La deuda de la discordia

• El Estatuto de Andalucía de 1981 ya establecía el pago de esta deuda
• Se trata de una cantidad que la Junta andaluza necesitaba para desarrollar sus competencias
• El plazo para que ambas partes acuerden una cifra expira el próximo mes de septiembre

"Dadas las circunstancias socioeconómicas de Andalucía, que impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo".

Con estas palabras, aparentemente asépticas, se sentaron las bases de la polémica que ha marcado la disputa política en Andalucía durante la última década.

Se trata de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Andalucía de 1981, germen de la llamada deuda histórica, que establecía que el Estado debía ayudar económicamente a la recién nacida Junta de Andalucía para desarrollar de manera efectiva las competencias que acababa de conseguir, entre ellas educación y sanidad.

Para ello, el estatuto recogía que una comisión mixta formada por ambas instituciones debía especificar la cuantía en cada ejercicio. El problema es que 27 años después aún no se ha concretado.

El problema de la cuantificación

Sin embargo, el momento de la cuantificación se acerca. El nuevo estatuto aprobado en referéndum en febrero de 2007 da a la Junta y al Gobierno central un plazo de 18 meses para llega a un acuerdo sobre la cifra y de tres años para abonarla.

Aunque el tema ha pasado desapercibido durante meses, la información de que el consejero de Economía andaluz, José Antonio Griñán, había realizado ya un cálculo que había comunicado a Pedro Solbes ha desatado todas las alarmas entre la oposición.

Tanto PP como IU y PA coinciden en un punto: esa cifra debe fijarse entre todos los partidos, por lo que hacerlo de forma unilateral y secreta es una deslealtad. Por su parte, el PSOE ha negado que esa cuantificación exista.

Sea como fuere, la guerra de nervios ya se ha desatado. Javier Arenas ha pedido que la deuda se abone en un año y que ascienda a unos 4.500 millones de euros, una cifra 1.000 millones superior a la que el Estado abonará a Cataluña por su déficit de infraestructuras. Izquierda Unida la sitúa en torno a los 7.500 millones.

Eso sí, sea cual sea la cantidad abonada, parece que el pago de la deuda se hará efectivo en esta legislatura, ya que tanto Zapatero como Rajoy se han comprometido a hacerlo.