Confirman la suspensión de la ley que impedía a los forestales acceder a fincas

• El Constitucional revoca el polémico artículo de la norma de la Comunidad de Madrid
• El recurso lo había inrterpuesto el Gobierno central por invasión de competencias
• Los sindicatos celebran una "victoria sin precedentes" y critican a Esperanza Aguirre

El Tribunal Constitucional ha acordado mantener la suspensión cautelar del artículo de la ley de la Comunidad de Madrid que impedía el acceso de los agentes forestarles a las fincas privadas sin autorización judicial.

En un auto del 2 de abril, que ha trascendido este viernes, el tribunal esgrime que la aplicación del precepto impugnado por el Gobierno podría ocasionar ¿un perjuicio al interés general difícilmente reparable y de mayor entidad¿ que el que pudiera causarse a los terratenientes.

De este modo, el Constitucional da la razón al Gobierno en su recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 9 de la Ley Medidas Urgentes de Modernización aprobada el año pasado por la Comunidad de Madrid.

El Ministerio de Medio Ambiente estimó que la norma autonómica vulneraba la competencia que la Constitución reserva al Estado para establecer legislación básica en materia de protección del medio ambiente y de los montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

La ministra en funciones, Cristina Narbona, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Constitucional, que a su juicio ¿devuelve la garantía de los derechos de los ciudadanos de Madrid, amenazada por esa normativa autonómica".

Por su parte, los sindicatos SAFTAM, UGT y CC.OO. han celebrado esta "victoria sin precedentes" dada la excepcionalidad de este tipo de medidas. Comisiones Obreras entiende que también es un "varapalo para la prepotencia" del Gobierno regional de Esperanza Aguirre.

El auto cuenta con un voto particular formulado por el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, al que se adhiere Ramón Rodríguez Arribas.

Ecologistas en Acción había denunciado la ley y promovió una campaña para pedir la intervención del Defensor del Pueblo, que desestimó la causa.