El juez mantiene imputada a la infanta Cristina para que sea juzgada por fraude fiscal y blanqueo

Colaboración "activa" en el fraude fiscal

El instructor del caso Nóos mantiene que la infanta Cristina "participó en las actividades defraudatorias" cometidas a través de Aizoon, una empresa que se creó para repartir parte de los beneficios ilícitos del Instituto Nóos, facturar hipotéticos servicios profesionales de Urdangarin para no declararlos en el IRPF, cruzar facturas ficticias para tributar lo menos posible, usar incentivos fiscales y "crear un patrimonio familiar a repartir" entre el matrimonio.

De esta forma, Urdangarin habría defraudado en IRPF más de 182.000 euros en la declaración de 2007 y más de 155.000 en la de 2008 a través de esta empresa, informa Efe. Una "defraudación que nunca hubiera podido tener lugar sin la activa participación de Aizoon, creada sin más motivo aparente que el general defraudatorio y coparticipada al 50% por ambos cónyuges".

Castro considera "difícil compatibilizar" que Aizoon fuera "una sencilla y entrañable entidad familiar" con el hecho de que cambiara varias veces de domicilio y además lo compartiera con numerosas sociedades del entramado de Nóos.

"La conclusión es inevitable: Sin entramado societario no habría delito", subraya Castro, que incide en la idea que ya expuso en enero de 2014, cuando imputó por segunda vez a la infanta Cristina. "Los supuestos delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Urdangarin difícilmente se podrían haber cometido sin, cuanto menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado". Muy al contrario, Castro cree que "hay sobrados indicios" de que la hermana de Felipe VI "colaboró activamente" con Urdangarin.

Blanqueo de capitales a través de Aizoon

Además de los dos delitos contra la Hacienda pública, el juez del caso Nóos imputa a la infanta un delito de blanqueo tal y como el Código Penal lo recogía en su artículo 305 hasta su reforma de 2010. Este delito se refiere a aquel que comete una persona que "haya adquirido, poseído, utilizado, convertido o transmitido bienes sabiendo que estos habían tenido su origen en una actividad delictiva".

Castro subraya el hecho de que se cargara a la contabilidad de Aizoon "una ingente cantidad de facturas por compras, servicios o gastos exclusivamente privados del matrimonio Urdangarin/Borbón" como la reforma del Palacete de Pedralbes, viajes y fiestas familiares.

El juez Castro señala en su auto que la infanta Cristina "debió participar activamente, como no puede ser de otro modo" en la organización y presupuestos de "eventos de "incontestable afección personal". Puntualiza que ella no los abonó de su propio peculio "y debiera saber que tampoco lo hizo su marido" y que "no pudo pasársele por alto" que lo fueron por Aizoon.

Autoarrendamiento y contratación en 'negro'

Entre las facturas que detalla el auto y que fueron abonadas por la sociedad participada por Iñaki Urdangarin y la infanta hay desde numerosos viajes y pagos de hotel a celebraciones de cumpleaños y comuniones de sus hijos, pasando por compra de muebles, cuadros, libros, cursos o servicios de asesoramiento y 'coaching'.

Además, en el auto, el juez asegura que la hermana del rey "intervino activamente" en el "cauce de vaciado de fondos" creado al alquilar unas oficinas en la propia vivienda del matrimonio "no solamente porque así se desprende de las facturas que a titulo personal ha venido librando durante un dilatado periodo de tiempo sino porque el propio contrato de arrendamiento fue suscrito por ella".

Asimismo, "intervino personalmente" en la contratación de los empleados del hogar familiar, a los que anunció que "de ser contratados se les abonaría su salario en negro". El juez puntualiza que la infanta era conocedora de la situación irregular en España de dichos empleados.

Castro critica la "falta de memoria" de la infanta

Castro es especialmente crítico con la actitud de Cristina de Borbón en su declaración como imputada, el pasado 8 de febrero, con "reiteradas apelaciones al desconocimiento de la práctica totalidad de las preguntas" cuando estas eran "fácilmente adivinables" leyendo el extenso auto de su imputación. Una actitud que "se aproximó más al ejercicio del derecho a no prestar declaración que al de hacerlo" y que no permite al instructor "desvalorizar los indicios incriminatorios" por la que fue imputada.

