Luces y sombras del legado que Rajoy deja a Sánchez tras seis años y medio en la Moncloa

1. Crisis política en Cataluña

El desafío independentistas catalán es el problema más urgente que hereda Sánchez de Rajoy. La celebración del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia llevó al ya expresidente del Gobierno a poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, para cesar al Govern, disolver el Parlament y convocar elecciones el 21 de diciembre para reestablecer la legalidad.

Con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont huido junto a otros exconsellers y parte del antiguo Govern en prisión provisional, las nuevas elecciones arrojaron de nuevo una fotografía de una sociedad catalana fracturada en dos, con una mayoría no independentista en votos, pero una mayoría absoluta en escaños de los partidos rupturistas.

Mariano Rajoy, criticado por dejar que los problemas se enquisten, ha sido acusado de ofrecer solo una respuesta judicial a la situación de Cataluña y no haber intentado dialogar. Sin embargo, él siempre ha defendido que estaba dispuesto a hablar, pero no de romper España con los que no cumplían las leyes.

Sánchez, que ha sido investido presidente con los votos de los independentistas catalanes, ha ofrecido diálogo pero también dentro de la Constitución. De momento el artículo 155 ha decaído este sábado de forma automática tras la toma de posesión del nuevo Govern.

2. De cinco millones de parados a crear empleo

Rajoy heredó cerca de 5,3 millones de parados y una tasa del desempleo del 22,56%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011. Los parados registrados -los apuntados en las antiguas oficinas del INEM- superaban los 4,2 millones en aquel momento.

El desempleo todavía siguió aumentado en casi un millón de parados más hasta rozar los 6,3 millones con una tasa del 26,94% en el primer trimestre de 2013. En febrero de ese año los desempleados registrados también superaron los 5 millones. Solo entonces, después de tocar techo, comenzó a bajar.

Según las últimas cifras del primer trimestre de 2018, en España hay 3.796.100 parados (16,74%). El paro sigue descendiendo pero se ha ralentizado la mejora del mercado laboral. El año pasado cerró con 471.100 parados menos, un descenso inferior al de otros ejercicios. De hecho, en los dos últimos trimestres se ha registrado un aumento de los desempleados. Registrados había en abril 3.335.868 demandantes de empleo, la cifra más baja desde enero de 2009.

3. Fin de la recesión y crecimiento económico

Rajoy también consiguió darle la vuelta al crecimiento económico ayudado por la política de estímulos del BCE y la moderación del precio del petróleo. Cuando llegó a la Moncloa, España estaba sufriendo su segunda recesión de la crisis, que duraría hasta 2013.

En 2011 la economía se contrajo un 1%, según las tasas interanuales de variación del Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado. En 2012, la economía todavía cayó un 2,9% y en 2013, otro 1,7%.

El primer año de crecimiento fue 2014 con una subida del PIB el 1,4%. En 2015 se alcanzó el 3,4% y en 2016, el 3,3%. El año pasado se cerró con un crecimiento del 3,1%.

4. Deuda pública y reducción del déficit público

Uno de los principales retos del Gobierno de Rajoy ha sido reducir el déficit público para cumplir con los objetivos de estabilidad de Bruselas. España cerró 2017 con un déficit público del 3,1% del PIB, pero cuando llegó Rajoy a la Moncloa heredó un 8,5%.

Las autoridades europeas prevén que el año que viene España salga del procedimiento del déficit excesivo (en el que entró en 2009) al bajar del 3% aunque no consiga cumplir este año con el 2,2% que ha marcado Bruselas como objetivo. La Comisión Europea ya ha pedido a España un mayor ajuste para 2019.

La deuda pública batió récord en 2017 con 1,144 billones de euros pero bajó al 98,3% del PIB. Cuando llegó a la Moncloa Rajoy, la deuda suponía el 69,5% del PIB, según los datos del Banco de España.

5. La reforma laboral de Rajoy, una de sus primeras decisiones

El Gobierno de Mariano Rajoy ha defendido en los últimos años que España ha podido crear empleo gracias a la reforma laboral que aprobó en 2012 con su mayoría absoluta. La ley, desde entonces en vigor, abarató el despido e invirtió la carga de la prueba de manera que todas las extinciones de contrato pasaron a ser procedentes salvo que el trabajador demostrara lo contrario.

La indemnización quedó en 20 días por año trabajado por regla general y en 33 días en caso del despido improcedente frente a los 45 días de antes. La reforma laboral también facilitó que las empresas pudieran aplicar Expedientes de Regulación de Empleo alegando caída de ingresos o ventas y no solo pérdidas y los ERE comenzaron a permitirse también en el sector público para todos aquellos que no fueran funcionarios.

6. Calidad del empleo, trabajadores pobres y desigualdad

El empleo ha crecido en estos años, pero también la precariedad. El pasado año la tasa de temporalidad (el porcentaje de contratos temporales sobre fijos) alcanzó el 26,7% frente al 16,2% de la media europea. El Banco de España alertó hace unos días de que precisamente esta alta temporalidad junto al paro, la deuda y el envejecimiento limita el crecimiento del país.

