La Audiencia Nacional investigará el genocidio de disidentes del Frente Polisario

Análisis forense

La acción penal también se dirige contra el general Omari, actual  embajador de Argelia en Marruecos; Nabil Kadour, oficial de la  Seguridad Argelina agregado militar en la Embajada de Mauritania; el ex director general de la seguridad militar del Polisario y  responsable de las relaciones con la ONU en Nueva York, Mohamed Jadad, o  Nadim Benaser, oficial del Ejército argelino en la Región de Tindouf.

“El Frente habría llevado a cabo "una campaña para elminar a las élites saharauis de origen español"“

El juez requiere a la asociación querellante que facilite los  datos de filiación y domicilio de todos los querellados para notificarles la  apertura del procedimiento penal, así como los correspondientes a las  tres víctimas. Añade que una vez se traslade la querella a los presuntos responsables  de los delitos de lesa humanidad, se procederá a fijar día y hora para  las declaraciones y a realizar una inspección médica de las víctimas  para evaluar sus secuelas. Ruz no admite, en cambio, que se  declare al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui Democrática  responsables civiles subsidiarios de los delitos que se indagan.

Según consta en la querella, el Frente Polisario habría llevado a  cabo "una campaña para eliminar a las élites saharauis de origen  español con la intención de romper los vínculos entre las distintas  tribus y sus autoridades naturales, al objeto de obtener un dominio  más directo y efectivo sobre toda la población saharaui refugiada en  sus campamentos".

"La dirección del Frente Polisario ha sido desde hace años objeto de  numerosas acusaciones de torturas sobre las poblaciones saharauis",  añade la querella, en la que expone las vivencias personales de las tres  supuestas víctimas. Entre ellas se cuenta una mujer cuyo padre,  según narra el escrito, fue encarcelado ilegalmente y torturado durante  años. Al poco de ser liberado, en 1986, el hombre murió a causa de las  "gravísimas secuelas que arrastraba por las torturas sufridas y los años  de encarcelamiento en condiciones inhumanas". Narra también el  encarcelamiento durante seis años, de 1979 a 1985, de uno de los  querellantes cuyo delito fue "tener diferencias de opinión con la  dirección del Polisario". La tercera víctima es otro hombre que  fue encarcelado de 1974 a 1980 acusado de pertenecer a los servicios  secretos españoles y que denuncia métodos de tortura "inhumanos y  salvajes".