La Audiencia Nacional admite la querella contra Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante

  • Las querellantes están citadas a declarar, de forma presencial, el próximo 3 de febrero
  • El juez rechaza la querella respecto de los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores
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La Audiencia Nacional admite la querella contra Julio Iglesias
RTVE Noticias

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido la querella presentada contra el cantante Julio Iglesias por parte de dos exempleadas suyas por presuntos delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante, han informado este miércoles fuentes judiciales a RTVE.

En un auto, el titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia cita a declarar a las querellantes, de forma presencial para ratificar la querella, el próximo 3 de febrero. Asimismo, rechaza la querella respecto de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores, al considerar en el primer caso que no medió engaño ni artificio alguno en su contratación y en el segundo porque Bahamas y República Dominicana, donde supuestamente tuvieron lugar los hechos, carecen de un tipo penal asimilable.

El magistrado explica que la jurisdicción española es competente en este caso en virtud de la nacionalidad española del cantante y porque se cumplen las circunstancias exigidas para investigar delitos cometidos fuera de territorio nacional por ciudadanos españoles. Con todo, el juez aclara que las querellantes también pueden acudir a los tribunales del país donde supuestamente se cometieron los hechos.

La valoración de las pruebas

Tras estudiar el caso, el juez ha admitido la querella al considerar que el "relato pormenorizado" que contiene y el principio de prueba que se aporta "son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad". Piña especifica que, en lo que respecta a los delitos de lesiones y trato degradante "se limitan a los hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, salvo que formen parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito".

El juez explica que las conductas que se describen podrían ser constitutivas de un delito contra la libertad sexual, aunque en este momento inicial no se puede realizar una calificación en relación con la posible prescripción de alguna de esas conductas y, en especial, aquellas que la legislación vigente se calificaba como abuso sexual y que conllevaban una pena inferior a cinco años.

En la querella se hace referencia al cantante y a otras dos trabajadoras, las denominadas "Sra. M. y la Sra. Z.", quienes son definidas como 'house manager' de la casa de Iglesias en Bahamas y Republica Dominicana.

"En los delitos de agresión sexual no podemos desconocer, y además compartimos plenamente, la relevancia que presenta la declaración de la víctima en la investigación y acreditación de aquellos delitos que por ser realizados en un ámbito de intimidad carecen de testigos directos de los hechos", indica el juez. La querella, continúa, se sustenta fundamentalmente en la declaración de las dos denunciantes, "quienes describen los hechos e imputan las conductas a los distintos participes".

Como elemento probatorio, se aporta una fotografía del brazo de una de las querellantes que evidencia los "hematomas en fase de curación" que, según ella, "responden a agarrarla fuertemente por el brazo y a unos mordiscos en una de sus piernas".

Intercambio de mensajes

En su auto, el magistrado analiza el conjunto de mensajes de 'Whatsapp' intercambiados entre las querellantes y Julio Iglesias y las otras dos trabajadoras ('house managers') contra las que inicialmente se presentó la querella en la Fiscalía, pero no después en el juzgado.

Sobre estos mensajes, y según ha informado la Audiencia Nacional, el juez indica que la relación se perpetúa a lo largo de tres años sin que en todo ese tiempo se haya producido reproche alguno por lo acontecido. Se trata de mensajes que vienen a perpetuar una "relación fluida y afectuosa entre personas que denotan amistad". Entre ellos reiteradas felicitaciones de año nuevo o la persistencia en conocer cómo se encontraban. Esta relación de amistad, indica el auto, se perpetúa hasta 2024.

Para el juez, ese tono "aparentemente cordial o afectuoso deberá ser contrastado con el conjunto de la relación y las explicaciones de las intervinientes".

"Los mensajes presentan una aparente discordancia con determinados extremos del relato, que deberá esclarecerse mediante la declaración de la querellante 1 y el examen íntegro y contextualizado de las comunicaciones", concluye.

El juez rechaza la condición de testigos protegidos

Piña rechaza que las dos querellantes tengan la condición de testigos protegidos y que se adopte la medida de alejamiento, ya que en su opinión la querella no aporta elementos concretos que pongan de manifiesto "la especial situación de peligro exigida por la ley" para la condición de testigo protegido.

La decisión de acudir a la jurisdicción española parece responder, agrega el juez, a una elección "fundada en razones de oportunidad procesal, aun cuando dicha elección pueda determinar la fragmentación del conocimiento de unos hechos que, por su propia naturaleza y por la pluralidad de personas que habrían intervenido en ellos, aconsejarían un enjuiciamiento conjunto". Esto hace referencia a las limitaciones que se darían para juzgar en España, de acreditarse su supuesta implicación, a las 'house managers', que son de nacionalidad extranjera.

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Aval de la Fiscalía

En un principio, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró que los tribunales españoles no eran competentes para investigar la primera querella presentada, que apuntaba a presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, vejaciones, malos tratos de obra e incumplimiento de deberes laborales. La decisión apelaba, entre otras cosas, a que los hechos denunciados ocurrieron íntegramente en el extranjero. Días antes, Iglesias había solicitado el archivo y en sus redes sociales negó de forma tajante las acusaciones.

Pero las exempleadas del cantante decidieron presentar una nueva querella directamente en el juzgado -esta vez sin incluir a las 'house managers'-, tras la que, a mediados de octubre pasado, la Fiscalía modificó su criterio y consideró que la Audiencia Nacional sí podía examinar la querella. Ahora, el juez ha decidido que sí corresponde abrir una investigación formal.

Las denunciantes esgrimieron que Iglesias "habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante". Aluden a "situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas", así como a "condiciones laborales forzadas y degradantes", según informó la ONG Women's Link, que les asesora en el proceso.

Julio Iglesias también llegó a demandar en julio pasado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por intromisión al honor al dar por sentadas las acusaciones planteadas en la primera denuncia, pero el Tribunal Supremo no admitió a trámite la denuncia.