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El Gobierno salva, de momento, parte del paquete fiscal tras horas de negociación con sus socios

  • El Ejecutivo ha pactado con ERC, BNG y Bildu una prórroga de un año del impuesto a las eléctricas
  • Hacienda dice que mantiene su acuerdo con Junts de no gravar a empresas que mantengan su compromiso de descarbonización

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El Gobierno salva, de momento, parte del paquete fiscal tras horas de negociación con sus socios

El Gobierno ha salvado en la Comisión de Hacienda del Congreso el primer trámite de la ley que transpone la directiva europea que regula el tipo mínimo de las multinacionales y parte de su paquete fiscal. Lo ha hecho tras horas de negociaciones que han conducido con un acuerdo in extremis con ERC, Bildu y BNG para prorrogar un año más el gravamen a las grandes energéticas y con la promesa de intentar tramitar el impuesto a la banca en el pleno del jueves.

ERC, Bildu y BNG han acordado que el Gobierno presentará un real decreto ley para extender a 2025 el impuesto energético, que era un requisito irrenunciable de estas tres formaciones para apoyar la transposición de la directiva y el paquete energético del Gobierno, que se había incluido como enmiendas a esta ley. Este pacto, sin embargo, parece contradecir lo acordado entre el Gobierno y Junts, que preveía, precisamente, dejar morir el impuesto energético, aunque el grupo independentista ha apoyado el texto.

El Ministerio de Hacienda ha aclarado en un comunicado posterior al anuncio del acuerdo por parte de ERC, Bildu y BNG que el Gobierno mantiene su acuerdo con Junts "para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización". La ley pasa ahora al Pleno, que la debatirá el jueves, donde son necesarios los votos tanto de Junts como de Podemos.

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que "sin garantías de que Junts también lo apoyará", el acuerdo anunciado por Esquerra, EH Bildu y BNG "es poco más que papel mojado". Su formación, asegura, "sólo apoyará esta reforma fiscal si el impuesto realmente se mantiene".

Una jornada caótica prorrogada durante casi ocho horas

Las discrepancias entre los socios por el paquete fiscal ha llevado a que la Comisión de Hacienda del Congreso haya protagonizado una larga y caótica sesión — con votaciones en empate, discusiones técnicas y varios recesos — que se ha prolongado durante casi ocho horas y que ha culminado con el apoyo a la ley de ERC, Bildu y BNG, que se negaban a apoyarla si no incluía el impuesto energético.

De haberse rechazado la normativa en la Comisión, habría supuest un importante retraso en la transposición de la directiva del tipo mínimo, que ya está fuera de plazo y, por consiguiente, en riesgo de sanción. También hubiera complicado el quinto desembolso de los fondos europeos, al que está ligado la reforma fiscal.

La sesión, que había quedado suspendida hasta las 23 horas, no se ha reanudado hasta cerca de la 1 de la madrugada, una situación que ha indignado a algunos de los diputados presentes y que desde el PP y Vox han calificado de "secuestro".

"Que la comisión en la que se está decidiendo el futuro fiscal del Estado esté parada tres horas y se retome a las 23:00 es una muestra más del juego corto de algunos y del desorden de esta legislatura", ha criticado el portavoz del PNV, Aitor Esteban. "Desorden del que formas parte", le ha respondido el portavoz del PP, Miguel Tellado, quien también ha asegurado a través de X que el Gobierno tenía "secuestrada a la Comisión de Hacienda en el Congreso".

Del IRPF a las cuotas de la Seguridad Social

En la votación de las enmiendas, el Congreso ha dado luz verde a la subida del IRPF en dos puntos porcentuales para la rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, del 28% al 30%. También ha aprobado bajar el impuesto de sociedades a las cooperativas y empresas que facturan menos de un millón de euros y una mejora de la tributación de las actividades artísticas. Además, se ha aprobado una bonificación de las cuotas a la Seguridad Social para los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro.

También cambios normativos para reforzar la lucha contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos y para paliar los efectos de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas del impuesto de sociedades del PP, con medidas como la limitación de la compensación de las bases imponibles negativas o de las deducciones por doble imposición. Asimismo, se ha acordado gravar los vapeadores y subir la fiscalidad del tabaco, promover una modificación de la directiva europea del IVA que permita aplicar el impuesto a los alquileres turísticos o impulsar la factura electrónica.

Sin embargo, la clave de la negociación ha sido desde el principio el mantenimiento del gravamen a las grandes energéticas, ya que el Gobierno pactó con PNV y Junts dejarlo caer a final de año pero ERC, Bildu y BNG lo reclamaban como requisito imprescindible para apoyar el paquete fiscal. Tras una negociación agónica y durante un último receso que se ha prolongado más de cuatro horas, ERC, Bildu y BNG han anunciado un acuerdo con el Gobierno para prorrogar un año más el gravamen energético, vía real decreto ley, a cambio de su apoyo.

También han acordado aprobar el jueves en el Congreso el impuesto a la banca, que ha sido rechazado en la comisión. Las enmiendas rechazadas pueden quedar vivas y, por lo tanto, volver a ser debatidas y votadas dentro de dos días en el Pleno.

Entre el desconcierto y las discusiones técnicas

Esta comisión ya se ha tenido que posponer dos veces por la pretensión de PSOE, Sumar y del bloque de investidura de abordar en el proyecto un amplio paquete de medidas fiscales, pero desde posturas diferenciadas. Y es que, los socialistas han negociado a múltiples bandas las enmiendas a este proyecto, que originalmente solo tenía como objetivo fijar un impuesto mínimo del 15% para las empresas multinacionales, una trasposición de una Directiva Europea.

Los primeros acuerdos que cerró el PSOE antes de iniciar las reuniones en ponencia y comisión fueron con PNV y Junts. Con los vascos acordó, entre otros asuntos, reformar el impuesto a la banca y hacerlo permanente, mientras que con los catalanes llegó a un pacto para dejar morir el impuesto a las energéticas por el riesgo que suponía para una inversión de 1.100 millones de euros de Repsol en Tarragona.

Esto no sentó nada bien a los socios de izquierda y tampoco a Sumar, aliado del PSOE en el Ejecutivo, que aseveraron que la permanencia del impuesto a las energéticas era una línea roja en la negociación. Para aprobar el informe de la ponencia, los socialistas optaron por incluir únicamente cuatro enmiendas de carácter técnico, dejando para la comisión la decisión sobre los impuestos más polémicos.