Ladrillos y pelotazos: el derrumbe del milagro económico de la Costa del Sol
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El 23 de enero de 2013 llegó a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga un folio con un texto escrito por ordenador. Lo remitía un "grupo de vecinos de Churriana" que pedía mantener el anonimato por posibles represalias que pudieran poner "en peligro su integridad física". En ese escrito los vecinos denunciaban los supuestos "abusos y tropelías urbanísticas" que a su juicio estaban cometiendo en la sierra de Churriana unos individuos que gozaban de "total impunidad". Un año más tarde, en mayo de 2014, la Guardia Civil detuvo a nueve personas en el contexto de la operación Yedra una de las tramas de las que se compone la operación Telaraña. Entre los detenidos estaba Luis Andrés Fernández Barea, que en el momento del arresto iba acompañado de su vecino Manuel Alonso. En la operación fueron arrestados también dos inspectores de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y un policía local.
La periodista Marta Esparza ha cubierto para el diario El Mundo diferentes casos judicializados en la Costa del Sol, incluido Yedra. Define esta primera fase de la operación "como un intento de pelotazo urbanístico con información privilegiada".
Churriana es uno de los once distritos en los que se divide administrativamente la ciudad de Málaga, de cuyo centro dista apenas diez kilómetros. Una de las fronteras naturales de este distrito es la sierra, que estaba bajo la protección del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM). En la práctica, los propietarios de las diferentes parcelas en las que se dividía el territorio no podían edificar. Según explica Esparza durante la entrevista para la serie documental 'Lucía en la telaraña', "Fernández Barea poseía intereses en la zona, un terreno llamado El Albaricocal, y grandes influencias en la Junta de Andalucía, y tiene conocimiento de que se le va a desproteger de la POTAUM". Lo que llamaba la atención de los vecinos -añade Esparza- es que "hay movimientos de tierra y desbroces que ya se efectúan antes de que se den permisos o de que se produzcan estas liberaciones de protección sobre los terrenos". El enfrentamiento llegó a tal punto que el coche de uno de los vecinos apareció incendiado, lo que para Esparza representa "un mensaje claro para que guardase silencio".
Tras el arresto de Fernández Barea, la Guardia Civil procede al registro de su domicilio, donde se le interviene una pistola Star 9mm modelo Super. El número de serie del arma revela que habría tenido que ser dada de baja e inutilizada. "Se descubre que era propiedad de una antigua legionaria que también tenía otras armas descatalogadas a su nombre sin saberlo", aclara la periodista. Tirando de este hilo la Guardia Civil acabó interviniendo en Rincón de la Victoria, un municipio próximo a Málaga, uno de los mayores arsenales de armas y explosivos hallados en España hasta la fecha: "148 armas de fuego, 55 granadas de distintos tipos, 3 minas anticarro, más de 16.000 cartuchos metálicos de diferentes calibres, un cohete de artillería y un mortero pesado, entre otro material", según la información del periodista José Torres en el diario La Provincia. Barea volvió a ser detenido en marzo de 2016 "como presunto cooperador necesario en la ejecución de un delito de asesinato" por el homicidio de Lucía Garrido. Quedó en libertad provisional dos días más tarde. En el juicio de 2019 relativo al caso del asesinato de Garrido acudió en calidad de testigo.
Málaga, enclave estratégico
"El caso Yedra es uno de los estallidos finales de esta sinfonía de casos que ha vivido la Costa del Sol", asegura Esparza. Málaga -junto a Alicante y Palma de Mallorca- fue una de las primeras provincias en contar con un fiscal Anticorrupción. Fue a partir de diciembre de 2004, cuando se designó al fiscal sevillano Juan Carlos López Caballero, que hasta entonces coordinaba la intervención del Ministerio Público de Málaga en los delitos contra el medioambiente, el urbanismo y el patrimonio. En la provincia de Málaga, según Esparza, "confluyen varios elementos" que hacen de ella un "laboratorio de lo que podría pasar en otros muchos lugares". Se refiere a su situación geográfica, punto estratégico para el desembarco de droga desde Marruecos, y a su proximidad a Gibraltar -que hasta marzo de 2021 era considerado por España un paraíso fiscal- y a Algeciras, el mayor puerto de entrada de droga proveniente de Sudamérica.
