La Policía detiene a 36 personas de una trama dedicada al tráfico de migrantes cubanos

Cada migrante habría pagado unos 10.000 euros

La Policía Nacional informa en un comunicado que cada migrante habría pagado unos 10.000 euros a la red criminal para poder entrar en España.

La operación se ha saldado con 36 detenciones, entre ellas las de los cuatro cabecillas de la organización, detenidos en Alicante y Málaga y que ya se encuentran en prisión provisional. Dos de ellos se dedicaban a la captación de migrantes, la obtención de billetes y la facilitación de cartas de invitación para que pudieran entrar en Serbia. Los otros dos, organizaban la ruta terrestre y facilitaban documentación para llegar a España.

La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número dos e impulsada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, comenzó en enero de 2023 cuando las autoridades alemanas se pusieron en contacto con la Policía Nacional para indicarle que habían detenido en uno de sus aeropuertos a una ciudadana cubana procedente de Belgrado y con destino Madrid que portaba un DNI español sustraído.

El traslado lo hacían "conductores piratas"

A partir de estos hechos, el equipo investigador constató la existencia de un grupo criminal especializado que captaba a los ciudadanos cubanos en su país de origen a través de una web que sumilaba ser una agencia de viajes legal, los trasladaba hasta Belgrado normalmente haciendo escala en el aeropuerto alemán de Frankfurt y después a Grecia por tierra.

El traslado lo hacían "conductores piratas" y guías conocidos como "coyotes" que facilitaban los cruces fronterizos de manera clandestina, y en los que muchas veces se ponía en peligro la vida de los migrantes, pues los obligaban a introducirse en los maleteros de vehículos que circulaban a gran velocidad.

La organización criminal tenía cuentas bancarias en Bélgica destinadas a la recepción del dinero y que fueron abiertas utilizando documentación falsa.

En el operativo se han realizado tres registros domiciliarios, en Alicante y Málaga, en los que se han intervenido más de 7.000 euros en efectivo y abundante material informático y documentación relevante para la investigación.