menos favorecidos, los más ricos están absorbiendo el crecimiento de los ingresos y la riqueza mundial

a un ritmo alarmante. Una vez en sus manos, un complejo entramado de paraísos fiscales y toda una industria de gestores de grandes patrimonios garantizan que esa riqueza no sea redistribuida, quedando fuera del alcance de la ciudadanía en su conjunto y de los Gobiernos", concluye la organización no gubernamental.

A todo esto, Oxfam añade un agravante, derivado de los estragos producidos por la explotación irracional de los recursos: "A pesar de que la mitad más pobre de la población mundial tan sólo genera alrededor del 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel mundial, son las personas más pobres quienes viven en zonas más vulnerables al cambio climático y sufren sus peores consecuencias".

Un modelo económico "que beneficia sólo al 1%"

Por todo esto, el informe concluye que, "en lugar de tener una economía que esté al servicio de la prosperidad de todas las personas, de las generaciones futuras y del planeta, se ha creado un modelo económico que beneficia sólo al 1%".

"En prácticamente todos los países más avanzados, y en la mayoría de los países en desarrollo, la participación de los trabajadores en la renta nacional se ha ido reduciendo, lo cual significa que se benefician cada vez menos del crecimiento económico", explica Oxfam, antes de añadir que, "por el contrario, los dueños del capital han visto como éste ha ido creciendo de forma constante (a través del pago de intereses, dividendos o reservas) y a un ritmo significativamente más rápido que el crecimiento de la economía".

Además, todos esos beneficios se han multiplicado mediante "la evasión y la elusión fiscal de quienes son dueños del capital, y los incentivos fiscales" que les favorecen, indica el documento.

Dentro de ese modelo económico, Oxfam insiste en que "los cambios en las políticas que se han producido en los últimos 30 años (como la desregulación, el secreto bancario y la globalización, especialmente de las actividades financieras) han reforzado la ancestral capacidad de los más ricos y poderosos para aprovecharse de su posición de poder para concentrar aún más riqueza".

Otras medidas urgentes

Por todo ello, y además de la exigencia de poner fin a los paraísos fiscales, Oxfam enumera otras medidas urgentes para frenar la desigualdad, como las de pagar a los trabajadores y trabajadoras un salario digno y reducir las brechas con las remuneraciones de los altos directivos y fomentar la igualdad económica y los derechos de las mujeres.

También propone mantener bajo control la capacidad de influencia de las élites más poderosas, por ejemplo, con registros públicos de las actividades de lobby, normas más estrictas sobre los conflictos de intereses, límites a la participación del sector empresarial en la financiación de las campañas electorales o el fin de las puertas giratorias entre las grandes empresas y los gobiernos.

Por último, insta a modificar el sistema mundial de I+D y de fijación de los precios de los medicamentos "para garantizar el acceso de todas las personas a medicamentos adecuados y asequibles"; distribuir el esfuerzo fiscal de forma justa y equitativa, y aplicar un gasto público progresivo, dando prioridad a aquellas políticas, prácticas y gastos que permitan incrementar la financiación destinada a unos servicios sanitarios y educativos públicos y gratuitos.