Límites y derechos de las empresas: ¿Pueden sustituir a los huelguistas o sancionar a los trabajadores?
- La ley prohíbe sancionar, despedir o discriminar a los trabajadores que secunden el paro
- Los piquetes no pueden coaccionar a quien acude a su puesto ni ocupar los centros de trabajo

Presentación en Navarra de la huelga general del 11NEFE/Jesús Diges
La huelga es un derecho fundamental de los trabajadores, recogido en la Constitución y desarrollado y regulado por el Real Decreto-ley 71/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que establece igualmente qué puede hacer y no la empresa. Entre las principales medidas destaca la prohibición de preguntar expresamente al trabajador si tiene previsto secundar el paro o sustituir a aquellos empleados que decidan no acudir a su puesto.
La huelga general del próximo 11 de noviembre sumaba esta semana, según UGT y CC OO, los grandes sindicatos organizadores, más de 3.600 adhesiones de diferentes comités de empresa, juntas de personales y secciones sindicales. Ante esta cifra, las dos centrales esperan una movilización masiva. Lo que sigue es una guía sobre los deberes y derechos que también tienen las empresas ante una convocatoria de estas características.
¿Quién puede hacer huelga?
"Todos los empleados son libres de secundar la huelga o no hacerlo, debiendo respetarse su decisión", recuerda el despacho de abogados Garrigues en una publicación en su página web. Eso implica, según la consultora DMQ, que la empresa en ningún caso puede "sancionar, despedir o tratar de forma distinta" al trabajador que decida sumarse al paro.
No obstante, en aquellas empresas que prestan servicios esenciales, o en la administración pública, se deben fijar unos servicios mínimos para garantizar la continuidad del trabajo. Para ello, el empresario, con "criterios objetivos", designará a los trabajadores que deberán cumplirlos.
¿Puede saber la empresa quién va a hacer huelga?
Los trabajadores no tienen obligación de comunicar previamente si secundarán la huelga, ya que con el registro de la convocatoria por parte de los sindicatos es suficiente, y la empresa no puede preguntarlo. El despacho de abogados Caballero & Fuentes, en una publicación dirigida a empresas, recuerda que conviene "evitar las consultas individuales o las listas anticipadas de adhesión que puedan interpretarse como una forma de control o presión".
El bufete aconseja, si la empresa tiene "una necesidad organizativa imprescindible", estudiar cómo "recabar información de manera genérica, voluntaria y sin consecuencias para quien no responda, preferiblemente a través de la representación legal de los trabajadores".
¿Qué pasa con el salario de los trabajadores?
El contrato de trabajo queda suspendido para los huelguistas ese día. El empleado pasa a estar en situación de alta especial en la Seguridad Social y la empresa ni abona el salario ni cotiza por el trabajador durante el tiempo que dure el paro.
Secuendar la huelga no supone una reducción de las vacaciones y, en ningún caso, es "sancionable", aunque otros comportamientos, como incumplir los servicios mínimos o coaccionar a quien no sigue el paro, sí, apunta Garrigues.
¿Cómo se cubren los puestos de los huelguistas?
La ley prohíbe contratar personal para cubrir a los huelguistas, "ya sea de otras sociedades, de sociedades del grupo o de una Empresa Temporal de Trabajo (ETT)", recuerda Garrigues. El despacho precisa además que la doctrina judicial "más restrictiva" considera "esquirolaje cubrir a los huelguistas con plantilla propia", es decir, con traslados de personal entre centros, cambio de funciones o que los responsables asuman las tareas de los empleados en huelga.
No obstante, "el empresario podrá sustituir a los empleados de su plantilla en los casos en los que se produzca un incumplimiento de los servicios de seguridad y mantenimiento".
Servicios mínimos, de seguridad y de mantenimiento
Los servicios mínimos "garantizan las prestaciones indispensables de un servicio esencial para la comunidad" y los debe establecer la administración competente, explican en Caballero & Fuentes. Por ejemplo, las comunidades autónomas decretan los servicios mínimos en Educación y Sanidad, también en los transportes públicos que dependan de ellas (líneas de autobús urbanas o interurbanas, metros o tranvías).
"Cuando una empresa presta estos servicios como contratista o concesionaria de una Administración, debe revisar la resolución aplicable y cumplir sus condiciones. La empresa no puede establecer servicios mínimos por su propia iniciativa", aclara el bufete.
Además de los servicios mínimos, en una huelga también deben tenerse en cuenta y garantizarse los servicios de seguridad y de mantenimiento. Estos son los que "protegen a las personas, los bienes y las instalaciones y permiten la reanudación de la actividad. Pueden ser necesarios en empresas públicas o privadas y deben concretarse con el comité de huelga".
¿Cómo puede actuar la empresa ante los piquetes?
"Los piquetes informativos pacíficos forman parte del ejercicio del derecho de huelga", remarcan en el despacho de abogados Caballero & Fuentes. Es decir, la empresa debe respetar su actividad y estos, en ningún caso, coaccionar la libertad de aquellos trabajadores que decidan acudir a su puesto. Este derecho no ampara, subrayan los expertos, la violencia o las amenazas y, en caso de que se produzcan, recomiendan "documentar los hechos" y, si es necesario, avisar a la Policía.
Los huelguistas tienen que tener en cuenta que no están autorizados a acceder al centro de trabajo durante el desarrollo de los paros y que la ocupación de este puede desembocar en un cierre patronal.
¿Qué es un cierre patronal?
El cierre patronal es una de las prerrogativas que la ley concede a las empresas y consiste en la clausura del centro de trabajo, impidiendo que los empleados puedan desarrollar su labor. Ahora bien, es una medida extrema que solo se puede ejecutar en casos muy concretos: cuando exista peligro grave de violencia para las personas o bienes o se ocupe ilegalmente el centro de trabajo.
Si la empresa se ve obligada a tomar esa medida, debe comunicarla a la autoridad laboral en un plazo de 12 horas y limitarla al tiempo indispensable para poder reanudar la actividad.


