La sequía en Cataluña acentúa la guerra política por los trasvases desde el Ebro

• La Generalitat espera convencer al Gobierno para aprobar el trasvase del Segre a Cataluña
• El Gobierno central había ofrecido llevar agua en barcos cisterna desde Almería
• ERC y varias comarcas catalanas no aprueban el trasvase Segre-Llobregat
• Aragón rechaza el trasvase amparándose en su nuevo Estatuto de Autonomía

Sanciones por malgastar el agua en Barcelona

La acuciante sequía que están viviendo algunas comunidades españolas, en especial Cataluña y el arco Mediterráneo, está convirtiéndose en motivo para la disputa entre los gobiernos de las regiones implicadas.

Aunque la sequía es grave en varios puntos de España, la situación es más extrema en Cataluña, algunos de cuyos embalses, como el de Baells, que alimenta la capital barcelonesa, no supera el 20% de su capacidad.

A pie de calle, la lucha contra la sequía y el fomento del ahorro del agua se emprenden por la vía de la sanción. Desde esta semana, los 33 ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona pueden sancionar a quien malgaste el agua para el consumo humano, el agua de boca, para lavar coches, regar jardines o llenar piscinas. Y ya ha caído la primera multa para una promotora por este motivo.

En lo político, la batalla gira en torno a la propuesta del PSC y defendida por el presidente catalán, José Montilla, de realizar un trasvase temporal del Segre, principal afluente del Ebro, al Llobregat, que discurre por Barcelona, como medida paliativa puntual para garantizar el abastecimiento del área metropolitana de la capital catalana si persiste la escasez de lluvias a partir del próximo otoño.

Tras una conversación telefónica con el conseller de Medio Ambiente de la Generalitat, Francesc Baltasar, la ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Carbona, ha confirmado el rechazo del Gobierno al trasvase desde el Segre. No obstante, Baltasar sigue siendo optimista de que finalmente se pueda "persuadir" al Gobierno para que apruebe el trasvase.

El Gobierno ofrece barcos cisterna

La negativa de Narbona ha confirmado la postura del Gobierno anticipada el pasado viernes por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, quien anunció que el Gobierno no autorizaría el trasvase del Segre, aunque Baltasar ha insistido en subrayar el carácter "temporal" del proyecto. En cualquier caso, según la Generalitat, para la primavera de 2009 ya estaría disponible la desaladora proyectada por el Gobierno en el Llobregat.

A cambio, el Gobierno, renuente a destapar la caja de Pandora de los trasvases, aboga por enviar a Cataluña barcos cargados de agua procedentes de la planta desaladora de Carboneras, en Almería, lo que a su vez no ha hecho sino provocar la reacción airada del PP en Andalucía.

De todos modos, Narbona también asume que esta medida es insuficiente y ha recomendado al gobierno catalán que valore la posibilidad de comprar los derechos de agua a los agricultores, como ya se hace en regiones como Andalucía y Murcia, con el objetivo de garantizar el suministro.

Aragón no quiere abrir el grifo

En Cataluña, tampoco los socios del tripartito catalán se muestran de acuerdo con la idea. Aunque ICV respalda la iniciativa abanderada por su conseller, Francesc Baltasar, el secretario general de ERC, Joan Puigcercós ha manifestado que no ve "una buena solución" en el trasvase entre los dos ríos catalanes.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Puigcercós ha propuesto ayudar a cambiar modelos de riego, recuperar acuíferos o transportar agua en barcos cisterna, al tiempo que ha reconocido que no hay "soluciones mágicas" para paliar la sequía.

Entretanto llegan esas soluciones, y ante la urgencia de la necesidad, llueven los reproches mutuos entre las regiones bañadas por la cuenca del Ebro.

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, se ha desvinculado de la decisión de facilitar el agua del Ebro, desbordado desde hace unos días por las fuertes lluvias de Semana Santa, afirmando que debería ser el Consejo de la Cuenca del Ebro, que agrupa a las ocho comunidades autónomas por las que discurre el río, el que se pronuncie sobre el proyecto de captación de agua.

Por parte de Aragón, Iglesias ha recalcado que su postura será la de oponerse a cualquier trasvase de aguas de la cuenca del Ebro, porque así lo obliga el nuevo Estatuto de Autonomía aragonés. "Establecimos algunas precauciones en nuestro texto estatutario y por eso las autoridades aragonesas no disponen de margen de maniobra, sino que están obligadas por el Estatuto de Autonomía¿.

A estas palabras, el portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha respondido irónicamente, aduciendo que "sería una mala manera de celebrar" la Exposición Internacional 2008 en Zaragoza si por su Estatuto se deja sin agua a personas que viven a 300 kilómetros de distancia.

Valencia y Cataluña tienen sed

En la Comunidad Valenciana miran también con recelo la decisión que se pueda tomar respecto al actual trasvase, y piden que se atiendan también sus necesidades.

Después de que el último consejo de ministros haya aprobado un trasvase de 39 hectómetros cúbicos sólo para abastecimiento humano a Murcia, Albacete y Alicante, la consejera valenciana de Agricultura, Maritina Hernández, ha reclamado al Gobierno también que el agua de la cuenca del Tajo pueda beneficiar a los agricultores de Alicante, "que no pueden esperar más".

Si entre los miembros del tripartito no hay acuerdo, el resto de provincias de Cataluña no están dispuestas a entregar 'su' agua a Barcelona, por más que el área metropolitana de ésta englobe al 70% de la población de la comunidad, como recordó el presidente de la Generalitat, José Montilla.

La diputación de Lleida ha rechazado, con los votos de PSC y ERC, el proyecto de trasvase del Segre, y lo mismo ha hecho el ayuntamiento de Amposta, en Tarragona, perteneciente a la cuenca del Ebro, que además se ha pronunciado en contra del envío de agua de los acuíferos de Tarragona y Reus en barco al área metropolitana de Barcelona.

Polémicos intercambios de agua

Los trasvases son un tema controvertido en la política territorial, desde que el Gobierno de José María Aznar pretendió hacer un gran trasvase de agua del Ebro a Valencia, Alicante, Murcia y Almería, que sus detractores vincularon a la expansión inmobiliaria y a los campos de golf, más que al consumo humano.

La iniciativa movilizó en contra al PSOE y a los gobiernos de Aragón y Cataluña, que derogaron el Plan Hidrológico Nacional que había diseñado el Partido Popular. El nuevo estatuto aragonés ha blindado la disposición del agua para los trasvases, a la vez que la comunidad autonóma se reserva 6.550 hectómetros de agua.

Por otra parte, la desalación del agua del mar para ponerla a disposición del consumo humano y de la agricultura supone un gran desembolso económico y un elevado gasto energético, hasta cinco veces más caro que el que cuestan los trasvases, que ralentiza la implantación de plantas desaladoras en las cuencas mediterráneas, las más necesitadas.