El Parlamento de Nicaragua aprueba la reforma que aumenta el poder del presidente Daniel Ortega
- La medida amplia el mandato presidencial a seis años e incorpora el control de los medios de comunicación
- El control parlamentario permite a los sandinistas aprobar leyes ordinarias o reformar parcial o totalmente la Constitución
El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, ha aprobado este viernes una reforma parcial de la Constitución que otorga más poder al presidente Daniel Ortega, así como el de la Policía y el Ejército del país. La reforma fue enviada por el mandatario al Congreso el martes "con carácter de urgencia" y ha sido aprobada por unanimidad por los 91 diputados de la Cámara.
La reforma establece que la Presidencia coordinará a partir de ahora a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales, y estará integrada por un copresidente y una copresidenta, elegidos mediante sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, por mayoría relativa de votos. También incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
La medida, que refunda el Estado al denominarlo "revolucionario" establece, además, que la Presidencia de la República sea la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Los legisladores han reformado 135 artículos de la Carta Magna y derogado otros 38, incluido uno en el que se prohibía la práctica de la tortura.
Tras aprobar la reforma en términos generales, los legisladores han procedido a revisar cada uno de los artículos incluidos en ella. Según la Constitución nicaragüense, las reformas deben ser aprobadas en una segunda legislatura, en este caso en 2025, antes de entrar en vigor.
Seis años de mandato y control de los medios de comunicación
La reforma constitucional aumenta el control ejecutivo sobre los medios de comunicación, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y crea los nuevos cargos de "copresidentes". Contempla que el copresidente y la copresidenta ejercerán sus funciones por un período de seis años, que se contará a partir de su toma de posesión y que, dentro de ese período, gozarán de inmunidad.
Para optar a este cargo, los candidatos tienen que haber residido de forma continua en el país los seis años anteriores a la elección, salvo que durante ese período, por mandato oficial del Estado, cumpliese misión diplomática, trabajase en organismos internacionales o realizase estudios en el extranjero, entre otras.
Asimismo, la reforma ordena al sistema financiero nacional desoír las sanciones internacionales, bajo el argumento que "ninguna medida violatoria del derecho internacional" tomada por Estados, grupos de Estados o gobiernos extranjeros en contra de instituciones, funcionarios y/o personas nicaragüenses tendrá validez en el país.
También se creará la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional que, según opositores y organismos humanitarios, son fuerzas parapoliciales y paramilitares que actuaron con la aquiescencia del Estado en la denominada 'Operación Limpieza' con la que el Gobierno neutralizó las manifestaciones que estallaron en 2018. La Presidencia podrá además ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera.
El 9 de febrero de 2023, Ortega ya anunció sus intenciones de reformar la Constitución Política para nombrar a su esposa como "copresidenta de la República". "Aquí está la compañera Rosario Murillo, copresidenta de la República. En verdad así es: ¡Es copresidenta de la República! En la Constitución tendremos que hacer algunas reformas", anunció el mandatario sandinista.
El control parlamentario permite a Ortega aprobar cualquier ley
La Organización de Estados Americanos, un organismo diplomático regional, ha dicho que con estas medidas, tanto Ortega como la vicepresidenta y esposa del mandatario, Rosario Murillo, pretenden "aumentar su control absoluto del Estado y mantener su posición en el poder".
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha afirmado que los cambios suponen una preocupante erosión de los controles y equilibrios del poder ejecutivo. "Si se aprueban, estos cambios supondrán la sentencia de muerte para las libertades fundamentales y el Estado de derecho en Nicaragua", ha dicho en un comunicado.
El control del Parlamento permite a los sandinistas aprobar leyes ordinarias o reformar parcial o totalmente la Constitución. Ortega, de hecho, ha pedido reformar la Constitución en doce ocasiones desde 2007, incluida la modificación que le permite reelegirse de forma indefinida.
El actual presidente se proclamó vencedor en las últimas elecciones que celebró el país, el 7 de noviembre de 2022, en las que no participaron sus rivales políticos por estar encarcelados. Desde 1997, el período presidencial es de cinco años y Ortega, de 79 años, culmina su quinto mandato, y cuarto consecutivo, el 10 de enero de 2027.
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