Qué implica la orden de detención sobre Netanyahu de la Corte Penal Internacional: alcance, recorrido y consecuencias

¿Qué pasará a partir de ahora? 

Desde este momento, la Corte Penal Internacional emitirá la orden y aparecerá en todos los ordenadores en el sistema de Interpol, donde constarán los nombres de los acusados, como pasa con cualquier otro ciudadano del mundo perseguido por la Justicia. Hay una obligación de detenerlos: el artículo 27 del Estatuto de Roma establece el principio de igualdad de todos los ciudadanos, lo que elimina la idea de inmunidad de un jefe de Gobierno.

Si bien Israel no forma parte de este organismo, los Estados miembros del Estatuto de Roma están facultados para que, en caso de que Netanyahu acceda a su territorio, puedan suprimir de forma automática cualquier tipo de protección que tendría como mandatario de un Gobierno o representante de un Estado extranjero.

Esta decisión de la CPI implica que tanto Netanyahu como su exministro de Defensa no puedan viajar a ninguno de los 125 países firmantes del Estatuto de Roma. Estos países son prácticamente todos los de la Unión Europea, los de Sudamérica, casi todos los de América Central, Canadá, Reino Unido y gran parte del continente africano.

"Podrá dirigirse a Corea del Norte, India, Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudí o Libia", recuerda Conde. Las voces expertas en la materia consultadas no se atreven a predecir el recorrido que tiene esta decisión histórica: "Pueden dormir tranquilos dentro de las fronteras de Israel, pero, cuando salgan del país, corren el riesgo de ser detenidos", concluye Ollé. 

La noticia tiene un “impacto jurídico, social y un impacto moral. Te deja tranquilo que la Corte no haya mirado para otro lado”, dice Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Es un hecho significativo porque, efectivamente, se trata de un primer ministro de un Estado relativamente pequeño, pero crucial en esta parte del mundo. “Cuenta con una superprotección desde Estados Unidos y también algunos Estados europeos como Holanda o Alemania y otros en América Latina que consideran que lo que está haciendo Netanyahu, en parte, obedece a la legítima defensa”, argumenta la jurista.

Además, ahora con la elección de Donald Trump, el primer ministro israelí contará con un apoyo aún más incondicional de la Casa Blanca. Washington hará todo lo posible para defenderle. “El procedimiento creo que es muy probable que no siga adelante, a menos que se alce una voz valiente de algún país”, asegura Conde. Además, hay que recordar que Trump llegó a prohibir la entrada en Estados Unidos al fiscal de la CPI y le sancionó.

Netanyahu "se protegerá y lo harán sus amigos" 

Este jurista considera que para que haya consecuencias claras será clave la colaboración de toda la Comunidad Internacional. La Corte Penal no cuenta con una Policía propia, por lo que necesita de la ayuda y de la implicación de las autoridades de todos los países que han ratificado sus acuerdos. Hay un precedente que no invita a la esperanza: el presidente sudanés Omar al-Bashir, buscado por la CPI por crímenes de lesa humanidad, de guerra y de genocidio presuntamente cometidos en Darfur.

Pese a ello, estuvo viajando a una docena de países y nunca fue detenido. Igualmente, el pasado 24 de octubre, un panel de jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) denunció a Mongolia ante la organización de supervisión de la Corte por no arrestar al presidente ruso, Vladímir Putin, cuando visitó la nación asiática el pasado 3 de septiembre. 

Rusia abandona la Corte Penal Internacional RTVE.es / EFE

"La Justicia penal internacional ha dicho hasta aquí hemos llegado", zanja el experto en Derecho Penal Internacional. Los juristas reconocen que en muchos casos, desgraciadamente, suele prevalecer más el punto de vista político que el jurídico. "Ya se ha atrevido la Corte Penal Internacional a dictar esas órdenes internacionales de detención y ahora tenemos que abogar todos por la colaboración y la cooperación vertical de cada Estado con el organismo. Nunca tendremos una justicia eficaz si no existe este apoyo entre todos", reitera Ollé. Los encausados "se protegerán, pero también lo harán sus amigos", resume. 

La situación desde hace un año deja como resultado más de 44.056 personas, la mayoría de ellas niños y mujeres, asesinados en Gaza por la ofensiva israelí que comenzó el 7 de octubre de 2023, después del ataque perpetrado por Hamás (que causó la muerte de 1.200 personas y el secuestro de más de 200). La CPI asegura que ha encontrado "motivos razonables" para creer que, tanto Netanyahu como Gallant son "plenamente responsables de los crímenes como coautores por haber cometido los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos", añade Ollé. 

