La Justicia británica dicta que el Parlamento debe autorizar el 'Brexit'

El Gobierno, "decepcionado", apelará la sentencia

En su sentencia, el tribunal ha dado al Gobierno permiso para apelar y el abogado del Gobierno ha anunciado que ya se ha fijado una vista para ello entre el 5 y el 8 de diciembre. Se prevé que el Gobierno recurra este dictamen desfavorable ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, que se espera que pronuncie su fallo con la máxima urgencia, seguramente antes de finales de año.

“El Gobierno está decidido a respetar el resultado del referéndum“

"El Gobierno está decepcionado con la decisión del tribunal. El país votó a favor de abandonar la Unión Europea en un referéndum aprobado por una ley del Parlamento. El Gobierno está decidido a respetar el resultado del referéndum", ha afirmado el ministro de Comercio Internacional y abanderado del Brexit, Liam Fox, tras conocer el dictamen. "Esta sentencia plantea cuestiones de Derecho importantes y complejas. Y lo correcto es que las consideremos cuidadosamente antes de decidir cómo proceder", ha añadido.

Los letrados gubernamentales argumentaron durante el juicio, celebrado entre el 13 y el 18 de octubre, que el referéndum daba a la primera ministra legitimidad para ejecutar unilateralmente la voluntad del pueblo. También indicaron que "probablemente" podría haber una votación parlamentaria al final del proceso negociador, para ratificar el nuevo acuerdo alcanzado con la Comisión Europea.

Los partidos Laborista, Liberal Demócrata y Verde, en la oposición, se han congratulado por el veredicto, mientras que el líder en funciones del eurófobo UKIP, Nigel Farage, ha alertado de una posible "traición" de la voluntad popular. "Temo que ahora se intentará todo para bloquear o retrasar la invocación del artículo 50. Si es así, (los diputados) no tienen ni idea del grado de indignación pública que provocarán", ha manifestado en un comunicado.

Desafío legal

La ambigüedad del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece que un Estado puede dejar la UE "de acuerdo a sus propios requerimientos constitucionales", ha llevado a un desacuerdo entre los expertos legales en un país que no cuenta con una constitución escrita.

Los británicos decidieron el pasado 23 de junio romper 43 años de relaciones con la Unión Europea en un referéndum histórico. 51,9% votó a favor del Brexit frente a un 48,1%, algo más de 1,2 millones de votos de diferencia. El resultado acabó con el liderazgo de David Cameron y ha abierto un período inédito en el Viejo Continente.

Los socios europeos han instado a Theresa May que inicie el proceso de divorcio lo antes posible y han advertido de que si Reino Unido quiere seguir en el mercado único será con libertad de movimiento para personas y trabajadores. La primera ministra, a los 100 días de asumir el cargo, se inclinó por un Brexit duro, interpretado como una cesión al ala más dura del partido que aboga por una agenda anti-inmigración.

El gabinete de May ha lanzado polémicos proyectos para controlar la inmigración, como el de hacer censos para restringir el numero de trabajadores y estudiantes no nacidos en el Reino Unido.

La sentencia aprobada este jueves obligará a la primera ministra a suavizar ese discurso nacionalista y populista si quiere convencer al Parlamento no sólo de cuándo salir de la UE, sino también cómo.

La decisión del Tribunal Superior ha provocado este jueves la subida de la libra esterlina, que se revalorizó un 1,12 % frente al dólar y un 1,20 % frente al euro en el mercado de divisas, tras registrar continuas caídas desde la celebración del plebiscito