La ONU teme que en Birmania se esté produciendo la "limpieza étnica" de los rohinyás

Huída masiva a Bangladesh

El Gobierno bangladesí ha comenzado este lunes a recabar las huellas dactilares de los decenas de miles de rohinyás que han buscado refugio en su territorio desde hace dos semanas. Los trabajos de registro se prolongarán "hasta que el proceso esté completado", ha dicho a Efe uno de los funcionarios del Gobierno de Bangladesh que dirigirá las labores de identificación de los recién llegados, Saiful Islam.

Pese a la falta de datos oficiales, UNICEF ha alertado este lunes de que más del 60% de los llegados a suelo bangladesí en las últimas dos semanas son niños o adolescentes. En concreto, el 28% de los arribados tienen entre 6 y 18 años, el 23% son menores de 5 años, mientras que el 9% no ha cumplido aún el año, según los datos de la organización, que ahora intenta implantar agua potable y otros servicios en los nuevos asentamientos.

"La situación es bastante caótica (...) Estamos empezando a responder todas las agencias, empieza a haber más presencia de respuesta", ha dicho a Efe la jefa del Trabajo de Campo de Unicef en Bangladesh, Sara Bordas, quien ha explicado que los campos reconocidos por el Gobierno bangladesí están ya "sobrepoblados".

Un "punto crítico"

"Estamos en un punto crítico. No hay alojamiento para tantos. Hay necesidad de comida, agua y refugio", ha señalado la portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el país asiático, Maherin Ahmed, quien dijo que los rohinyás llegan a los campos de refugiados "débiles y con hambre" y algunos de ellos "con marca en sus cuerpos".

La formación insurgente, el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), declaró el sábado un alto el fuego durante un mes para permitir la entrada de asistencia humanitaria, algo que ha sido rechazado por el Gobierno birmano.

La nueva oleada de refugiados se produce después de que a finales del año pasado el Ejército birmano llevara a cabo otra campaña militar tras un ataque insurgente, que en aquella ocasión provocó la llegada a Bangladesh de más de 80.000 rohinyás y la condena de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

Entre 300.000 y 500.000 rohinyás vivían ya antes de esta crisis en Bangladesh, país que solo reconoce como refugiados a 32.000 de ellos, afincados en los campos del distrito suroriental de Cox's Bazar. Las autoridades de Birmania no reconocen la ciudadanía a los rohinyás, mientras que Bangladesh considera ciudadanos birmanos a los miembros de esta minoría

"Crímenes contra la humanidad"

En su discurso de apertura de la trigesimosexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid ha recordado que ya advirtió el año pasado de graves violaciones contra los rohinyás y de ataques "extendidos y sistemáticos" contra esta comunidad en Birmania, que "posiblemente equivalen a crímenes contra la humanidad".

El diplomático jordano considera que la operación militar de respuesta a los ataques de los insurgentes de ARSA "es claramente desproporcionada y sin respeto a los principios básicos del derecho internacional".

La ONU dispone de testimonios de ejecuciones extrajudiciales e imágenes de satélite de pueblos quemados "El Gobierno birmano debe dejar de pretender que los rohinyás queman sus propias casas y devastan sus propios pueblos", ha declarado Zeid, quien ha instado a las autoridades a "poner fin a sus crueles operaciones militares".

“El Gobierno birmano debe dejar de pretender que los rohinyás queman sus propias casas y devastan sus propios pueblos“

Zeid ha mencionado dos medidas puestas en marcha por las autoridades que denotan su intención de impedir el retorno de los rohinyás que han huido. En primer lugar, y según ha denunciado Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos, el Ejército birmano ha sembrado de minas su parte de la frontera con Bangladés. Por otro lado, las autoridades birmanas han apuntado en declaraciones oficiales que se exigirá una "prueba de nacionalidad" a quienes pretendan regresar. Sin embargo, Birmania no reconoce a los rohinyás como ciuadadanos desde 1962 y por ello carecen de derechos políticos y civiles.

El Alto Comisionado ha pedido a Bangladés que mantenga abierta su frontera y ha urgido a la comunidad internacional a ayudar al país para que pueda hacer frente al flujo de refugiados.