Exmagistrados del Supremo y exfiscales se querellan contra Juan Carlos I por delitos contra la Hacienda Pública
- El rey emérito regularizó su situación tras saber que había una investigación fiscal abierta
- Los denunciantes consideran que no han prescrito los delitos fiscales cometidos entre 2014 y 2018
Magistrados retirados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción jubilados, expresidentes de la Audiencia Nacional, catedráticos de derecho, filósofos y periodistas han presentado una querella criminal contra el rey emérito, don Juan Carlos I, por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública cometidos en las declaraciones tributarias correspondientes entre los años 2014 y 2018.
Los querellantes argumentan que las dos regularizaciones fiscales que Juan Carlos I presentó en el año 2020, con el pago de más de 600.000 euros, y en 2021, con el pago de casi 4,4 millones de euros, no cumplen con los requisitos legales porque se habrían efectuado cuando ya se le había notificado en dos ocasiones sobre una investigación abierta contra él por hechos con "relevancia tributaria".
En concreto, desde la primera notificación hasta la primera regularización llevada a cabo, transcurren siete meses, según ha señalado este lunes José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo y uno de los querellantes, durante una entrevista concedida en La Hora de la 1. Entre los denunciantes figuran también fiscales anticorrupción retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena.
"La regularización está mal hecha (...) para que surta sus efectos despenalizadores tiene que producirse antes de la notificación de inicio de actuaciones por la Agencia Tributaria", reza el comunicado emitido por los magistrados al que ha tenido acceso RTVE.
Los hechos denunciados se habrían cometido presuntamente después de la abdicación de Juan Carlos I, lo que supone la pérdida de la de inviolabilidad que le han otorgado los tribunales españoles al interpretar el texto constitucional.
Disconformidad con el dictamen del Ministerio Público
El texto presentado por los denunciantes expresa su disconformidad con el dictamen emitido por la Fiscalía General del Estado, que dio por buenas en 2022 las dos regularizaciones fiscales que realizó el rey emérito sobre sus finanzas.
Asimismo, el documento recuerda la potestad que tienen los órganos judiciales para determinar, al margen de la opinión del Ministerio Fiscal, "si la regularización es correcta o por el contrario, [tal y como sostienen], no se ha ajustado la legalidad".
"En nuestro sistema procesal la opinión del Ministerio fiscal no cierra la vía para exigir responsabilidades penales ante los tribunales de Justicia mediante el ejercicio de la acción popular", agrega el comunicado al respecto.
Los querellantes solicitan que el jefe del Estado sea llamado a declarar en su domicilio de Abu Dabi además de que se interrogue a una decena de personas o representantes de distintas sociedades o fundaciones que abonaron gastos del emérito o gestionaron su fortuna en el extranjero.
Son, por ejemplo, el presidente de la Fundación Zagatka, propiedad del primo de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans, "principal fuente de financiación de todos los gastos", ha recordado el magistrado José Antonio Martín Pallín.
El Supremo determinará si las regularizaciones quedan inhabilitadas
Los denunciantes alegan que el rey emérito pudo tener conocimiento formal sobre las investigaciones que estaba realizando sobre él la Fiscalía Anticorrupción porque se le brindó la posibilidad de realizar una declaración voluntaria ante los juzgados de la Audiencia Nacional antes de que el caso pasase a jurisdicción del Tribunal Supremo.
Ahora, el Alto Tribunal deberá averiguar si ese conocimiento formal que para los querellantes tuvo Juan Carlos I acerca de las diligencias abiertas contra él, inhabilita las dos regularizaciones realizadas. Lo explica a TVE el secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo.
En 2018, la Fiscalía Anticorrupción emitió un auto en el que explicaba, una vez conocidas las conversaciones entre el excomisario Villarejo y Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que las contingencias tributarias que revelaban esas conversaciones sobre el rey emérito tenían la gravedad suficiente como para que la Audiencia Tributaria "les preste especial atención y las verifique".
Conocidas esas grabaciones y ante el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria no pone en marcha ninguna investigación contra el rey emérito. Hecho que permitía, a juicio del Supremo, exculpar a don Juan Carlos I, dando por buenas las regularizaciones y asumiendo que "no se habían cometido esos delitos contra la hacienda publica", argumenta Mollinedo.
Dos regularizaciones fiscales, en 2020 y 2021
En diciembre de 2020 el rey emérito presentó en la Agencia Tributaria una primera regularización fiscal por el impuesto sobre sucesiones y donaciones con el siguiente detalle: cuota a ingresar 556.412 euros, recargos por 83.461 euros e intereses de demora por 38.516 euros. La acompañó con un escrito en el que manifestaba que la autoliquidación respondía "a las donaciones de Allen Sanginés Krause".
La segunda de ellas, en febrero de 2021 y por valor de 4.416.757,46 euros, corresponden los gastos sufragados a Juan Carlos I por la Fundación Zagakta, propiedad del primo del rey emérito Álvaro de Orleans, con posterioridad del 19 de junio de 2014.
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