El CGPJ estudia expedientar a dos jueces por irregularidades en el 'caso Mari Luz'

• Los jueces Rafael Tirado y Javier González no ejecutaron la sentencia del detenido Del Valle
• El sindicato CSI-CSIF en Andalucía culpa de la libertad del acusado al poder político
• El PP de Madrid critica a Zapatero en un argumentario interno por el "descontrol" judicial

El Poder Judicial decidirá el próximo lunes si adopta alguna medida contra los jueces Rafael Tirado y Javier González, por su actuación en relación con el detenido por la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés.

En una reunión extraordinaria de su Comisión Disciplinaria, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá si expedienta al magistrado de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla, Javier González, que tardó casi tres años en confirmar la sentencia que condenaba a Santiago del Valle en 2002 por abusos a su hija.

La investigación abierta por el CGPJ se había extendido previamente al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, que no ordenó ejecutar la sentencia de 2002, por la que se condenaba a Del Valle a dos años y nueve meses de prisión.

En el caso de Tirado, el servicio de inspección podría apreciar una falta muy grave de desatención, que puede ser castigada con la suspensión, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial, o una falta grave por retrasos injustificados, que acarrea una multa de hasta 3.000 euros.

Por su parte, en la actuación de González, en la que se han admitido fallos en la labor de inspección, podría observarse una falta grave por dilaciones.

El portavoz del CGPJ, Enrique López, ha dicho en rueda de prensa que la comisión permanente de este órgano ha reconocido que el sistema de funcionamiento del servicio de Inspección -que no detectó irregularidades graves en el Juzgado que condenó al detenido, Santiago del Valle- debe ser mejorado.

Responsabilidad política

En Andalucía, el sindicato mayoritario de los funcionarios de Justicia, CSI-CSIF, ha salido en defensa de la administración judicial, al decir que la culpa de la libertad de la que gozaba el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés es, "en última instancia, política", por mantener un sistema "incapaz de actuar con unas garantías mínimas".

"Lo grave no es que se produzcan errores; lo grave es que no se detecten hasta estas trágicas consecuencias", ha declarado el portavoz del sindicato, Rosendo Martínez, a través de un comunicado.

Por su parte, el Sindicato Profesional de Justicia-USO ha afirmado que "las ejecuciones de sentencias constituyen la gran asignatura pendiente de nuestro estado de derecho", y ha criticado la dificultad para controlar este aspecto, puesto que "ni siquiera se elabora una estadística mínimamente fiable".

El PP de Madrid culpa a Zapatero

El PP de Madrid también ha tomado el caso de la niña Mari Luz Cortés para acusar  al Gobierno, mediante un argumentario, de descuidar la administración de Justicia, al tiempo que se dedicaba a "la negociación con ETA" y otros asuntos, como la memoria histórica, la Alianza de Civilizaciones o "los pactos con los nacionalistas".

El documento viene encabezado por las declaraciones de Juan José Cortés, padre de la niña, en la que decía que "Zapatero debe dar explicaciones sobre Mari Luz. No es un derecho mío, es una obligación de él".

"Un presidente de un país es responsable de la Administración de Justicia de ese país. No se trata de un error judicial, se trata del fracaso de un sistema cuyo funcionamiento depende de ese presidente y de ese Gobierno", afirma el argumentario.