El juez imputa a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por el caso Púnica

Aguirre tuvo un "papel esencial" en la financiación irregular

El auto emitido por la Audiencia Nacional considera que existen evidencias de que Aguirre -presidenta de la Comunidad entre 2003 y 2012 y del PP -tuvo un "papel decisivo y esencial esencial" para la financiación ilegal del partido de cara a las elecciones entre 2003 y 2011, que "supervisó" las actuaciones para adjudicar contratos públicos a empresas con la finalidad de que éstas financiaran al PP de la Comunidad de Madrid. El juez sospecha que fue Aguirre quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.

En concreto, destaca la "supervisión" y el "control" de Aguirre respecto al "plan" para poner las partidas de publicidad de las distintas consejerías de la Comunidad al servicio del partido a través de adjudicaciones ilícitas.

Según la Audiencia Nacional, el PP de Madrid financió "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008, así como las autonómicas y municipales de 2011, "ocultando" el "verdadero coste" de las mismas y su financiación, "eludiendo de forma continuada y bajo un mismo patrón de actuación" las obligaciones de la Ley Electoral. Todo ello tras analizar la contabilidad B hallada en los 'pen drives' incautados en el domicilio del exgerente del partido Beltrán Gutiérrez.

Esperanza Aguirre afirma que se ha enterado por los medios de que el juez la cita a declarar como investigada "en relación a una presunta financiación ilegal del PP de Madrid". "Solo puedo decir que lo que he conocido en los medios (porque no me ha llegado el auto del juez) es completamente falso en lo que a mi se refiere. Quiero añadir que iré a declarar con mucho gusto para defender mi inocencia y colaborar con la Justicia", ha manifestado en declaraciones a TVE.

Cifuentes, imputada por amañar adjudicaciones a Cantoblanco

El juez ha imputado a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por amañar la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco de Arturo Fernández -imputado también por las tarjetas opacas de Caja Madrid- a cambio de financiación para las arcas del PP.

Arturo Fernández, vicepresidente de CEIM y presidente del Grupo Cantoblanco, habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP, para costear "de manera encubierta gastos electorales". El juez, considera que esas donaciones se gratificaron posteriormente mediante la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas de contratos de restauración en los años 2009, 2011 y 2013.

En el año 2009 y 2011, expone el magistrado en su auto, hay evidencias de "conciertos dirigidos a beneficiar" a Arturo Fernández "amañando la adjudicación" de esos contratos. El primero fue a través de un sistema "ilógico" de valoración, según el cual los criterios subjetivos pesaban más que los objetivos. Cifuentes, como presidenta de la mesa de contratación, votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Dos años después, el supuesto cabecilla de la Púnica, Francisco Granados, y el gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, junto a otros cargos del PP, incluida Cifuentes, utilizaron el mismo método y estrategia para volver a adjudicar el contrato al mismo empresario. Los criterios subjetivos valían hasta 80 puntos en la valoración; los objetivos, solo 20. En 2011 Cifuentes volvió a hacer lo mismo para beneficiar dicha empresa.

El juez también atribuye "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones sobre la financiación del partido a los que fueran sus más estrechos colaboradores, el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, además de al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, también imputado.

Responde así a Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado mes de agosto al juez del caso Púnica que imputara a Aguirre y Cifuentes en la pieza número 9 sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, por delitos de corrupción. En un escrito de 75 páginas, las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez solicitaron también la imputación de la de la empresa Indra y de su expresidente Javier Monzón. La Fiscalía también solicitó reordenar la causa y reducirla de 16 a 11 piezas en el juzgado.

En el caso de Aguirre, Anticorrupción sospecha que pudo haber ordenado o consentido la financiación irregular del partido con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra, entre otros mecanismos. Para ello se basaban en el último informe de la UCO de la Guardia Civil que concluye que Indra financió con 566.497 euros la campaña electoral de 2011 de Aguirre a través de una serie de pagos camuflados y la sitúa en reuniones donde se pudo hablar de ese tema.

En el caso de Cifuentes, se sospecha de su papel en la financiación irregular porque participó en mesas de contratación supuestamente amañadas y por su calidad de patrona de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), a través de la que se sospecha que se desvió dinero.

De hecho, la Guardia Civil sugirió en 2017 en un informe que se la investigara por posibles delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era presidenta de la mesa de contratación, a favor del grupo Cantoblanco, presidido por Arturo Fernández, que a su vez había donado al PP 160.000 euros a través de Fundescam.

Las acusaciones populares de este caso, e incluso el que fuera su mano derecha, Francisco Granados, llevan tiempo insistiendo al magistrado García-Castellón en que incluya a la investigación a la exdirigente madrileña por este mismo asunto.

Se da la circunstancia de que el exsecretario general del PP de Madrid y también imputado Francisco Granados aportó pruebas, en marzo de 2018, sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Además, situó a Aguirre y a sus sucesores en el cargo, Cristina Cifuentes e Ignacio González, en el "núcleo de control" de ese sistema de financiación.