Más de 30.000 empleados están en un ERTE por fuerza mayor por la DANA, con casi 3.000 empresas solicitantes
- El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, considera estas cifras "un éxito de todos"
- La reducción de jornada, nuevo SMI, el estatuto del becario y la reforma del despido, entre los retos para 2025
Cerca de 30.417 trabajadores están acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor debido a la DANA en la Comunidad Valenciana. Además, 2.882 empresas han solicitado esta prestación, según ha indicado el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, durante unas jornadas sobre los 'Retos laborales de 2025' este miércoles en Madrid.
"Que en una crisis de la magnitud destructiva de la de Valencia tengamos 30.000 trabajadores retenidos en mecanismos de retención del empleo y que no tengamos un rosario de expedientes de regulación de empleo (ERE) o de despidos, creo que es un éxito de todos", ha asegurado Pérez Rey, que ha puesto en valor las medidas de protección laboral desarrolladas tras las inundaciones.
En este sentido, ha aludido a la reforma laboral y a la legislación derivada de la construcción de un marco de relaciones laborales basado en la "estabilidad", como las propulsoras de un modelo laboral distinto al que caracterizaba el mercado de trabajo español, muy marcado por la temporalidad. Estas reformas, según Pérez Rey, han logrado que actualmente las empresas tomen decisiones que "se basan en elementos alternativos al despido".
Retos de cara a 2025: reducción de jornada y estatuto del becario
En las jornadas, el 'número dos' de Trabajo ha enumerado una serie de retos a los que se enfrenta el mercado laboral español. Entre ellos, se encuentra la reducción de la jornada laboral, que actualmente ha entrado en una segunda fase con una negociación solo con las organizaciones sindicales. CEOE y Cepyme se opusieron a la propuesta del Gobierno de recortar el tiempo de trabajo hasta las 37,5 horas para 2025 por ley.
"No es porque no lo hayamos intentado. Hemos estado 11 meses y 14 reuniones, el Ministerio ha admitido todas las configuraciones de la mesa que nos han pedido", ha recalcado Pérez Rey, que ha reiterado la necesidad de recortar la jornada por ley porque "los camareros tienen el mismo derecho de tener un recorte de jornada que un trabajador de Telefónica".
De igual manera, durante su intervención, Pérez Rey ha defendido avanzar hacia un Estatuto del Becario para "cuidar del talento" que accede a las empresas y evitar que "la formación sea la excusa para la degradación de las condiciones de trabajo". "Hay que acabar con la figura de los falsos becarios, al igual que lo estábamos haciendo con los falsos autónomos", ha defendido.
Así, el 'número dos' de Trabajo ha indicado que el mercado laboral español debe incorporar una verdadera transición digital y ha destacado la directiva 'rider', que hay que "completar". En esta línea, ha aplaudido que Glovo decidiera esta semana cambiar su modelo de falsos autónomos para incorporarlos en su plantilla.
Trasponer la directiva europea de salarios mínimos
De igual manera, Pérez Rey ha aseverado que transponer la directiva europea de salarios mínimos es otro de los retos que debe asumir España y para lo que el plazo se va a acabar "rápidamente". "Hasta ahora hemos ido actualizando las cuantías de un decreto que está claramente obsoleto y (...) tenemos la obligación de incorporar a nuestro país la directiva sobre salarios mínimos interprofesionales (SMI)", ha detallado.
Sobre la cuestión, ha recordado que el próximo 10 de diciembre se volverá a reunir el Comité de Expertos para analizar a cuánto debe subir al salario mínimo para 2025 para seguir manteniéndolo en el 60% del salario medio del país. Entonces, se convocará a los agentes sociales para negociar la subida.
Adicionalmente, Pérez Rey ha asegurado que se debe trabajar en una nueva regulación del despido. "Hay que afrontarlo y hay que hacerlo en el seno del diálogo social", ha expuesto el secretario de Estado, que considera que el sistema de despido español es "insatisfactorio, porque no repara el daño y porque en muchas ocasiones no es disuasorio", como resolvió el Comité Europeo de Derechos Sociales.