El Gobierno aprueba el mecanismo para hacerse cargo de las autopistas de peaje en quiebra
- El 100% de la gestión la asumirá Seittsa, una empresa de titularidad pública
- El Ejecutivo prevé que lo haga en el primer cuatrimestre del año que viene
- Fomento quiere licitarlas de nuevo y adjudicarlas a finales de 2018
- El coste por el rescate de las autopistas en quiebra, entre 2.000 y 5.500 millones
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el convenio que permitirá a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), empresa de tiularidad pública, hacerse con la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra desde que reviertan al Estado hasta su licitación para que vuelvan a manos privadas.
El Ejecutivo espera que todo este proceso tenga lugar en 2018. Con esta fórmula, según han señalado fuentes de Fomento a Efe, se quiere que el rescate de las autopistas tenga el mínimo impacto en el déficit público ya que, al realizarse dentro del mismo ejercicio, el ingreso procedente de la licitación compensaría en parte el coste que supondrá hacer frente a la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA).
La RPA es el importe que el Estado debe abonar a los actuales concesionarios de las autopistas por la inversión que realizaron en su construcción. Se desconoce aún a cuánto ascenderá ese coste: el Gobierno estimó que unos 2.100 millones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) consideró que será de 2.200 millones, el Tribunal de Cuentas lo cifró en 3.500 millones de euros y la patronal de grandes constructoras Seopan estimó que será de 5.500 millones de euros.
A la RPA, el Estado deberá sumar los 550 millones de euros por los préstamos participativos que se dieron para construir estas vías y que ahora, tras la liquidación, serán incobrables, señala Efe. Fuentes de Fomento aseguran que el balance final será sensiblemente inferior a las cifras que se manejan.
Qué hará la empresa pública Seittsa a partir de ahora
Seittsa asumirá durante el periodo que gestione las autopistas los gastos de explotación y los de personal, aunque también percibirá ingresos por las tarifas que se cobran. De este modo, las infraestructuras seguirán funcionando.
De esta forma, la sociedad, que aplicará los peajes actualmente aprobados, aunque en algún caso eso podría cambiar en función del resultado del estudio de viabilidad, se haría cargo de las alrededor de 700 personas que trabajan en esas vías, cuya subrogación estará completada en el pliego que se haga para su posterior licitación.
Además se encargará de preparar el proceso para relicitarlas. Para ello, encargará un estudio de demanda de tráfico, que también saldrá a licitación; otro de viabilidad y preparará los pliegos para volver a licitar las autopistas, además de encargarse de la due diligence para conocer con exactitud el estado en que están esas infraestructuras para poder informar al contratista que se haga cargo de la concesión.
El Ministerio de Fomento aún no ha decidido si sacará las autopistas a licitación en un solo lote o en dos, decisión que se adoptará en función del estudio de demanda.
Son nueve las autopistas en quiebra
Las nueve autopistas son las cuatro radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.
Hay cuatro autopistas, según Fomento, -la R-2, la R-3, la R-5 y la AP-41 (Madrid-Toledo)- que aún están en fase de convenio de acreedores dentro del proceso concursal, mientras que el resto han entrado en fase de liquidación, si bien su plan no ha sido aún aprobado por el juez,
Las previsiones son de que la reversión de todas o la gran mayoría se produzca dentro del primer cuatrimestre de 2018, que se liciten en el segundo y que se pueda resolver la licitación en el tercero, de forma que puedan estar adjudicadas a finales de año, según han señalado fuentes del Ministerio a Europa Press.
Los fondos que poseen deuda de las radiales critican al Gobierno
Los fondos propietarios de la deuda de las radiales han dado la bienvenida a la decisión del Ejecutivo, pero consideran que llega "demasiado tarde" y que ese retraso "pone en duda la seguridad jurídica" de España, según han señalado fuentes de estas entidades a Efe y Europa Press.
Los fondos han subrayado que la entrada en liquidación de las autopistas supone la resolución automática de las concesiones y la obligación de determinar la RPA en seis meses. Según los fondos, el pago de la RPA se tiene que realizar dentro de los tres meses siguientes a su determinación, es decir, como máximo nueve meses después de la entrada en liquidación. Por ejemplo, en el caso de la AP-36 (autopista Ocaña-La Roda), ya se debería haber calculado y pagado la RPA, "cosa que no ha ocurrido", apuntan.
Los fondos han considerado que una resolución "proactiva y justa" por parte del Gobierno, que evite litigios, es "fundamental para la percepción internacional sobre la seguridad jurídica de España y el riesgo de pago de la Administración" y, por lo tanto, para la financiación del nuevo plan de inversiones del Estado en carreteras.
Por ello, advierten de que todos los retrasos por parte del Gobierno, "además de dañar su credibilidad en los mercados financieros (necesario para el nuevo plan de infraestructuras) devengan intereses de mora sobre la RPA, por tanto es importante que el Ejecutivo se apresure para evitar encarecer el coste final al ciudadano". Los acreedores, han asegurado las mismas fuentes, siguen abiertos a una solución negociada que ayude a evitar más retrasos y a minimizar los costes para el Estado.
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