El Senado veta la ley de Eficiencia Judicial y Bolaños carga contra los 'populares': "Es el PP que tenemos que sufrir"
- El PP defiende que es un "proyecto viciado" y tramitado con una "rapidez impropia"
- Bolaños critica al PP en Barcelona, donde ha presentado un plan para combatir la multirreincidencia en la capital catalana
El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles el proyecto de ley de Eficiencia de la Justicia impulsado por el Gobierno gracias a los votos en contra del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara, y los de Vox.
Ahora, la norma volverá al Congreso, donde salió adelante con el apoyo de los socios de investidura el 14 de noviembre, para debatir si se aprueba o por contra el texto vuelve al Gobierno.
El veto de la norma en la cámara alta ha provocado la reacción de su principal impulsor, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha cargado durante una rueda de prensa en Barcelona contra los 'populares' por votar contra "algo útil para los ciudadanos, que es convertir la justicia en un servicio público del siglo XXI": "Ese es el PP que tenemos que sufrir", ha agregado.
Asimismo, el ministro ha subrayado que esta ley "fue trabajada por dos ministros del PP, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá", y que supondrá "un avance fundamental" para la justicia en España.
El proyecto pretende reformar la planta judicial para acercarla al ciudadano, contemplando la especialización de los órganos judiciales y apostando por medios alternativos de solución de controversias.
En concreto, mantiene los Juzgados de Paz, desarrolla aspectos de la 'ley del solo sí es sí', ofrece nueve meses para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual, elimina las 'golden visa', corrige un error en la ley de paridad que desprotegía a los trabajadores con permisos para cuidados e incluye una reforma sobre la ejecución de euroórdenes.
El PP defiende un veto contra el "uso fraudulento de la elaboración legislativa"
Pero el argumentario del Gobierno no convence a la oposición. Durante el debate que ha tenido lugar este miércoles en el Senado, la senadora del PP María José Pardo ha defendido el veto a la norma señalando que va contra el "uso fraudulento de la elaboración legislativa": "Un no a disfrazar bajo la modernización de la Justicia las cesiones a los socios de Gobierno y un no a legislar a la carta de quienes pisotean el imperio de la ley", ha expresado la senadora en su turno de palabra.
"Trataremos de revertir todas las barbaridades que hay en esta ley, tengan claro que lo vamos a hacer", ha anunciado la 'popular', que ha sostenido que es un "proyecto viciado" y tramitado con una "rapidez impropia".
Por su parte, la senadora de Vox Paloma Gómez ha compartido el veto a la norma apuntando de igual forma a la tramitación "precipitada e incompatible con un estudio profundo", "al son de los plazos que le interesan al Gobierno en sus pactos con su socios comunistas y separatistas".
Bolaños presenta con Illa un plan de choque contra la delincuencia
Bolaños ha cargado contra el PP durante una rueda de prensa en la que ha participado este miércoles tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para abordar el anunciado plan de choque para combatir la multirreincidencia en la capital catalana.
En este sentido, el Ministerio de Justicia y la Generalitat han acordado poner en marcha el año próximo en Barcelona un tercer juzgado de guardia para delitos leves, principalmente hurtos, y otros cuatro juzgados penales, en el marco del plan de choque para atajar la multirreincidencia en la capital catalana.
Con los nuevos cinco órganos, Barcelona dispondrá de 33 juzgados de lo penal, lo que según ha afirmado Bolaños permitirá "agilizar" los juicios rápidos en los casos de hurtos y otros delitos leves y acortar los tiempos de celebración para acercarlos a la media española, que es de seis meses frente a los 13 o 14 de la capital catalana.
Además, se permitirá el acceso de la Guardia Urbana al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) para detectar casos de multirreincidencia y se creará una comisión de Seguimiento entre todas las administraciones implicadas y el CGPJ.
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