Acaba sin acuerdo la última reunión antes de que el Gobierno apruebe por decreto la reforma de la estiba
- Los estibadores aseguran que hay términos medios a los que Fomento se cierra
- El Gobierno asegura que cumple el mandato de la UE y regulará por decreto
- Los sindicatos mantienen la convocatoria de paros para el 20, 22 y 24 de febrero
- Empresarios y Gobierno temen las pérdidas y denuncian "huelgas encubiertas"
La reunión en el Ministerio de Fomento con patronal y sindicatos de estibadores ha concluido sin acuerdo, lo que aboca a que este viernes el Gobierno reforme el sector de la estiba por Real Decreto, y se enfrente a partir del lunes a tres jornadas de paros intermitentes en la carga y descarga en los puertos, protestas que se podrían extender en el tiempo. Así lo han señalado tanto los representantes de los trabajadores como el Gobierno, que han dado por rotas las negociaciones. Mientras, las empresas han reafirmado sus acusaciones de huelga encubierta.
El coordinador general del sindicato de estibadores CETM, Antolín Goya, primero en pronunciarse tras una hora de reunión, ha denunciado la "posición cerrada" del Ministerio y ha acusado al Departamento que dirige Íñigo de la Serna de "estar simulando un proceso negociador". De hecho ha precisado que los sindicatos estaban dispuestos a desistir de crear un registro, si es lo que impide avanzar, pero siempre que haya garantías de profesionalidad y empleo para los estibadores.
"No tenemos otra salida que movilizarnos (...) Si el viernes se aprueba la reforma, nos obligarán a plantear otros preavisos de huelga. ¿Qué otra cosa podemos hacer?, ¿Esperar en casa a que nos llegue la carta de despido?, ha declarado Goya, quien ha asegurado hablar también en nombre del resto de sindicatos del sector (CC.OO., UGT y CGT).
A este respecto, Goya ha dicho que los sindicatos han presentado una alternativa a la creación de un registro en línea, nudo gordiano de la reforma, similar al que se ha aprobado en Bélgica, consistente en garantizar la cualificación exigida en el sector. El representante sindical ha achacado la imposibilidad de alcanzar un acuerdo a la "postura cerrada" de Fomento.
El Gobierno confirma que aprobará la reforma por ley
Sin embargo, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ha explicado que la parte sindical ha vuelto a presentar el mismo documento que el 24 de julio de 2015, que gira sobre la exigencia de un registro de trabajadores y una restricción a la libre contratación, algo a lo que -asegura el Ejecutivo- se opone claramente la Comisión Europea (CE).
Fomento ha considerado una "sorpresa" que los sindicatos hayan presentado el mismo documento que la CE ha rechazado "expresamente" y por escrito. "No tienen ningún interés en negociar lo que no sea la articulación de un registro de trabajadores", ha afirmado.
Gómez-Pomar ha ratificado que la reforma del sector se aprobará mediante un Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros de este viernes y ha emplazado a una posterior negociación colectiva entre empresas y sindicatos los puntos que ambos tienen de desacuerdo sobre la reforma. El secretario de Estado ha asegurado también que este mismo martes firmará la carta de servicios mínimos para la huelga ya convocada, la de la próxima semana, con el fin de "garantizar el funcionamiento de los puertos durante esos días".
De esta forma, el fracaso de la reunión de este martes ha enconado el conflicto del sector de la estiba, un sector clave para el funcionamiento de los puertos y, por consiguiente, para el conjunto de la economía, dado que las instalaciones portuarias canalizan el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones del país.
Las empresas siguen denunciando que hay huelga encubierta
La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) ha mostrado su oposición a varias medidas recogidas en la nueva ley.
Además, el director gerente de ANESCO, Pedro García Navarro, ha leído un comunicado en el que las empresas reafirman sus acusaciones de huelga encubierta a través del descenso de producción y actos vandálicos contra la maquinaria y las mercancías. "Estamos indefensos y desamparados", ha lamentado García, quien ha exigido el "cese inmediato de estas medidas ilegales".
El Ministerio avala esta denuncia y asegura que tiene documentos presentados por los empresarios que lo demuestran. Por los puertos se mueven 200.000 millones de euros anuales y los empresarios cuatifican en 50 millones diarios las pérdidas se se para la actividad.
Preguntado por los incidentes, el coordinador general del sindicato de estibadores CETM, Antolín Goya, ha expresado "su rechazo absoluto" y ha asegurado que no tienen el respaldo de los sindicatos de los estibadores. Respecto al descenso de producción, que las empresas sitúan en el 80%, Goya ha defendido que se cumple el convenio, pero también ha advertido de que "ante la falta de garantías y estabilidad, la competitividad no es la misma que cuando te colocan en una situación en la que no sabes si dentro de 30 días vas a ser despedido".
De la Serna: "El Gobierno tiene las manos atadas"
Unas horas antes, el ministro Íñigo de la Serna ya veía díficil llegar a un acuerdo precisamente porque aseguraba que los estibadores ponían una línea roja en el registro de trabajadores que, en su opinión, perpetuaba el 'monopolio' en el sector.
Defendía De la Serna que el Gobierno lleva dos años en conversaciones con el sector y que esta propuesta de registro de trabajadores recibió el rechazo de la Comisión. En esta materia, asegura, "el Gobierno tiene las manos atadas" por la Unión Europea. Sin embargo, dejaba la puerta abierta a los acuerdos que se alcancen en el sector una vez firmado el decreto ley.
Una vez por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo necesitará el apoyo parlamentario para sacar adelante la ley. De momento, el PSOE cree que la negociación con el sector se "está llevando de la peor forma posible" y que "tendría que haber llegado desde hace muchos meses a un acuerdo".
La reforma de la estiba debe contar también con el visto bueno de Europa, dado que se aborda para adaptarla a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene. Ello, a su vez, provoca que España afronte actualmente el riesgo de que el Tribunal de Justicia de la UE le imponga una sanción de casi 140.000 euros por cada día de desestimiento.
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