A Solbes no le gusta que condenen al Gobierno

El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha manifestado su desacuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), que establece que España infringió el Derecho comunitario al no retirar las condiciones impuestas a E.ON para la adquisición de Endesa, y su respectiva condena al Gobierno español a pagar las costas del proceso.

En palabras del ministro, las condiciones impuestas por España para la compra de Endesa por parte de E.ON eran "razonables", aunque ha admitido que "quizá no hemos sido capaces de justificar nuestros argumentos".

Solbes ha lamentado la contradicción que existe en la legislación comunitaria sobre energía, que permite a los países aducir razones de estrategia nacional para poner condiciones a una operación en el sector, pero que en la práctica no las acepta. En este sentido, el vicepresidente segundo, ha defendido la potestad de España en decisiones estratégicas y ha asegurado que se trata de una sentencia "muy importante" para España y para el resto de países, y ha advertido que "si no hay margen de maniobra para España no debería existir para nadie". En su opinión, esto abrirá un debate "muy importante" sobre el futuro de la política energética europea.

El ministro ha asegurado que no existe la libre circulación de energía en la UE y se ha cuestionado "¿Quién garantiza el abastecimiento si no hay capacidad de actuación nacional en momentos de crisis?".

Finalmente Solbes ha apuntado que se trata de un tema "complejísimo y dificilísimo" por la mezcla de "contradicciones" entre el sistema jurídico español y el comunitario. "No me gusta que nos condenen", ha señalado el ministro.

Un varapalo jurídico

El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, ha afirmado que dicha condena es un "varapalo jurídico en la larga lista de despropósitos que ha cometido el Gobierno de Rodríguez Zapatero". Cañete ha denunciado, además, el "intervencionismo económico" del Gobierno que "espanta a los inversores internacionales" y ha asegurado que el Ejecutivo de España no cree en la libertad de mercado y favorece ciertas actuaciones por intereses de partido. 

En este sentido, ha puntualizado que "los operadores extranjeros tienen la percepción de que en España, para hacer operaciones, hay que pasar por la taquilla de la oficina económica del Presidente". Según Cañete, el dictamen del TUE supone que el Gobierno tendrá que retirar también las condiciones que impuso sobre la operación lanzada por parte de Enel y Acciona sobre Endesa.

Miguel Arias Cañete ha señalado que desde el PP "siempre dijimos que la actuación del Gobierno contradecía frontalmente el Derecho Comunitario, que la Comisión tomaría cartas en el asunto y que el Gobierno perdería todos los procedimientos".

La Comisión, satisfecha

Bruselas, por su parte, ha valorado positivamente el fallo del Tribunal de Justicia pues, a su juicio, deja clara la obligación de los Estados miembros de obedecer las decisiones de la Comisión.

En rueda de prensa, el portavoz de Competencia del ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, ha considerado que la corte confirma en su sentencia que los países "no pueden hurtar a los ciudadanos y las empresas los beneficios del mercado único". Todd ha confiado en que tanto España como el resto de estados miembros "tomen nota" del fallo judicial y respeten la legislación comunitaria.

Endesa: nada que decir

La eléctrica Endesa ha eludido hacer comentarios en torno a la condena al Gobierno de España. Una fuente de la compañía ha indicado que "no nos metemos en decisiones judiciales", sobre todo porque éste es "un tema que no nos afecta a nosotros".

No obstante, la fuente sí ha incidido en que las condiciones del Gobierno  "no tenían sentido", y en que "frenaban la libertad de decisión de los accionistas y menoscababa su interés".