Más de la mitad de jueces y fiscales hacen huelga para exigir una justicia despolitizada y mejores condiciones

"Dejación y abandono" del servicio público

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han suscrito un comunicado conjunto en el que han justificado la huelga ante su "profundo malestar" con todos los responsables del sector, de los grupos parlamentarios al Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la "dejación y abandono" en el que se encuentra este servicio público.

El juez decano de Madrid, Antonio Viejo, ha resumido el sentir de las organizaciones profesionales al asegurar que lo que persiguen es "un cambio real para la mejora de la justicia, que sea la que los ciudadanos del siglo XXI requieren" y con los medios y recursos necesarios para garantizar la calidad.

Jueces y fiscales reclaman, entre otras cosas, unas cargas de trabajo saludables, más autonomía de la Fiscalía o independencia del Consejo General del Poder Judicial, después de haber hecho cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes.

Los magistrados también exigen el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la justicia y la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial. Por su parte los fiscales piden la derogación del sistema de plazos de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

Adhesión de 30 magistrados del Supremo

Treinta magistrados del Tribunal Supremo -casi el 40% de sus 79 miembros- se han adherido a esas reivindicaciones a través de un comunicado hecho público con motivo de la huelga.

En esa nota, difundida por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, los magistrados manifiestan su "total apoyo" a la defensa de unas "justas peticiones" que reclaman "las imprescindibles reformas que necesita la Administración de justicia para cumplir correctamente con la función constitucional que le corresponde".

"La garantía de la independencia judicial, la modernización de la administración de justicia para mejorar su calidad y eficacia, el incremento de las inversiones con el aumento de las plantillas de jueces y fiscales para adecuarlas a las existentes en los países de nuestro entorno y la racionalización de la planta judicial resultan absolutamente imprescindibles", agregan.

A juicio de estos magistrados del Supremo, a esas medidas "debe sumarse la protección de los derechos profesionales de jueces y fiscales con la instauración de un sistema de cargas de trabajo razonable, así como la actualización y revisión de las retribuciones en cumplimiento del mandato previsto en la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal".

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