El TSJC ordena a Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional que cierren los locales públicos del 1-O
- La juez también ordena requisar todo el material relacionado con el 1-O
- Pide a la Fiscalía que cese en sus actuaciones y asume las próximas directrices
- El TSJC cita a cargos del Govern como testigos por la compra de urnas
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum independentista del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional y que obliguen a cerrar los que se hubieran podido abrir para la votación.
En un auto, la magistrada del alto tribunal catalán Mercedes Armas, que investiga al Govern por convocar el referéndum suspendido por el Constitucional, ha acordado esta medida cautelar, en la que también ordena requisar todo el material relacionado con el 1-O [ver quién es quién en el referéndum] que pueda hallarse en el interior de esos locales públicos.
Además, ha pedido a la Fiscalía que cese en sus "diligencias, actuaciones e instrucciones" sobre el referéndum, por lo que será ella quien asuma las próximas directrices relacionadas con el 1-O, tras semanas en que el ministerio público ha llevado la iniciativa de las medidas contra la consulta.
La magistrada adopta estas medidas ante la "clara inobservancia" por parte de los miembros del Govern de las decisiones del Tribunal Constitucional y también de las órdenes que dio de cerrar webs del Govern y que han sido "burladas" mediante la creación de nuevas páginas donde se disponen centros de voto y se afirma que la consulta va a celebrarse.
La decisión se ha producido el mismo día en que el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha avisado de la dificultad de cerrar centros públicos en funcionamiento, como centros de salud o geriátricos, y se ha quejado de que fuera el fiscal, y no un juez, quien estuviera ordenando el cierre de los centros.
"Se impedirá su apertura, procediendo en su caso al cierre"
En su resolución, la juez manda a los cuerpos de seguridad que, de manera coordinada, impidan desde este miércoles hasta el domingo que estos locales de titularidad pública o en los que se presta algún servicio público se usen para la preparación de la consulta.
El auto de la juez indica que el día 1 de octubre "se impedirá su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquellos que hubieran llegado a aperturarse" y que en caso de que las votaciones estén previstas en edificios con servicios públicos en funcionamiento ese día o en fechas anteriores solo se clausurarán las dependencias en las que se produzca la votación.
Otros centros públicos que manda cerrar son los que se usen como "infraestructura logística o de cálculo", como centros de procesamiento, de recepción, de recuento o de gestión de votos.
Todo ello lo deben realizar los tres cuerpos, destaca, "conjuntamente para la efectividad de lo ordenado" y para que se garantice el buen funcionamiento de esta actuación, la magistrada establece que las fuerzas de seguridad responderán al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigido por Diego Pérez de los Cobos.
Cita a declarar como testigos a varios cargos del Govern
Esta orden se conoce el mismo día que la juez del TSJC que investiga al gobierno catalán por convocar el 1-O ha citado a declarar como testigos a varios cargos del Govern que firmaron el acta que declaró desierta la convocatoria para la compra de urnas y a dos empresarios que optaron al concurso para licitar urnas.
La magistrada cita a declarar para los próximos 11 y 16 de octubre a esos ocho testigos y pide al Tribunal Constitucional (TC) que le remita las notificaciones que en los últimos meses ha enviado a miembros del Govern advirtiéndoles de la inconstitucionalidad de varias resoluciones encaminadas a celebrar el referéndum independentista.
Concretamente, la magistrada ha citado para el día 10 de octubre a los responsables de las empresas Plastic Express y la UTE de Espai World y Suministros Integrales Futbida, que optaron al concurso que convocó el Departamento de Gobernación para la licitación de urnas para la Generalitat, posteriormente declarado desierto.
Para el 16 de octubre próximo, la juez ha llamado como testigos a varios cargos de la Generalitat, entre ellos Meritxell Masó, secretaria general del Departamento de Gobernación; Carles Sala, secretario de Vivienda; y Joaquim Ferrer, secretario de Administraciones Locales.
Protección de Datos envía 20 denuncias por el uso del censo electoral
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha remitido a la Autoridad Catalana de Protección de Datos las 20 denuncias que ha recibido sobre la base de datos del denominado "censo electoral catalán".
Las denuncias presentadas ante la AEPD hacen referencia a una web -que ha sido ya inhabilitada- que solicitaba datos como el número de DNI y la fecha de nacimiento de los ciudadanos catalanes, realizando un contraste con una base de datos y arrojando como resultado un punto de votación.
Según ha informado la Agencia Española en una nota de prensa, la Agencia de Protección de Datos de Cataluña (APDCAT) es el organismo con competencia para investigar y, en su caso, declarar infracciones respecto de ficheros creados o gestionados por los organismos públicos de Cataluña.
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