Forcadell desafía el "golpe de Estado" del Gobierno y afirma que defenderá las "plenas atribuciones" del Parlament

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha afirmado en nombre de los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament catalán que "defenderá las plenas atribuciones y los derechos de sus 135 diputados a ejercer sus funciones", negándose así a asumir las limitaciones que impondrá el Gobierno a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"No vamos a permitir que Rajoy haga que este Parlamento deje de ser democrático", ha dicho Forcadell en una comparecencia con el resto de miembros de la Mesa (salvo los de Ciudadanos y PSC, sí estaba el de Catalunya Sí que Es Pot), refiriéndose así a la decisión del Gobierno del aplicar el artículo 155 de la Constitución sobre la autonomía de Cataluña y que afecta directamente a la institución que preside, ya que pasa a ser Mariano Rajoy el que asume la competencia exclusiva del presidente de la Generalitat de disolver la Cámara y convocar elecciones anticipadas -en un plazo máximo de seis meses, según su propósito-.

También el Gobierno retira a la Presidencia del Parlament la posibilidad de proponer un candidato a la Presidencia del gobierno autonómico, le arrebata la función de control político, que recaerá en un órgano designado por el Senado, y le prohíbe adoptar iniciativas contrarias a la Constitución o el Estatuto.

"No daremos ningún paso atrás. La ciudadanía nos eligió como legítimos representantes y como servidores públicos nos debemos a ella", ha afirmado, y ha sostenido que lo hará con "serenidad", en una declaración en la que ha tildado sucesivamente de "golpe de Estado de facto", "golpe a la democracia" y "golpe autoritario" la decisión del Gobierno de intervenir las instituciones autonómicas de Cataluña en respuesta al continuado desafío independentista.

El Tribunal Constitucional suspendió las leyes del referéndum y de transitoriedad que aprobó el Parlament el pasado mes de septiembre, en un pleno lleno de irregularidades en el que se vulneró el reglamento de la Cámara y se redujo buena parte del debate entre los grupos. Además, la Cámara cesó su actividad ordinaria durante las dos semanas previas a la celebración de la consulta del 1-O, también suspendida -y después anulada- por el Constitucional.