El independentismo pone a prueba la calle en el segundo aniversario del 1-O a la espera de la sentencia del procés

Sentencia inminente y nuevas movilizaciones

Dos años después del referéndum ilegal del 1 de octubre, sus principales responsables siguen presos o huidos y el independentismo avanza sin hoja de ruta hacia las elecciones generales del 10 de noviembre, de las que saldrá reforzado o debilitado. Octubre da así el pistoletazo de salida a una carrera repleta de obstáculos que comenzará con la inminente sentencia del procés, seguirá con el juicio al 'president' catalán, Quim Torra, envuelto en la polémica por los CDR, y se enmarcará en un clima de tensión política y de previsibles movilizaciones en la calle.

La primera gran prueba y termómetro para el independentismo será la sentencia del Tribunal Supremo que determine si los líderes del 'procés' -nueve de ellos en prisión preventiva- incitaron a la violencia e incurrieron en rebelión y/o sedición por el 1-O. Previsiblemente se hará pública antes del 16 de octubre, cuando se cumplen los dos años en prisión preventiva de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Los líderes de JxCat y de ERC llevan meses tratando de dar una respuesta unitaria a la sentencia mientras reclaman la absolución de los encausados. Sin embargo, tan solo se pusieron de acuerdo en interpretar la Diada del 11 de septiembre como la primera 'respuesta' en apoyo a los presos y la movilización de entonces fue la más baja desde 2012.

Con la resolución de la sentencia, sin embargo, los soberanistas prevén volver a llamar a la ciudadanía y medir sus fuerzas en la calle. Pero Torra no solo no ha condenado un posible uso de la violencia de los CDR, sino que en los últimos meses les ha animado a "seguir apretando". Entretanto, ha nacido una nueva iniciativa, Tsunami Democràtic, que pretende desde el anonimato y a través de las redes sociales evitar que las protestas se salgan del cauce del pacifismo.

Tensión política y moción de censura

Mientras, la tensión política crece en el Parlament, paralizado por la imposibilidad de JxCat y ERC para ponerse de acuerdo en cuestiones tan fundamentales como los Presupuestos o sobre la conveniencia de convocar o no elecciones.

El apoyo de Torra a los siete CDR detenidos y sus reticencias a retirar pancartas y lazos amarillos de la Generalitat no están contribuyendo a que se calmen los ánimos.

Este lunes, Ciudadanos anunciaba que presentaría una moción de censura contra el ‘president’ por “traspasar todas las líneas rojas” y “poner en jaque la seguridad” después de conocerse unos posibles vínculos entre los detenidos y el Govern y que la intención de los miembros de los CDR era “conspirar contra las instituciones del Estado” y “asaltar” el Parlament.

Precisamente Ciudadanos protagonizó uno de los momentos más tensos del debate político en el Parlament el pasado viernes. El Parlamento catalán acababa de aprobar una resolución en el que declaraba “legítima” la desobediencia civil e institucional y reclamaba la amnistía para los líderes que fuesen condenados por el Supremo. Tras un rifirrafe con los diputados soberanistas, el presidente del Parlament, Roger Torrent, expulsaba al portavoz de Cs, Carles Carrizosa, y todo el grupo parlamentario salió en bloque de la sesión.

ERC y JxCat miden sus fuerzas el 10N con un nuevo agente, la CUP

La resolución que defiende la “legitimidad” de la desobediencia partía de una iniciativa de la CUP. El partido anticapitalista y antisistema ha decidido concurrir a las generales, por lo que por primera vez habrá tres candidaturas independentistas para representar esta causa en el Congreso de los Diputados.

Actualmente, la mayor fuerza secesionista en el Congreso la tiene ERC, que aspira a revalidar la victoria de las generales del 28 de abril -fue el partido más votado en Cataluña y logró 15 diputados- y mantenerse a la cabeza del soberanismo con una candidatura que volverá a liderar previsiblemente su líder encarcelado, Oriol Junqueras. Pero el PSC de Miquel Iceta acecha a los de Esquerra y podría quedar, como dicen algunas encuestas, como la fuerza más respaldada en la autonomía catalana.

Mientras, JxCat se encuentra en un proceso permanente de refundación entre las diversas corrientes del PDeCat y de la Crida per la República. En septiembre hubo una reunión en Bélgica entre los expresidentes catalanes Artur Mas -a punto de concluir su inhabilitación- y el huido Carles Puigdemont, aunque sin éxito.

Una desorganización que se palpa a través de las declaraciones, a veces dispares, del propio Torra, del presidente del PDeCat, David Bonvehí, las de la portavoz en el Congreso, Laura Borrás, o incluso las cartas que envían los presos -Jordi Turull y Josep Rull- desde prisión. Las discrepancias internas han quedado patentes en momentos como la investidura fallida de Pedro Sánchez o el debate de los Presupuestos Generales del Estado.

Juicio a Torra y a la Mesa del Parlament del 1-O

Pase lo que pase el 10N, JxCat tendrá que hacer frente a otro proceso más una semana después de las elecciones. El 18 de noviembre dará comienzo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el juicio a Torra, que podría ser inhabilitado por no retirar a tiempo los lazos amarillos en campaña electoral, una inhabilitación que podría precipitar otro adelanto electoral en Cataluña.

El mismo tribunal juzgará también entre el 19 y el 22 de noviembre a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament durante la legislatura del 1-O y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya por permitir la tramitación de las llamadas leyes de desconexión en 2017.

Por último, diciembre será un mes decisivo y dará comienzo con la constitución de las nuevas Cortes Generales, en las que los nuevos diputados y senadores de estas formaciones tomarán sus escaños. Una situación que podría volver a complicarse si hay diputados electos que han sido condenados previamente por el Supremo en la sentencia del ‘procés’.