"Málaga tiene un litoral lleno de suelo y ese suelo ha supuesto una posibilidad de blanquear y de invertir en temas de construcción grandísimo durante décadas", explica. De hecho en la provincia de Málaga se han destapado los principales despachos de blanqueo de capitales de la península, como certificó el caso Ballena Blanca, cuyo principal acusado fue el abogado marbellí Fernando del Valle, condenado a cinco años de prisión por delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
Precisamente durante la investigación de ese caso, el contenido de una conversación telefónica interceptada puso a la fiscalía en la pista de lo que Esparza define como el "paradigma de la corrupción municipal": el caso Malaya. El 7 de abril de 2006 el Consejo de Ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó la disolución del Ayuntamiento de Marbella, una medida sin precedentes en España desde el restablecimiento de la democracia. En el Real Decreto en el que se justificaba la decisión se alegaban las "sistemáticas" ilegalidades urbanísticas y la judicialización de la política marbellí. Nueve días antes la alcaldesa, Marisol Yagüe, y el asesor de urbanismo, Juan Antonio Roca, habían sido arrestados en el marco de la entonces denominada simplemente Operación Malaya, pero los problemas del municipio se remontaban a algunos años más atrás. En su argumentación el Gobierno recordaba "la compleja y delicada situación provocada por la salida del consistorio de los concejales y alcaldes que han tenido que presentar su dimisión tras ser inhabilitados plenamente para el ejercicio de cargos públicos", en referencia a los regidores precedentes, Jesús Gil y Julián Muñoz, ambos del partido GIL, que habían gobernado el municipio desde 1991. En ambos casos el citado Roca había sido gerente del área de Urbanismo.
El 4 de octubre de 2013, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Roca a veinte años de cárcel por cohecho pasivo continuado, blanqueo, fraude y prevaricación. Dos años más tarde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la sentencia del mayor caso de corrupción urbanística de la historia de España, dando por acreditada una estructura criminal encabezada por el ex asesor del ayuntamiento que cobraba comisiones a constructores a cambio de licencias y permisos urbanísticos. La trama, según la sentencia, no se limitaba a operar en Marbella, sino que se extendía al resto de la provincia de Málaga y tenía ramificaciones en Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. En total, se estimaba que habían sido blanqueados 2.400 millones de euros. En febrero de 2019, la Audiencia Nacional dejó a Roca en libertad condicional tras haber cumplido tres cuartas partes de la condena y haber pasado al régimen abierto.
La construcción no se detiene
A finales del año 2010 Marbella se convirtió en el primer municipio de España que contaba con una fiscalía Anticorrupción sin ser capital de provincia. El entonces fiscal jefe de la fiscalía de Málaga, Antonio Morales, había solicitado refuerzos porque según recogía el diario Málaga Hoy la situación era "límite" por la "falta de recursos". El caso Malaya generó un centenar de causas derivadas, a las que había que sumar los nuevos casos que se iban destapando progresivamente: Caso Astapa, Caso Arcos, Caso Acinipo, Operación Majestic, por citar únicamente las causas relacionadas con presunta corrupción urbanística.
Como acredita la última memoria de actividades publicada por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), correspondiente a los años 2018 y 2019, en España aún hoy la "promoción inmobiliaria y agencia, comisión o intermediación" sigue siendo una de las actividades más atractivas para el blanqueo de capitales recabado de actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de mujeres y el tráfico de especies animales exóticas.
*Antonio Díaz es periodista y guionista de 'Lucía en la telaraña', serie documental original de RTVE Play.
Cartel de la serie documental 'Lucía en la telaraña'
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