Junqueras y los exconsejeros de ERC acatan el 155 y omiten la vía unilateral

El precedente de Carme Forcadell

En su escrito, el abogado Andreu Van den Eynde apunta a que el tratamiento que se dio a Forcadell y los miembros de la Mesa de JxS "no tiene por qué constituir una guía exacta" para los exconsellers de ERC, pero "sí es ejemplo de la filosofía que debe imperar en el juicio de proporcionalidad judicial".

En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa asegura que todos "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".

Eso sí, los exconsejeros recuerdan que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva", y en el caso de que "en el futuro" volvieran a ostentar algún cargo público "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación".

Los exconsellers, añade la defensa, cesaron en sus responsabilidades públicas y optaron por "asumir el reto electoral fijado por el Gobierno de España", no como "estrategia defensiva, sino como una decisión personal".

Los abogados piden a Llarena que los exconsellers vuelvan a declarar "en la medida en que ello sirva para ratificar los términos de su voluntad futura", aunque sin entrar a discutir el fondo de la imputación por los delitos rebelión, sedición y malversación de que se les acusa.

Los abogados descartan también que exista riesgo de fuga de los investigado, teniendo en cuenta que comparecieron ante la Audiencia Nacional cuando se les citó, "pese al altísimo riesgo de detención e incluso de prisión provisional (así se apuntaba en todos los medios de comunicación y así sucedió) que por el momento político y la precipitación de los acontecimientos se corría".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido que el hecho de que los exconsellers de ERC hayan acatado la ley ante el Tribunal Supremo demuestra "la fortaleza del Estado y del Estado de derecho".

"Lo que se demuestra es la fortaleza del Estado y del Estado de derecho, y todo el mundo, sobre todo los catalanes, se hubiera ahorrado disgustos" si hubiesen acatado la ley desde el principio, ha señalado Sáenz de Santamaría en Barcelona.

La Audiencia Nacional estudiará el lunes los recursos pendientes

Por otra parte, en la Audiencia Nacional se celebrará el lunes una vista para deliberar sobre los recursos presentados por Junqueras y los otros siete exconsejeros en prisión preventiva. Los cinco magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal decidirán sobre estos recursos, en los que los investigados pidieron que se valorara para su puesta en libertad que "son candidatos potenciales a las elecciones y que si estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral" del 21-D.

La Audiencia Nacional tiene que pronunciarse sobre estos recursos pese a que las causas judiciales relacionadas con el proceso independentista han pasado ya al Tribunal Supremo, a excepción de la que se sigue contra Josep Lluis Trapero, el exjefe de los Mossos d'Esquadra, la cual continuará instruyendo la magistrada Lamela.

La misma Sección estudiará antes, el viernes, los recursos presentados contra el auto de la juez Carmen Lamela por el que admitía a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado contra los exmiembros del Govern, en el que se declaraba competente para instruir el caso y decidía incorporar esta investigación, como pieza separada, a la causa por sedición que ya dirigía contra Trapero, la intendente de los Mossos Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

La magistrada aseguró en su auto que los querellados intentaban "dar una apariencia de legalidad a las etapas del proceso de desconexión", amparándose especialmente en la actuación de los movimientos populares, ya que el objetivo era crear en la ciudadanía "un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas que justificara la desobediencia de la sociedad".