El instructor señala que tanto la infanta como Ana María Tejeiro Losada, la mujer del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, parecieron "representar el papel de simples comisionadas que obedientemente cumplían con su cometido" durante sus declaraciones en sede judicial.

Castro señala que, si "la interminable apelación a la ignorancia y a la falta de memoria" de la infanta Cristina se explica por "la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido", es una cuestión sobre la que como instructor no se puede pronunciar.

Urdangarin, imputado por malversación y prevaricación

El auto de transformación a procedimiento abreviado conocido este miércoles es una especie de "fotografía final" de la instrucción en la que el juez relata los hechos investigados, precisa los supuestos delitos que se han cometido y quiénes son los presuntos autores que deberían sentarse en el banquillo en un futuro juicio.

Además de a la infanta, el instructor mantiene imputados a Iñaki Urdangarin y Diego Torres por malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsificación, falsedad documental, estafa, fraude a la Administración y delito fiscal. La mujer de Torres, Ana María Tejeiro, también sigue imputada.

El juez mantiene también la imputación al expresidente balear Jaume Matas (PP) por prevaricación, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias.

Acuerda el sobreseimiento, entre otros, para el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, el presunto testaferro de Urdangarin Mario Sorribes y para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.

El juez desimputa a García Revenga, que fue tesorero del Instituto Nóos, porque no ve "decisivo para la comisión" de los delitos imputados a Urdangarin el "apoyo estratégico" y el "asesoramiento" que prestó a los duques de Palma.

"Rentabilizar económicamente" su matrimonio

En el auto, José Castro imputa al duque de Palma y a su exsocio por malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.

Según el auto conocido este miércoles, Urdangarin y Torres se pusieron de acuerdo para "rentabilizar económicamente hasta donde les fuera posible" ante entidades privadas e administraciones públicas "el área de influencia que se derivaba del parentesco del primero con la Casa Real".

El juez relata que la intervención directa de Urdangarin en las negociaciones junto al folleto del Instituto Nóos, en el que aparecían la infanta y García Revenga como miembros de la junta directiva, hacía que sus interlocutores, "detentadores de relevantes cargos públicos y escasamente escrupulosos en la observancia de las normas sobre contrataciones públicas, a prescindir de los obligados trámites" en la contratación.

Red societaria para repartir los beneficios ilícitos de Nóos

Una vez captado el cliente, el encargo "se despachaba de cualquier manera" y el beneficio se derivaba al entramado societario puesto en marcha por Urdangarin y Torres mediante facturas falsas que luego se cruzaban entre sí para disminuir la base imponible del impuesto de de sociedades o se derivaba el dinero directamente al paraíso fiscal de Belice. Una de esas empresas era Aizoon.

Castro asegura que el Instituto Nóos y su sucesora, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis) percibieron 4,55 millones de euros públicos que no se han justificado, según recoge Efe.

El Instituto Nóos percibió 6,1 millones de euros, fundamentalmente de las administraciones balear y valenciana por la organización de varios eventos sobre turismo y deporte entre 2004 y 2007. Además, la Fundación Madrid 2016 pagó a la Fdcis 120.000 euros en 2007 sin que exista ningún documento que justifique los servicios que pudiera haber prestado.

Una decisión judicial recurrible

El auto de transformación a procedimiento abreviado es recurrible ante el propio titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, y ante la Audiencia Provincial de Palma, por lo que la infanta Cristina podría eludir todavía el banquillo.

Hasta que no se resuelvan los recursos -no antes de septiembre al no ser hábil el mes de agosto, según explican a RTVE.es fuentes el Tribunal Superior de Justicia de Baleares- el juez Castro no podrá dictar el auto de apertura del juicio oral.

En él, Castro da un plazo de 20 días a las partes para que formulen sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.