A pesar del acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 735,9 euros mensuales, los españoles ganan menos que al comienzo de la crisis. Los salarios descendieron un 4,4% en 2017 respecto a los niveles de 2010, según el informe publicado el pasado mes de marzo por la Confederación Europea de Sindicatos (CES). La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó hace un par de años de que más del 12% de los trabajadores en España eran pobres.

Casi 13 millones de personas -el 27,9% de la población- se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en España, según denunció el pasado mes de octubre la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. En enero el Foro de Davos publicaba que España está a la cola de las economías desarrolladas en reducir la desigualdad. Oxfam Intermón, por su parte, denunciaba que la recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los más ricos.

7. Reforma de las pensiones y una 'hucha' casi vacía

El Gobierno de Rajoy aprobó en 2013 una nueva reforma de las pensiones. La principal novedad es que las pensiones dejaron de actualizarse con el IPC y empezó a aplicarse el llamado índice de revalorización, con una subida mínima garantizada del 0,25% y máxima del IPC más 0,5%.

El llamado factor de sostenibilidad, un coeficiente para ajustar la pensión inicial de jubilación a la variación de la esperanza de vida, tenía que entrar en vigor en 2019, pero Rajoy se comprometió a aplazar su aplicación tras las protestas de los pensionistas en los últimos meses.

Dentro del acuerdo con el PNV para aprobar los presupuestos para 2018, se incluye la subida del 1,6% (el IPC) de todas las pensiones para este año. Las cuentas tienen que recibir todavía el visto bueno del Senado.

Uno de los retos que Sánchez tendrá que afrontar en esta materia es la sostenibilidad de las pensiones, después de que el Gobierno de Rajoy haya dejado la 'hucha de las pensiones' prácticamente vacía y recurriera a préstamos del Estado para pagarlas.

8. El rescate bancario que no querían llamar "rescate"

En plena crisis de la deuda y el euro, el Gobierno de Rajoy evitó un 'rescate país' como el de Grecia o Portugal, pero sí tuvo que pedir un rescate bancario, que insistían en llamar "apoyo financiero", al Eurogrupo en junio de 2012.

Dijeron que no costaría ni un solo euro a los ciudadanos, pero el Banco de España dio por perdidos 60.613 millones de dinero público inyectado a la banca entre 2009 y 2015, el pasado año.

9. Recortes en sanidad y educación

Un par de meses antes del rescate bancario, Rajoy anunció un recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación. La reforma sanitaria conllevó, entre otras medidas, la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular y el copago de los medicamentos también para los pensionistas.

En materia educativa, se recortó en becas y subieron las matrículas de carreras y másters. El Gobierno del PP, aprobó además en su primera legislatura de mayoría parlamentaria, la séptima reforma educativa de la democracia, la conocida como 'Ley Wert', que estableció un sistema de reválidas -actualmente aplazadas- y suprimió la Educación para la Ciudadanía, entre otras medidas.

Los últimos 20 meses de Rajoy acaban con un intento fallido de pacto educativo.

10. La 'ley mordaza'

En marzo de 2015, el Gobierno del PP aprobó en solitario la Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como 'ley mordaza' por la oposición, que se comprometió a derogarla en cuanto pudiera, pero que sigue aún en vigor.

Esta nueva normativa creó un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana para controlar a los "reincidentes" y contemplaba 44 sanciones con multas de entre 100 y 600.000 euros según su gravedad. Entre las acciones prohibidas está concentrarse frente al Congreso y el Senado o grabar a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La Ley de Seguridad Ciudadana reguló también las llamadas "devoluciones en caliente" de los migrantes que intentan "cruzar irregularmente la frontera".

Amnistía Internacional mostró en su último informe sobre 2017 sobre España su preocupación por estas devoluciones y por la situación de "la libertad de expresión y el derecho de agrupación libre en España" con "sanciones arbitrarias" por comentarios en Twitter.

11. Prisión permanente revisable

El mismo día que aprobó la "ley mordaza", el PP sacó también adelante la aprobación en España de la prisión permanente revisable dentro de una reforma más amplia del Código Penal.

El pasado mes de febrero, el Gobierno dio luz verde a ampliar los delitos condenados con esta pena al calor de varios casos muy mediáticos. Sin embargo, la oposición en el Congreso ha apoyado tramitar su derogación con los votos el PSOE, Podemos y el PNV.

12. Reforma de RTVE

Una de las primeras reformas que el PP llevó a cabo cuando llegó a la Moncloa fue cambiar la ley de RTVE, que había aprobado en 2006 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que el presidente de la Corporación se eligiera por consenso. En abril de 2012, los 'populares' modificaron la ley para poder hacerlo por mayoría absoluta y poder nombrar nuevo presidente.

En septiembre de 2017, un Congreso ya sin mayoría absoluta del PP dio luz verde a una nueva ley para que la elección se volviera a hacer por consenso tras las denuncias de manipulación realizadas por los consejos de informativos. Fue aprobada con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Podemos y la abstención del PP.

Todos los partidos, excepto el PP, llegaron a un acuerdo el pasado mes de marzo para renovar el Consejo de Administración de RTVE mediante un concurso público exprés. Tras el informe de los letrados del Congreso, pedido por el PP y que puso de relieve defectos de forma del borrador acordado por la oposición, este 5 de junio se estudiará uno nuevo.