Guardia Civil y CIAF interrogan al operario que regulaba el tráfico y la jueza requiere las cajas negras del accidente
- Los agentes colaboran con los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)
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Las fuerzas de seguridad en la estación de Atocha (Madrid) este miércoles tras conocerse la colisión de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo)EFE/Borja Sanchez-Trillo
Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya han interrogado al operario del centro de control de Adif que regulaba el tráfico de la línea del AVE Madrid-Sevilla en el momento en el que se ha producido el accidente que ha dejado al menos 68 muertos tras el impacto de dos trenes a la altura de Urda (Toledo).
Es el inicio de la investigación que la CIAF debe llevar a cabo para esclarecer las causas de lo ocurrido.
Según ha confirmado RTVE, los agentes del instituto armado han actuado como apoyo de los investigadores de la CIAF, organismo que tiene el objetivo de averiguar qué falló y proponer medidas para evitar que se repita.
La investigación judicial corresponde a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, plaza número 2, en funciones de guardia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya ha comunicado el apoyo a la jueza de guardia "en la dirección y tramitación de las diligencias judiciales derivadas de la catástrofe, levantamientos de cadáveres, autorizaciones judiciales, coordinación institucional y restantes actuaciones que resulten necesarias".
La fiscal de guardia de Orgaz ya ha solicitado varias diligencias y tanto la jueza como el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández García, han visitado el lugar del accidente con la comisión judicial que coordina las actuaciones. Además, la magistrada ha ordenado la incautación y custodia de las cajas negras de los trenes siniestrados por parte de la Policía Judicial para su posterior análisis.
Hasta el momento, el tribunal ha acordado prohibir el acceso a terceras personas al lugar del accidente. La zona restringida se extiende en un radio de dos kilómetros desde la vía. Solo estarán autorizados para permanecer en el terreno las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los equipos de salvamento y sanidad y el personal judicial.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de "inexplicable" la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.
Así lo ha trasladado a los medios de comunicación desde el centro de control de Atocha, adonde se ha trasladado a primera hora para hacer seguimiento de lo ocurrido y recabar la información necesaria sobre el accidente.
Sobre la persona que ha dado el visto bueno a la reanudación de la marcha del AVE, Puente ha informado de que está identificada y sometida a lo que la investigación determine. "No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener", ha añadido.
Vox presenta querellas contra Adif y Óscar Puente
El partido político Vox ha presentado una querella contra los responsables de Adif por homicidio imprudente y delitos imprudentes, señalando en particular al operador del puesto de mando y a "sus superiores" por autorizar la reanudación de la marcha de los trenes tras el fallo del sistema LZB. Los de Abascal ha pedido que se tomen medidas de "conservación de las fuentes de prueba", para impedir su "desaparición, deterioro o sustitución y garantizar su identificación.
También se han querellado, ante el Tribunal Supremo, contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por "presuntos homicidios y lesiones por imprudencia grave". Quieren que declare como investigado por el "incumplimiento de sus propios deberes de dirección y control en relación con la seguridad ferroviaria y con la supervisión de las entidades adscritas". Y solicitan que declaren como testigos, entre otros, la secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, la subsecretaria del departamento y varios representantes sindicales.
El escrito, al que ha tenido acceso RTVE, sostiene que debe investigarse qué información recibió o debió exigir Puente sobre las deficiencias de seguridad, qué medidas promovió y cómo verificó su ejecución, y recoge las advertencias formuladas tras los accidentes de Adamuz y Gelida, y pide que se compruebe el cumplimiento de los compromisos alcanzados con los sindicatos para reforzar el mantenimiento, el personal y la seguridad.
Quieren, también, que se examinen los protocolos aplicables ante los fallos de los sistemas de protección ferroviaria, y una prueba con "peritos independientes" sobre las "deficiencias existentes y las medidas concretas que habrían podido evitar la colisión".
Denuncia de Manos Limpias
La organización Manos Limpias ha presentado una denuncia en los juzgados de Orgaz, en Toledo, contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y las compañías Iryo y Renfe, "así como contra aquellas personas físicas directivas o encargadas de la supervisión, mantenimiento y gestión del material rodante e infraestructura cuya identidad resulte acreditada en el curso de las investigaciones".
Por si los hechos ocurridos "pudieran ser constitutivos de delitos contra la seguridad colectiva", pero también por posibles delitos de "imprudencia grave con resultado de lesiones y/o homicidio y la eventual responsabilidad penal ante lo sucedido.
Manos Limpias solicita, entre otras cuestiones, que la CIAF remita al juzgado una copia íntegra del informe preliminar o definitivo tramitado sobre las causas del siniestro. También un requerimiento documental a las empresas gestoras y operadoras para que aporten el libro de mantenimiento, fichas de revisión técnica y partes de incidencias del tren involucrado correspondientes a los últimos cinco años.
Y la organización también pide que la Policía Judicial y la Policía Científica tomen declaración en calidad de perito/testigo al ingeniero industrial Juan Franco para que "ratifique y elucide" sus manifestaciones sobre los fallos detectados en el sistema de mantenimiento. Y designar un perito pericial técnico independiente por parte del juzgado para el análisis del material rodante y las infraestructuras siniestradas.
