La Fiscalía se querella contra Forcadell y la Mesa del Parlament por tramitar la ley del referéndum

Los letrados del Parlament informan contra la tramitación

Este mismo miércoles, los letrados del Parlament han registrado un informe dirigido a la Mesa del Parlament en el que alertaban de que la tramitación de las leyes de ruptura choca con las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) y reprochaban la utilización del artículo 81.3 del reglamento para aprobarlas.

En el escrito firmado por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, se "advierte" de que la tramitación de las leyes "está afectada por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula" la resolución del 9N, así como los autos del Alto Tribunal en el marco de los incidentes de ejecución de sentencia.

Muro y Bayona consideraban que, de acuerdo a esta sentencia y los autos, "los miembros de la Mesa tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia del TC, así como abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a las mismas".

"El incumplimiento de este deber puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa", aseguraban los letrados, que entendían que sus consideraciones eran extensibles "a cualquier otra actuación parlamentaria".

Igualmente advertían de que el procedimiento de lectura única de la reforma del Parlament fue suspendido por el TC y que la "eventual tramitación directa de las leyes" mediante el artículo 81.3 del Parlament, invocado por JxSí y la CUP, "presentaría en la práctica unas características parecidas a un procedimiento de lectura única".

Y recordaban que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que tumbó esa reforma del reglamento, "hace referencia a los requisitos esenciales e inexcusables que no podrían ser ignorados en la aplicación del artículo 81.3 cuando se tratara del procedimiento legislativo".

Los letrados del Parlament han admitido sentirse "coartados" y "presionados" por la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y la mayoría independentista en la Mesa, al creer que no se les permite ejercer sus funciones de asesoramiento legal.

De hecho, en la última reunión de la Junta de Portavoces celebrada por la tarde, justo antes de iniciarse el debate sobre la Ley del Referéndum, Forcadell ha denegado la palabra al letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, cuando éste la ha pedido para posicionarse sobre una cuestión que se debatía en ese momento, según han confirmado varias fuentes presentes.

Forcadell pide la recusación de los miembros del TC

Por su parte, Forcadell ha pedido la recusación de los doce miembros del Tribunal Constitucional (TC) por su "falta de imparcialidad" y para "garantizar" su derecho de defensa, una iniciativa que pretende paralizar todo procedimiento de "excepción" hacia ella o la cámara. Una petición que ya estudia el propio tribunal y que probablemente, según fuentes judiciales, será previsiblemente rechazada y tal vez, incluso, inadmitida, dado que la ha presentado Forcadell y no la Mesa del Parlament.

"Acabo de pedir la recusación de los miembros del TC. Se han convertido en una extensión más del gobierno del Estado y ha perdido toda legitimidad", ha escrito.

Con esta iniciativa, Forcadell pretende "paralizar cualquier procedimiento 'de excepción' que pudiese plantearse el TC hacia el Parlament o las funciones de la presidenta", ha explicado la cámara catalana en un comunicado.

El TC ya estudia la petición de Forcadell

El pleno del Tribunal Constitucional abordará este jueves la recusación de sus doce magistrados que este miércoles ha presentado la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, con el objetivo de resolver esa cuestión antes de que entren las previsibles impugnaciones de los pasos hacia el referéndum soberanista del 1-0.

El pleno es el encargado de resolver esa cuestión al no existir ninguna instancia superior, han indicado fuentes del Tribunal, que han indicado que el escrito no se ha presentado dentro de ninguna causa concreta.

Fuentes jurídicas han destacado lo inédito de la petición de Forcadell es que no pide que los magistrados se aparten por su falta de parcialidad en ninguna causa concreta sino que solicita expresamente que no puedan adoptar las medidas previstas en artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que fue reformado en 2015 para dotar a este órgano de instrumentos para poder hacer cumplir sus resoluciones.

Existe un precedente de intento de recusación de todos los magistrados del TC, el presentado en su momento por el abogado José Luis Mazón.

El asunto terminó en una denuncia ante el Tribunal Supremo, que determinó que ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del TC está previsto la sustitución de todos los magistrados del Constitucional, "conjuntamente, por causa de abstención o de recusación".

Forcadell considera que el TC ya no es neutral

El escrito, registrado en el TC, califica la reforma de la ley orgánica del Constitucional como una "reforma exprés de la Constitución" en la que el derecho de defensa está aún más restringido que en la aplicación del Estado de excepción.

Forcadell alega en el escrito que no existe en el ordenamiento jurídico español ningún procedimiento que genere tanta "indefensión" como el que prevé la ley orgánica del TC.

La aplicación de las atribuciones sancionadoras del TC, a su juicio, vulnera el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, "al no contar con ninguna garantía procesal de un juicio justo".

El escrito analiza la naturaleza "inédita" del procedimiento de ejecución de sentencias que instauró la reforma de la ley orgánica del TC, que configura un "nuevo" Constitucional que "pierde su supuesta posición de neutralidad cuando se le otorga potestad sancionadora y facultades de ejecución de sus propias resoluciones".

Por ello, Forcadell solicita poder ser parte en un hipotético procedimiento constitucional si es que se discuten medidas de intervención en el Parlament o en las funciones de presidencia del Parlament, con el objetivo de preservar su derecho de defensa ante un procedimiento "carente de cualquier garantía y derecho".