Prisión para el guardia civil acusado de matar a un conductor en la A-3

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arganda del Rey ha acordado este miércoles la prisión provisional comunicada y sin fianza de Angel Luis V.J., el guardia civil detenido el lunes por supuestamente haber matado a tiros a un conductor con el que habría mantenido una discusión de tráfico en la A-3, tras un accidente entre sus vehículos a la altura del municipio madrileño de Fuentidueña del Tajo.

Inicialmente, la magistrada le ha imputado un delito de homicidio, sin perjuicio de que esta calificación penal pueda variar según se practiquen las diligencias de investigación que correspondan en el marco de la instrucción, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Durante su puesta a disposición judicial, Angel Luis V., de 31 años y destinado en Quintanar de la Orden (Toledo) ha declinado declarar, ejerciendo su derecho constitucional a guardar silencio. El arrestado ha sido conducido al módulo especial que para agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está acondicionado en la cárcel de Estremera.

La víctima es un ciudadano magrebí de 39 años llamado Younes S. que residía en Illescas (Toledo) y tras certificar su muerte se trasladó el cadáver al Instituto Anatómico Forense. La autopsia practicada a la víctima ha confirmado que recibió un total de cinco disparos en el cuerpo, cuatro de ellos en una pierna y el quinto en la cabeza.

En el marco de esta investigación, la Guardia Civil ya ha tomado declaración a varios conductores que pasaron por ese punto en el momento en el que se produjo el suceso y, según han confirmado las fuentes consultadas, han confirmado el relato de hechos conocido.

El coche que conducía la víctima, un Opel Zafira, chocó en la vía con el BMW en el que viajaba el agente. Al intentar darse a la fuga el guardia civil reaccionó de forma violenta y empleó su arma hasta acabar con la vida de esta persona.

No estaba de servicio en ese momento ya que llevaba varios días de baja a causa de una lumbalgia. Los guardias civiles sólo están obligados a entregar su arma reglamentaria cuando están de baja por alguna cuestión psicológica. Tras su arresto, fue sometido al pertinente test de alcohol y drogas y dio positivo por consumo de cannabis.