El Gobierno aprueba el decreto ley que liberaliza el sector de la estiba

Centros portuarios de empleo en lugar de Sagep

En el decreto ley, el Gobierno establece la creación de centros portuarios de empleo, una ETT especializada, pero "que ya no puede diferenciarse de otras empresas de esta naturaleza, ya no puede ser restrictiva y obligatoria", según el ministro, como son las Sagep actuales.

Hasta este ahora y casi durante un siglo las empresas de la estiba tenían que inscribirse en Sagep, -sociedad anónima de gestión de empleo portuario- y debían contratar exclusivamente a los trabajadores inscritos. El acceso a esta lista dependía de las propias sociedades y también la formación y cualificación, lo que dejaba el sector como un monopolio, denunciado por la Comisión Europea por impedir la libertad de contratación y de establecimineto de las empresas con el aval posterior por la Corte de Luxemburgo, que impuso una multa a España de 21 millones de euros y la obligación de reformar el sector.

Según el ministro, el acceso a estos centros de empleo que sustityen a las Sagep dependerá ahora de criterios de profesionalidad y serán suficientes 100 jornadas de trabajo en la estiba en cualquier país de la Unión Europea, con lo que se abre la estiba a cualquier trabajador comunitario. De la Serna ha valorado que cualquier estibador que esté ahora en activo puede cumplir con este requisito, independientemente de su formación.

Período transitorio de tres años

La adaptación de las Sagep a la actual regulación se ha de cumplir en un período transitorio de tres años. El ministro ha afirmado que aunque se pidieron en primer lugar siete y después cuatro años, la Unión Europea ha sido taxativa en este plazo máximo. Durante el primer año se habrá de contratar en un 75% a trabajadores de las Sagep, 50% en el segundo y 25% en el tercero. A partir de ahí no hay vinculación mayor con los actuales trabajadores de la estiba.

Los estibadores ven peligrar sus puestos de trabajo tanto como sus condiciones laborales. Las Sagep estiman en 68.000 euros la media del salario de un trabajador, que depende en 80% de la carga de trabajo para conformar el salario.

Los trabajadores defienden que su profesionalidad y organización, sin embargo, han posibilitado que los puertos españoles encadenen desde 2010 récord de importaciones. Recuerdan que trabajan para empresas privadas y que sus despidos serán financiados con "dinero público".

Desde la Coordinadora argumentan que el decreto abre la puerta a una caída del atractivo de los puertos españoles, en lo que también han visto una intención por parte de la Unión Europea. Aseguran que el actual sistema ha garantizado la productividad y la seguridad, por lo que pedían también que se priorizase la formación.

Paros en un sector estratégico

Cada día de paros está cuantificado en 50 millones de euros por la patronal, en un sector estratégico. Por vía marítima, con la participación obligatoria de los estibadores, se mueven el 80% de las importaciones y el 60 de la exportaciones, con una afectación al PIB de 200.000 millones de euros, equivalente al 20%.

Por eso, el Gobierno pide responsabilidad a los sindicatos y también a los partidos poíticos, que han de convalidar el decreto. En la semana anterior,  Podemos se opuso al contenido del decreto y a la forma de negociarlo y Psoe y Ciudadanos lamentaron la urgencia del proceso especialmente.

El ministro asegura que en estos dos años se ha negociado suficientemente y que Bruselas ha ido desestimando las propuestas que se pactaron de forma tripartita con Ana Pastor en el Ministerio, que pasaban por un registro de trabajadores similar a la Sagep.

Apoyo de los partidos y que no alimenten el ruido

De la Serna ha advertido a los partidos, de los que necesita apoyo, que si no votan para convalidar el decreto "el reino de España será por primera vez condenado por incumplir un Tratado". El ministro ha ido más allá de solicitar este apoyo y ha pedido al resto de fuerzas políticas que creen "un ambiente constructivo" y no alimenten el ruido para favorecer el diálogo abierto entre empresas y trabajadores.

El ministro insiste en que los trabajadores pueden ver satisfechas sus demandas únicamente en los convenios.

Los trabajadores sin embargo querían que temas capitales para ellos como la subrogación de sus contratos o la formación de los estibadores quedarán en una ley de ámbito estatal y no sujetos al acuerdo entre las partes. Han criticado además que el Gobierno no participase en las conversaciones y presentase a un mediador sin poder para decidir.

Servicios mínimos y apoyo internacional

La posibilidad de desconvocar los paros pasaba por el retraso de este decreto ley. Ahora los puertos estarán expuestos a que se acumulen productos que queden fuera de los servicios mínimos, básicamente perecederos y peligrosos.

De la Serna anunció que muchas empresas se cuestionaban ya derivar su mercancia por puertos extranjeros. Esa misma semana, en una concentración internacional en el puerto de Algeciras, la estiba obtuvo el apoyo del resto de puertos para no 'reventar' la huelga en España.