Macrooperación en una cuarentena de ayuntamientos de toda España por presuntos amaños en contratos de tráfico

Prevaricación, malversación, cohecho, entre los delitos investigados

Los 580 agentes de la UDEF que participan en la macrooperación han practicado también 92 registros en ayuntamientos, despachos y sociedades así como 21 requerimientos de información en varios municipios.

La Fiscalía Anticorrupción ha explicado en una nota que los hechos investigados están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de informatición privilegiada, malversacion de caudales públicos, tráficos de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Sacyr ha abierto una investigación interna sobre las presuntas adjudicaciones irregulares de Gespol, una empresa que su filial Valoriza Medioambiente adquirió en 2016. En un comunicado ha anunciado que en función del resultado tomará las medidas oportunas y recalca que colaborará con la justicia.

Primeros cargos de Cs detenidos por presunta corrupción

Entre los detenidos en la Operación Enredadera hay tres cargos de Ciudadanos: el alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, el concejal del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y diputado provincial, Juan Carlos Fernández, y el asesor de la Diputación de León Sadat Maraña.

La dirección del partido de Albert Rivera ha suspendido de militancia a los tres y ha anunciado que procederá a su expulsión del partido "en el caso de que fuera imputadas por presuntos delitos de corrupción" en una nota difundida a los medios este martes.

El arresto de Sadat Maraña se ha producido en virtud de una pieza separada sobre la Operación Enredadera que lleva un juzgado de León. Según Efe, en el marco de esta pieza ha sido detenido también el empresario José Luis Ulibarri.

Entre los concejales detenidos, se encuentra también la edil de Seguridad de Villanueva de la Cañada, Julia Tortosa (PP), según han indicado fuentes de la investigación a esta agencia. La UDEF también ha tomado declaración este martes al funcionario responsable de nuevas tecnologías de Majadahonda (Madrid) y ha detenido a un responsable de informática de Mollet del Vallés.

Varios responsables policiales detenidos

Los agentes de la UDEF han arrestados este martes a varios responsables de las policías locales de los municipios investigados que habrían realizado labores de intermediación entre los ayuntamientos y la empresa, según informa TVE. Entre ellos a los jefes de la Policía Local de los municipios madrileños de Fuenlabrada y Pinto.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el PSOE e IU, ha abierto expediente disciplinario a José Francisco Cano, que también es miembro de directiva de Unijepol, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, una asociación que agrupa a jefes y mandos de los servicios de Policía Local de toda España.

En Asturias, también ha sido detenido el jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López. En Plasencia (Cáceres) ha sido detenido el subinspector de la Policía Local, aunque ya ha sido puesto en libertad con cargos, y en Alcobendas (Madrid) se ha arrestado a un oficial. Además ha sido llamado a declarar el jefe policial de Vélez-Málaga.

Ayuntamientos de todo signo político

El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia, con registros en los ayuntamientos de Huesca, Lleida, Oviedo, León, Palencia o Teruel.

También en Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones (Madrid); Tiana y Mollet del Vallés (Barcelona); Plasencia (Cáceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (León) y Vélez Málaga.

En el caso de Torrelodones, donde gobierna Vecinos por Torrelodones, fuentes municipales han explicado que fue la anterior administración, del PP, la que adjudicó en 2010 por un "procedimiento negociado sin publicidad" una cantidad de 200.000 euros a la empresa Bibliomática, luego Aplicaciones Gespol.

Además, por orden del juzgado, la Policía ha requerido documentación a Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de capitales como Vitoria o Logroño.

También en municipios como Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premiá de Mar y Rubí (Barcelona); Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo (Madrid), La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), O'Grove (Pontevedra) y Sant Vicent del Rapeig (Alicante).