La banca prevé devolver entre 2.000 y 3.000 millones por las cláusulas suelo; los consumidores critican el decreto

Facua: "El decreto no obliga a nada a los bancos"

Por su parte, la organización Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que el sistema extrajudicial aprobado por el Gobierno "es puro humo, ya que no obliga a los bancos a nada". "Esta norma no establece ningún tipo de sanción para las entidades que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones, ni para las que lo hagan pero se nieguen a devolver todo el dinero a los usuarios", según ha denunciado Facua en un comunicado recogido por Efe.

"En este país nadie se atreve a multar a los bancos por el mayor fraude a los consumidores que se ha producido en la historia", ha denunciado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien ha añadido que "no multaron los Gobiernos anteriores ni va a hacerlo este, porque el Ministerio de Economía no ha querido articular mecanismos para sancionar cada caso en el que se nieguen a devolver el dinero".

El Real Decreto ley prevé la constitución de una comisión de seguimiento en la que habrá representación del Consejo de Consumidores y Usuarios, un órgano consultivo del Gobierno del que forman parte una decena de asociaciones de consumidores de ámbito estatal consideradas representativas. "Facua no va a participar en la comisión de seguimiento de una pantomima, no vamos a hacer de convidado de piedra del Gobierno para hacernos la foto, porque estaríamos insultando a los consumidores", ha anunciado Sánchez.

En el mismo sentido, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), ha defendido la "solución" del Gobierno, aunque opina que puede resultar "ineficaz" y dejará a muchos consumidores en manos de la banca y los juzgados. En cualquier caso, ha señalado en un comunicado, las soluciones, incluso judiciales, tienen que ser "agrupadas o colectivas, tal y como está previsto en las normativas de resolución extrajudicial y judicial de conflictos con los consumidores".

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calificado de "claramente insuficiente" el alcance del Real Decreto y ha destacado que con él "la banca se convierte una vez más en juez y parte" y decide "quién, cuándo y cuánto cobra".

PSOE: "Una mala noticia para los que quieren hacer negocio"

Desde los partidos políticos, el portavoz de Economía del grupo parlamentario del PSOE, Pedro Saura, ha afirmado que el Real Decreto "es una mala noticia para los que quieren hacer negocio" y ha reiterado que los consumidores tienen siempre la última palabra y pueden acudir a la vía judicial.

"Quien determina lo que sucederá es el consumidor o el juez en un último caso", ha puntualizado tras incidir que el PSOE buscaba una fórmula extrajudicial rápida y gratuita, en la que no hubiera mediador, para que el afectado pudiera recurrir a los jueces en último término.

En el polo opuesto, Unidos Podemos ha declarado el Real Decreto como "infame" y ha pedido reparar el daño de las personas que han sido desahuciadas de sus viviendas por no poder pagar las hipotecas como consecuencia de las cláusulas suelo firmadas con las entidades bancarias. El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de la formación morada, Rafael Mayoral, ha criticado además que la "triple alianza", en referencia al Gobierno, el PSOE y Ciudadanos, busque "mecanismos de protección" para las entidades financieras que "cercenan inclusive las vías procesales para los propios consumidores".

UGT ha instado al Gobierno a que exija a las entidades financieras cumplir "sin demoras" su obligación de devolver íntegramente a los consumidores el dinero que se les ha cobrado por las cláusulas suelo. "Debe instar a los bancos para que no demoren, en el tiempo, su obligación de devolver íntegramente a los consumidores el dinero que les han cobrado, por una práctica abusiva y condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha señalado el sindicato en un comunicado.

Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales (SISEJ), se ha manifestado una "profunda discrepancia" con el contenido del decreto y "las justificaciones del mismo". Para los letrados, "cualquier mecanismo de devolución debe mantenerse en el ámbito público para garantizar los derechos de los consumidores". Por eso critican "la presunta necesidad de evitar un aumento de litigios ante la jurisdicción civil, con un elevado coste para la Administración de Justicia por cada pleito" esgrimida por el Gobierno. "Nos oponemos a cualquier interpretación en términos estrictamente económicos del servicio que debe prestar la Administración pública y en este caso la justicia", han apostillado.

Por contra, el Consejo General de la Abogacía Española, que participará en el órgano de seguimiento que velará por que se respeten los derechos de los consumidores de los productos financieros, y ha considerado "muy positivo" el decreto al considerar que permite "agilizar los trámites y reducir los costes para el ciudadano".