El gigante británico Carillion quiebra y Londres debe reasignar los servicios públicos que gestionaba

Gobierno de May: los trabajadores seguirán recibiendo su salario

Además, la compañía señala que el Gobierno británico deberá aportar los fondos necesarios para mantener los servicios públicos de los que se encargaba hasta ahora y que abarcan actividades de defensa, educación, sanidad y transportes.

Así lo ha confirmado también el viceprimer ministro británico, David Lidington, quien ha asegurado que "todos los empleados deben seguir yendo a trabajar" y seguirán recibiendo su salario.

En las primeras declaraciones del Gobierno británico, Lidington ha explicado a la BBC que, cuando comenzaron los problemas económicos de Carillion, los departamentos gubernamentales que tenían contratos con ese grupo elaboraron planes de contingencia para poder responder a lo que ahora ha sucedido.

En ese sentido, ha explicado que Carillion gestionaba los servicios en alianza con otras empresas que, ahora, deberán aumentar su implicación. Además, ha indicado que algunos contratos se reasignarán a otros proveedores.

"La plantilla que trabaja en contratos del sector público [adjudicados a Carillion] tiene todavía un importante trabajo que hacer", ha señalado el número dos de Theresa May.

Importante proveedor de servicios públicos

Entre los proyectos en marcha de Carillion figura, por ejemplo, el tren de alta velocidad que unirá Londres con Birmingham, Manchester y Leeds, cuya adjudicación ganó en julio pasado. Y entre los servicios que gestiona están un millar de escuelas, muchas prisiones y hospitales, así como el mantenimiento de la red ferroviaria y de unas 50.000 viviendas del Ministerio de Defensa británico.

Además, ha participado en obras emblemáticas como el túnel bajo el Canal de Suez o la estación central de Toronto, o la rehabilitación de la Royal Opera House de Londres.

"En los últimos días, hemos sido incapaces de asegurar la financiación necesaria para apoyar nuestro plan de negocio y, por eso, con profunda tristeza, hemos tenido que tomar esta decisión", explica el presidente de Carillion, Philip Green, en la nota hecha pública.

Los laboristas exigen una investigación

El grupo -fundado hace 200 años y la segunda mayor constructora de Reino Unido- se ha visto perjudicado por retrasos en grandes contratos y el fracaso en nuevas vías de negocio que causó una cadena de avisos sobre sus resultados en el mercado.

En estas circunstancias, la valoración bursátil del grupo ha caído por debajo de 100 millones de libras (112 millones de euros), después de que sus acciones se hayan hundido un 90% en el último año.

La trascendencia de la quiebra de Carillion ha llevado al Partido Laborista a exigirr una investigación sobre la actuación del Gobierno de Theresa May respecto a esta empresa.

"Esta compañía presentó tres avisos de resultados en los últimos seis meses y, a pesar de esas alertas, el Gobierno continuó premiándola con contratos públicos", ha indicado la portavoz laborista para Empresas, Rebecca Long-Bailey, a la televisión BBC.

Long-Bailey ha añadido que el Gobierno de May debe actuar rápidamente para recuperar el control de los servicios cubiertos por esa empresa privada y dar garantías de continuidad, tanto a lor 43.000 empleados de la compañía como a sus proveedores.

"Queremos asegurarnos de que los contribuyentes británicos no van a verse perjudicados por las acciones del Gobierno y de esta compañía", ha concluido la política laborista.