La legislatura más estéril de la democracia

Eutanasia, violencia de género, Poder Judicial, RTVE…

Desde la disolución de las cortes el 4 de marzo los grupos han presentado medio centenar de iniciativas legislativas que no serán tramitadas.

Entre ellas, la reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como la ‘Ley Wert’ de Educación, que seguirá en vigor después de seis años pese a la promesa constante del PSOE de derogarla.

La regulación de la eutanasia es otra iniciativa que se registró por segunda vez en el Congreso la semana pasada, pero también decaerá. También se quedan colgadas medidas como incrementar las sanciones por el uso del móvil para evitar más accidentes de tráfico o la regulación de los patinetes y de la velocidad en el centro de las ciudades.

Precisamente estas medidas cuentan con cierto consenso en el Congreso, al igual que las contempladas en el Pacto contra la Violencia de Género que suscribieron los distintos partidos salvo Vox y que tampoco verán la luz.

Entretanto, siguen pendientes renovaciones de distintos organismos públicos. Es el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de los jueces y que solo puede ser actualizado con un amplio consenso entre los partidos, más aún del necesario para que prospere una investidura -hubo un pacto en noviembre, pero se rompió a raíz de la filtración de un mensaje de whatsapp y la posterior renuncia del juez propuesto para presidir el Poder Judicial, Manuel Marchena-.

Este mes, además, se cumple el mandato de algunos miembros de la cúpula directiva de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), empezando por su presidente, José María Martín Quemada.

Y desde julio sigue vacante el puesto del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras la salida de Félix Sanz Roldán, cargo que ocupa de forma interina su número dos, Paz Esteban López.

Por último, sigue paralizado el concurso público para la renovación de RTVE, que se rige desde julio de 2018 por la administradora provisional única Rosa María Mateo.

Mientras, el Congreso sigue sin estrenar su Código Ético porque la Comisión del Estatuto del Diputado no llegó a arrancar. De esta forma, los diputados han terminado la legislatura sin haber rendido cuentas de sus actividades extraparlamentarias, con el consiguiente riesgo de incompatibilidad de funciones de las que no han dado explicaciones.

Sin Presupuestos para 2020

El Gobierno podría seguir varios meses más en funciones. Tras el 10N las nuevas Cortes no se constituirán, previsiblemente, hasta un mes después, ya primeros de diciembre. En un escenario multipartidista en el que los analistas no prevén mayorías absolutas, las negociaciones para conformar gobierno podrían alargar el proceso varios meses más -el debate fallido de investidura de 2019 tuvo lugar tres meses tras las elecciones del 28A-.

Ante este escenario, difícilmente podrá conformarse un Gobierno que lleve al Congreso de los Diputados un proyecto de presupuestos para 2020 que sea aprobado antes de año, con lo que de forma inédita se prorrogarán por segunda vez unas cuentas públicas -las de 2017.

Sin la actualización presupuestaria, el Gobierno en funciones tendrá complicado solventar cuestiones pendientes como la revalorización de las pensiones, el salario de los empleados públicos o la financiación autonómica. Todo ello, a la sombra de una posible recesión económica.