Las 10 claves de la "estrategia del movimiento secesionista", según el auto de prisión de Junqueras y los consellers

Objetivo tras el 27S de 2015: "Lograr la independencia en 18 meses"

Tras las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015 el Gobierno en coalición formado por Junts pel Sí, con el apoyo de la CUP, hizo público que su objetivo era "lograr la independencia de Cataluña en 18 meses", realizando un referéndum sobre esta cuestión y declarando la independencia, si el resultado era positivo. La jueza detalla así que el fin de las fuerzas soberanistas era la secesión de Cataluña y para ello elaboraron un documento denominado EnfoCATs "Reenfocando el proceso de independencia para un resultado existoso" que establecía una hoja de ruta para alcanzar esa independencia en el que se recogía "el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan".

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La lista pro independentista de Junts pel Sí es la ganadora de las elecciones catalanas celebradas este domingo, pero con sus 62 escaños no alcanza por sí misma la mayoría absoluta de 68 diputados necesaria para formar gobierno, para lo que necesita la adhesión de la CUP, que ha logrado 10 representantes.

Chantaje a través de "inestabilidad política y económica"

En ese documento, relata la jueza, se diseñó un plan que contemplaba la posibilidad de recurrir a una eventual desconexión con el Estado derivando, "si fuese necesario y como último recurso, un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que forzara al Estado a aceptar la negociación de la separación o, en su defecto, de un referéndum forzado que igualmente permitiera declarar la independencia".

9N de 2015: primera resolución para proclamar la independencia

La Audiencia Nacional destaca en su auto que el 9 de noviembre de 2015, en el aniversario de la primera consulta independentista ilegal del 9N de 2014, se celebra en el Parlament una sesión plenaria en la que se aprueba la Resolución 1/XI sobre el "inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015". Resolución que "declaraba solemnemente el inicio de un proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república" y en la que "se expresaba que el proceso de desconexión democrática no se supeditaría a las decisiones de instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional".

Las fuerzas soberanistas de Junts pel Sí pusieron así como base a su camino soberanista el triunfo en escaños, que no en votos, de Junts pel Sí que, apoyada en la CUP, obtenía la mayoría absoluta en el Parlament.

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Carles Puigdemont, investido presidente de la Generalitat

Intento de dotar de "aparente cobertura normativa" al proceso de secesión

Desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017, destaca la jueza Lamela, los grupos parlamentarios secesionistas, y en particular, tanto el president como el vicepresident, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, "impulsaron y consiguieron la aprobación de leyes y resoluciones dirigidas a dotar de aparente cobertura normativa al proceso de separación del Estado español" propiciando "numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional".[CRONOLOGÍA DE CATALUÑA]

Fomento en la ciudadanía de un "sentimiento de rechazo" hacia el Estado español

Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar esa normativa en la que fundamentar el proceso de desconexión, de forma paralela, dice el auto, y "a través de movimientos populares, auspiciados por las fuerzas soberanistas" se buscaba "crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos".

En este punto, la juez destaca el papel "esencial" de las entidades ANC y Òmnium Cultural, cuyos líderes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se encuentran en prisión desde el pasado 16 de octubre. "Se valieron de la población alentando actos de insurreción pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando carreteras, calles o edificios públicos y somentiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso". Insiste el auto en que estos actos estaban amparados por los querellados.

Carta de Puigdemont a los alcaldes instando a colaborar en el 1-O

En este contexto de llamada a la desobediencia, la resolución judicial enmarca la carta que el expresident Puigdemont envía a los alcaldes de Cataluña el 6 de septiembre pidiéndoles que pusieran a disposición locales municipales para la celebración del referéndum del 1-O, para recordar que, ante la negativa de algunos regidores, Puigdemont, en compañía de Jordi Sánchez, hizo un llamamiento en un mitin al "enfrentamiento" de los ciudadanos con los alcaldes: "Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas".

La Audiencia cita en su auto el llamamiento a la huelga general del 3 de octubre en Cataluña "que nada tuvo que ver con una reclamación de derechos o mejoras de las condiciones laborales" sino con el apoyo al "proceso político independentista".

Impulso de "acciones de rechazo" hacia la Policía y la Guardia Civil

La juez dedica un capítulo a los acontecimientos que derivaron el encarcelamiento de Sánchez y Cuixart tras el asedio a la consellería de Economía donde los pasados 20 y 21 de septiembre se desarrollaron registros y detenciones relacionados con el referéndum del 1-O. "Algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil. Otros impideron a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía abandonar los edificios. Otros empujaron a los agentes y bloquearon la salida".

Se refiere también al "número de personas que las asociaciones civiles soberanistas lograron concentrar" el día del referéndum "impidiendo el acceso de la fuerza policial" junto con la "actitud pasiva" de los Mossos d'Esquadra, que "incluso llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios de que las citadas fuerzas del orden se dirigían hacia determinados lugares".

A juicio de la Audiencia Nacional, se "impulsaron acciones de rechazo" por los querellados "en contra de funcionarios de la policía y la Guardia Civil destacados en Cataluña".

Fondos públicos para la planificación, organización y celebración del 1-O

La Ley 4/2017 de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña contenía una orden para que el Govern habilitara las partidas para "garantizar los recursos con que hacer frente a las necesidades derivadas de la convocatoria de referéndum", destaca la jueza Lamela, que considera que "los gastos han sido deliberadamente destinados a un fin radicalmente ajeno a la función pública, desviándose deliberadamente del correcto funcionamiento de la actividad parimonial de la Comunidad Autónoma de la que eran responsables".

Todo el Govern, "conocedor de las actividades encaminadas a la independencia"

La juez destaca que a pesar de que todas las defensas de los querellados dicen que sus representados "no están de acuerdo con la violencia y que no han propugnado actos violentos", "olvidan que los querellados (con todas las actuaciones anteriormente citadas) urdieron una estrategia perfectamente organizada para declarar la independencia" y "todos ellos formaban parte del Govern en cuyo seno los acuerdos se tomaban de forma conjunta y en reuniones periódicas; y todos eran conocedores de las distintas actividades llevadas a cabo para llegar a la independencia".

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Referéndum en Cataluña: Puigdemont da por válido el 1-O y llevará el resultado al Parlament

Actuaciones encaminadas a un único fin: DUI

Todas las actuaciones que plasma la jueza Lamela en su auto llevan, en su opinión, a un fin último: "la votación y aprobación en el Pleno del Parlament de la declaración unilateral de indepedencia, lo que dio lugar a la aplicación por parte del Gobierno de España del artículo 155 de la Constitución Española", que supuso el cese de todo el Govern y la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre".

Unos hechos "graves" que conllevan penas que pueden llegar a los 25 años de prisión por el delito de rebelión, quince por el de sedición y ocho de malversación.

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El Parlament ha aprobado este viernes en votación secreta, con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, y en ausencia de los diputados de Cs, PSC y PPC, una resolución en la que, en su preámbulo, se declara un "Estado independiente en forma de república".