La académica explica que fue un avance extraordinario el Estatuto de la CPI que, en 2002, rompió con una norma milenaria de inmunidad de los jefes de Estados y/o de Gobierno y sus ministros. "Desde entonces pueden ser encausados. Ya no se considera que tienen inmunidad soberana", señala. 

Si bien el artículo 27 suprime, en cierto modo, la protección diplomática, lo cierto es que el 98 reconoce que la inmunidad es una institución milenaria que debe ser respetada, es decir, que le deja un margen de discreción. "A esta ambigüedad podrán aferrarse estados como Holanda, Estados Unidos o Alemania, que pueden encontrar una escapatoria legal porque consideran que, en esos casos, pueden llegar a prevalecer las inmunidades soberanas". Además, Mangas recuerda que el mismo Estatuto cuenta con mecanismos para no arrestar a los encausados: "La propia Corte reconoce que si hay algún tipo de convenio para que un jefe de Estado vaya a un acto internacional importantísimo, una negociación, y que no se le moleste con una operación de entrega a la Corte Penal. Eso también lo reconoce el propio artículo 98", concluye. 

Líderes de Hamás: caso parecido a Gaddafi

En el caso de Hamás, el fiscal de la CPI había pedido el arresto de los entonces líder del grupo, Yahya Sinwar; el jefe del ala militar, Mohammed Deif; y el presidente del buró político, Ismail Haniya. Pero Haniya murió en un ataque en Teherán el pasado julio y su heredero, Sinwar, también fue asesinado en Gaza en octubre, por lo que el fiscal de la CPI ha retirado su solicitud al considerar confirmado su fallecimiento. Solo quedaría Mohammed Deif. La Fiscalía ha indicado que continuaría recabando información sobre "su supuesta muerte". "No sería la primera vez que un procedimiento comienza y los líderes implicados mueren. Sucedió ya en el caso de Libia con Gadafi en su momento”, explica Conde Belmonte.

La decisión del Tribunal es independiente del caso que lleva la Corte Internacional de Justicia (CIJ), órgano de Naciones Unidas, en el que Sudáfrica acusa a que Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza. Mangas insiste en que el subtipo más importante de todos es el genocidio y que los juristas de la Corte de Naciones Unidas está trabajando y habrá que esperar sus conclusiones. "Esto va a ser muy importante", zanja. 

SIn embargo, la CPI no habla de genocidio, algo que los expertos interpretan como que los jueces han intentado "evitar la carga política que podría tener una acusación de genocidio e intentan ser un poco más, no sé si efectivos, eficientes a la hora de llevar este procedimiento adelante. Una acusación por genocidio es extremadamente grave: hay que demostrar un dolo especial que es la voluntad de exterminio total o parcial de un grupo étnico, religioso o nacional", argumenta el profesor de la UCM. Y aunque hay pruebas bastante fehacientes de que las actividades llevadas a cabo por el Ejército israelí y el Estado de Israel podrían entrar en la definición de lo que es un genocidio, "creo que la Corte Penal Internacional está siendo bastante, no sé si decir cauta, a la hora de no incluir genocidio".  

Sin embargo, insiste en que el hecho de no incluir el témino "genocidio", no significa que no se haya cometido. Es una investigación abierta y si la Fiscalía reúne elementos de prueba suficientes, si hay pruebas de eliminación o exterminio del pueblo palestino, "indudablemente les será imputado un delito de genocidio, el hecho de que no esté en este momento incluido en la orden internacional de detención no significa que, en su momento, de exisitir suficientes pruebas y evidencias, no se pueda ampliar la imputación", aclara Ollé.

Una CPI que "ponga las cosas en su sitio"

Aunque los juristas celebran esta decisión histórica, coinciden en que será muy extraño que podamos ver a Netanyahu "sentado en el banquillo". Para que esto ocurra deben darse, al menos uno de estos tres escenarios: el primero es que haya un cambio radical en la política israelí para que el país decida entregarlo, aunque sería más probable que se celebre un juicio interno en el país. El segundo sería que Estados Unidos decidiera no torpedear la investigación y, además, abandone el apoyo a Israel; y el tercero es que se mantenga la presión desde el ámbito internacional. 

Además, la particularidad de este proceso es que, por primera vez, se persigue a un aliado de Occidente y a lo que consideran que pertenece a un Gobierno democrático, tal y como recuerda la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

"Quiero una Corte Penal internacional que ponga las cosas en su sitio, que persiga a los ciudadanos de Estados Unidos, de Israel, de China y de tantos otros Estados que se creen los dueños del mundo", concluye Ollé. "Es la única forma para impedir que la impunidad campe a sus anchas" y por eso, esta es una decisión crucial a nivel jurídico, apunta.